El proyecto incorpora al Código los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater, que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying. En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Refirió que implica “aplicar sanciones a los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, lo que buscamos es la protección de los niños pero también las sanciones a los adultos responsables que no acompañan este proceso de sus hijos”.

 

Prensa Diputados Mendoza

Detalló que de acuerdo a la cuantía de la falta serán tareas comunitarias de hasta 30 días o multas: “Estamos hablando aproximadamente entre 600.000 y 1.260.000 pesos”, detalló la legisladora.

En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.

La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, y miembro informante del proyecto cuando obtuvo la media sanción se expresó en el mismo sentido: “Es parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.

Qué establece la nueva ley anti-bullying

La nueva ley contempla el principio de “Protección de las víctimas”, porque al “responsabilizar a los adultos, se espera una intervención más rápida y efectiva que ponga fin a las agresiones y garantice un entorno seguro para todos los estudiantes”.

En esa línea, se considera que “la sanción del trabajo comunitario es una medida ejemplarizante que, además de penalizar, busca crear conciencia sobre el impacto negativo del bullying y fomenta la participación de los adultos en la construcción de una comunidad más segura y respetuosa. Todos los involucrados deben tomar su lugar frente a la resolución de los conflictos sociales y escolares, dado que cada uno de ellos está llamado a desempeñar un rol diferente en su resolución”.

Los nuevos artículos incorporan la “Responsabilidad parental por acoso escolar”, definiendo que “ xi el padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de un niño, niña o adolescente, una vez notificado por las autoridades escolares o de protección de la infancia de la conducta de acoso escolar o bullying cometida por la persona menor de edad a su cargo, incumpliere el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o no adoptare las medidas necesarias para evitar la reiteración o reparar el daño, será sancionado con multa de mil quinientas (1.500) a tres mil (3.000) U.F. o con tareas educativas o comunitarias de hasta treinta (30) días, según la gravedad del caso.

Al llevarlo a valor monetario, la multa va desde los $750.000 hasta $1.500.000 teniendo en cuenta que el valor de la Unidad Fija (UF) en Mendoza tendrá un valor de $500 a partir de enero de 2026 será. Hasta ahora el valor de la UF es de $420.

El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares.”

Otro de los artículos establece el "Procedimiento en Casos de Bullyng", definiendo que "la autoridad escolar constituye la instancia originaria de actuación y deberá aplicar el Protocolo de Actuación en Casos de Bullying aprobado por Resolución N° 5679 de la Dirección General de Escuelas o la norma que en el futuro la remplace".

Además, "deberá dejar constancia en el expediente institucional del fracaso de la instancia previa por inasistencia de los adultos responsables, incumplimiento de los compromisos asumidos, o cuando, habiéndose presentado, no se logre un acuerdo en las medidas de orientación, acompañamiento o reparación por culpa o falta de cooperación del padre, madre, tutor o guardador. Las actuaciones serán remitidas con un informe pormenorizado de la situación denunciada y verificada, las acciones realizadas y el resultado de la instancia previa al Juzgado Contravencional competente del domicilio del padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de la persona menor de edad.”

Instancias más graves

Si fracasase la instancia previa “por inasistencia de los adultos responsables o incumplimiento de los compromisos asumidos, se dará intervención al Juzgado contravencional correspondiente, remitiéndole un informe pormenorizado de la situación denunciada y verificada, las acciones realizadas y el resultado de la instancia previa”.

El artículo 100 quater establece la "Eximición de responsabilidad de los progenitores", la cual aplica en los siguientes casos:

• a) Se encuentren privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental;
• b) Tengan discernido judicialmente el cuidado personal unilateral en el otro progenitor;
• c) Se hallen alcanzados por medidas de prohibición de acercamiento o medidas de protección vigentes que les impidan intervenir en la crianza o supervisión del niño, niña o adolescente al momento del hecho.”

Casos en Mendoza

El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo provincial. El caso de la alumna de La Paz que recientemente ingresó con un arma a la escuela, disparó y mantuvo en vilo a Mendoza y al país, marcó un antes y un después. A raíz de ese episodio sin precedentes locales, el Gobierno provincial había anunciado que avanzaría en un proyecto para responsabilizar a los padres en situaciones de bullying y conductas violentas en el ámbito escolar. Si bien dijeron que ya tenían en estudio la propuesta, lo cierto es que fue tras aquel caso, y pasados pocos días, que se presentó en la Legislatura. Este lunes se conoció el caso de un chico de 15 años que se quitó la vida. Era de San Carlos y se supo luego que era víctima de acoso escolar.

El proyecto, presentado por funcionarios de la Dirección General de Escuelas (DGE), apunta a cambios normativos y a establecer un nuevo protocolo de actuación.

El concepto planteado desde el Ejecutivo es que, si bien las escuelas cumplen un rol esencial en la detección y contención de estas situaciones, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos.

Según destacan, el espíritu de la ley apunta a un enfoque preventivo, educativo y restaurativo, con el propósito de involucrar activamente a las familias en la construcción de comunidades más seguras, respetuosas y solidarias.

Desde la DGE habían adelantado que la normativa aplicará en todas las escuelas primarias y secundarias cuando estudiantes que asistan a alguna de ellas, del mismo o distinto establecimiento, se vean involucrados en estas situaciones. Esto tanto dentro del edificio como afuera así como en casos producidos en entornos digitales.

Nueva normativa contra el bullying

En este proceso de cambio se incluye un Protocolo de Actuación frente a casos de bullying, que busca dar herramientas concretas a directivos, docentes y equipos técnicos.

“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, expresó el ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar García.

Es una actualización de lo ya existente y establece un paso a paso para intervenir: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso. También incorpora criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección y, en casos extremos, a la Justicia.

“De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar”, remarcó la DGE.

La propuesta apunta a dar recursos para saber cómo actuar ante estas situaciones críticas, que aunque no lleguen a ese límite se presentan cada vez más en la convivencia escolar, lo que implica un enorme desafío para las comunidades escolares.

Intervención interdisciplinaria

“Es un protocolo que ha sido trabajado interdisciplinariamente por varios tipos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, etcétera (...) es nuevo, adecuado a las circunstancias y al contexto social actual”, destacó García Zalazar al presentar la iniciativa.

Refirió que implica convocar a reuniones y abordajes a los padres de víctima y victimario. Cuando estas instancias no dan su fruto, se pasa a la instancia del Código Contravencional. Mencionó que parte del problema es que muchas veces los padres no acuden a las convocatorias del sistema escolar o le restan importancia a la situación, por lo que la incorporación como contravención les dará obligatoriedad en el cumplimiento del compromiso.