Según detalló, el hecho se remonta al año 2020, cuando una mujer policía fue víctima de abuso sexual en el destacamento de Chalicán. El agresor era un superior jerárquico, lo que agravó el impacto del ataque y evidenció la vulnerabilidad en la que la víctima se encontraba al momento del hecho.

Tras un extenso proceso judicial, en 2022 la Justicia Penal dictó sentencia y condenó al abusador a 10 años de prisión, además de disponer su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, una medida que buscó impedir que el condenado volviera a ocupar espacios de poder dentro del Estado. Paralelamente, el Tribunal del Trabajo también emitió un fallo en favor de la víctima, que incluyó un resarcimiento económico por los daños sufridos.

No obstante, el caso continuó avanzando en otras instancias judiciales. En 2026, la Cámara Civil emitió una tercera sentencia, esta vez por daño moral, estableciendo una reparación integral para la mujer policía. Esta decisión refuerza la responsabilidad institucional y reconoce el profundo impacto emocional y psicológico que la víctima padeció a causa del abuso.

Espada subrayó que este caso constituye un precedente significativo con perspectiva de género, ya que involucra fallos concordantes en tres fueros distintos —penal, laboral y civil— y consolida un mensaje claro: el Estado y sus organismos deben garantizar protección, justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando los agresores ocupan posiciones de autoridad.