Un técnico en ciberseguridad recibió una condena de cinco años de prisión por organizar el transporte de drogas sintéticas mediante encomiendas. Otro hombre fue condenado a cuatro años y ocho meses por recibir y comercializar las sustancias en Jujuy. La investigación comenzó tras un allanamiento en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy.

La Justicia Federal de Jujuy condenó a dos hombres por participar en una operatoria de transporte y comercialización de drogas sintéticas que conectaba las provincias de Córdoba y Jujuy, y que posteriormente se extendió a Tucumán.

El principal condenado es J. J. T. Y., de 33 años, técnico en ciberseguridad y analista programador, quien recibió una pena de cinco años de prisión por organizar el envío de éxtasis y LSD mediante encomiendas.

Por su parte, J J V, de 45 años, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por recibir los paquetes en Jujuy y participar en la comercialización de las sustancias.

Ambos fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes.

La investigación comenzó en el barrio Los Perales

El caso tuvo su origen en un allanamiento realizado el 9 de febrero de 2025 en una vivienda del barrio Los Perales, en San Salvador de Jujuy.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron frascos, goteros y otros elementos que podían utilizarse para la producción de sustancias sintéticas.

A partir de la información obtenida, surgieron indicios sobre una operatoria de tráfico de drogas de mayor alcance, que motivó la intervención de la Justicia Federal.

Posteriormente, se conformó un equipo conjunto de investigación integrado por la Unidad Fiscal Jujuy del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación provincial.

Enviaban las drogas mediante encomiendas

Según la investigación, T. Y. organizaba los despachos desde la ciudad de Córdoba, donde también residía, mientras que V. recibía los paquetes en Jujuy y distribuía las sustancias a través de revendedores o mediante ventas directas.

Entre abril y agosto de 2025, los investigadores lograron reconstruir siete envíos de encomiendas desde Córdoba hacia Jujuy.

Para establecer el funcionamiento de la maniobra, se analizaron comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios, filmaciones de cámaras de seguridad y registros de la empresa de transporte.

La investigación también detectó transferencias de dinero y operaciones bancarias que no se correspondían con los ingresos declarados por los involucrados.

Una encomienda permitió descubrir la conexión con Tucumán

En septiembre de 2025, las autoridades detectaron una octava encomienda que contenía planchas de LSD y tenía como destino la provincia de Tucumán.

La Fiscalía dispuso una entrega vigilada, mediante la cual se reemplazó la sustancia y se siguió el recorrido del paquete.

El 4 de septiembre, un hombre se presentó a retirar la encomienda en la terminal de ómnibus de Tucumán y fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Ese mismo día se realizaron allanamientos en Córdoba, Jujuy y Tucumán, que permitieron detener a los principales involucrados y secuestrar pastillas de éxtasis, troqueles de LSD, marihuana y otros elementos vinculados con la actividad investigada.

Las condenas fueron homologadas por la Justicia Federal

La causa estuvo a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, encabezada por la fiscal federal Lucía Orsetti, con la intervención de la auxiliar fiscal Sofía Escudero.

Durante la audiencia judicial, las defensas prestaron conformidad con los acuerdos alcanzados y ambos acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos.

La jueza del Tribunal Oral Federal de Jujuy, María Alejandra Cataldi, homologó los acuerdos y dictó las condenas correspondientes.

En tanto, otras dos personas imputadas, un hombre y una mujer, deberán afrontar un juicio oral y público por su presunta participación en la causa.

La investigación permitió reconstruir una operatoria de distribución de drogas sintéticas que utilizaba el transporte de encomiendas para conectar distintas provincias del norte argentino.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación. Información publicada el 15 de octubre de 2026.

La eventual presencia del ministro de Cultura y Turismo en la Legislatura podría marcar un antecedente político dentro del oficialismo provincial. Más allá de las explicaciones sobre su gestión, la jornada permitirá observar el comportamiento de los diputados radicales y las relaciones de poder entre los sectores vinculados al gobernador Carlos Sadir y al exmandatario Gerardo Morales.

Por Juan Quispe – Urgente Jujuy | Análisis político

La interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, podría convertirse en un acontecimiento político que trascienda las explicaciones que el funcionario deba brindar ante la Legislatura provincial.

Aunque esta sea una opinión personal, las hipótesis toman fuerza al paso de los días.

Si bien se trata de una herramienta legítima de control legislativo, la convocatoria se produce en un escenario de debates y definiciones pendientes dentro del radicalismo jujeño, por la interna que cada día toma mas relevancia.

