La Justicia provincial formalizó la imputación contra el ex procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Enrique Lello Sánchez, quien quedó vinculado al Legajo N.º 15.345/2026, en el que se lo investiga por el presunto delito de peculado (17 hechos) en concurso real, previsto en el artículo 261, segundo párrafo, en función del artículo 55 del Código Penal.

Según la información judicial, los hechos investigados habrían ocurrido entre junio de 2021 y marzo de 2025, período durante el cual Lello Sánchez se encontraba al frente del organismo encargado de dirigir la investigación penal en la provincia.

La investigación es impulsada por la fiscal Daiana Serrano Antar, quien tiene a su cargo la recolección de pruebas y el avance del expediente para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

En cuanto a la situación procesal, se informó que Lello Sánchez permanece en libertad, conforme a lo establecido por el artículo 280 del Código Procesal Penal, mientras continúa el trámite de la causa.

Asimismo, trascendió que el ex fiscal general ya fue notificado formalmente de la imputación y resolvió ejercer su propia defensa técnica, actuando como abogado en el expediente.

Un hecho de fuerte impacto institucional

La imputación adquiere especial relevancia por tratarse de quien hasta hace poco ocupó el cargo de Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, máxima autoridad del organismo responsable de conducir las investigaciones penales en la provincia.

Su función consistía en dirigir la política criminal del MPA, supervisar el trabajo de los fiscales y representar institucionalmente al organismo ante los demás poderes del Estado. Por ello, la apertura formal de una investigación penal en su contra genera un fuerte impacto institucional y coloca nuevamente bajo la atención pública el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del sistema de justicia jujeño.

¿Qué es el delito de peculado?

El peculado es un delito contra la administración pública que sanciona a los funcionarios que, aprovechando el cargo que ejercen, sustraen, utilizan o administran indebidamente bienes, dinero o efectos cuya guarda, percepción o custodia les fue confiada por el Estado.

En este expediente, la imputación hace referencia a 17 hechos que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, deberán ser investigados durante el proceso penal.

No obstante, la imputación constituye únicamente el inicio formal de una etapa del proceso y no implica una declaración de culpabilidad. Será durante la investigación y las posteriores instancias judiciales donde se incorporarán las pruebas, se ejercerá plenamente el derecho de defensa y, eventualmente, un tribunal determinará si corresponde o no una condena mediante una sentencia firme.

Desde Urgente Jujuy se continuará informando sobre la evolución de esta causa judicial, teniendo en cuenta la relevancia institucional del caso y las decisiones que adopte la Justicia en las próximas etapas del proceso.