De concretarse la presencia de Posadas, la jornada podría marcar un antecedente sobre cómo se distribuye el poder dentro del oficialismo y qué sectores acompañan las decisiones del Ejecutivo provincial.

El comportamiento de los diputados radicales, que integran el bloque mayoritario, será uno de los aspectos centrales a observar. Sus intervenciones podrían ofrecer señales sobre las distintas posiciones políticas que conviven dentro del espacio gobernante, aunque no necesariamente permitirán establecer lealtades personales de manera definitiva.

¿Quién conduce políticamente al radicalismo jujeño?

El interrogante adquiere mayor importancia frente a las discusiones electorales de 2027.

El vicegobernador Alberto Bernis manifestó públicamente su interés en volver a acompañar a Carlos Sadir en una eventual fórmula electoral, mientras que el gobernador evitó adelantar definiciones sobre su futuro político.

En ese escenario, comienza a instalarse una pregunta sobre el margen de autonomía política de Sadir para conformar su equipo de gobierno y participar en la definición de las próximas candidaturas.

¿Quién toma las decisiones?

La interpelación a Posadas no permitirá responder por sí sola ese interrogante, pero podría ofrecer indicios sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y la mayoría legislativa.

Por otra parte, también será importante observar si los pedidos de interpelación a otros funcionarios reciben el mismo tratamiento. Esto permitirá evaluar si se consolida una práctica institucional de control o si la convocatoria a Posadas constituye una situación excepcional.

En definitiva, más allá de lo que responda el ministro, la atención política estará puesta en cómo actúan los legisladores oficialistas y qué señales deja la jornada sobre la relación de fuerzas dentro del radicalismo jujeño.

Porque detrás de una interpelación institucional también podría comenzar a visualizarse una discusión mucho mayor: quién tendrá la capacidad de conducir políticamente al oficialismo provincial de cara a 2027.

Por Juan Quispe – Urgente Jujuy | Análisis político - 15 octubre 2026

La presidenta de Perú presentó un nuevo régimen de disciplina escolar que contempla expulsiones por faltas muy graves, restricciones al uso de celulares y mayores exigencias de conducta. La mandataria busca fortalecer la autoridad de los docentes y garantizar que los estudiantes puedan aprender en un ambiente libre de violencia.

Por Juan Quispe – Urgente Jujuy | 13 de octubre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció una serie de medidas para recuperar el orden y fortalecer la disciplina en las escuelas públicas de su país. Entre las principales disposiciones se encuentran el regreso de las expulsiones por faltas muy graves, la recuperación de las calificaciones de conducta y nuevas restricciones sobre el uso de teléfonos celulares y la presentación personal de los estudiantes.

Durante un acto realizado en el colegio Felipe Santiago Estenos, ubicado en Chaclacayo, la mandataria defendió la necesidad de establecer límites claros y proteger a quienes concurren a las instituciones educativas para estudiar.

“Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender”, manifestó Fujimori.

El anuncio forma parte de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, impulsados por el Ministerio de Educación peruano.

Las víctimas de bullying, en el centro de las medidas

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la respuesta frente al acoso escolar, las agresiones físicas y psicológicas y otras situaciones de violencia que afectan a niños y adolescentes.

Fujimori sostuvo que las instituciones educativas deben proteger a las víctimas y actuar frente a los responsables de conductas graves.

“Lo que no puede pasar es que la víctima termine retirándose del colegio y el agresor siga acá, bien gracias”, expresó.

La presidenta remarcó que no se tolerarán situaciones de bullying, violencia ni acoso sexual dentro de las instituciones educativas.

Con esta orientación, el Gobierno peruano busca que las escuelas cuenten con herramientas para intervenir ante hechos graves, evitando que los alumnos afectados sean quienes deban abandonar sus estudios.

Vuelven las expulsiones y las notas de conducta

Fujimori confirmó que su administración propone reinstalar las expulsiones para los casos más graves de indisciplina y violencia escolar.

El nuevo esquema contempla una clasificación de faltas leves, graves y muy graves, con sanciones proporcionales según la conducta y su reiteración.

Entre las faltas muy graves previstas figuran el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, la discriminación, la tenencia de armas y otros hechos que comprometan la seguridad de la comunidad educativa.

Además, se recuperarán las calificaciones de conducta como una herramienta para evaluar el comportamiento de los alumnos.

La propuesta establece procedimientos para aplicar las sanciones y mecanismos de reconsideración. También contempla alternativas educativas para los estudiantes expulsados, con el objetivo de que puedan continuar su formación.

Celulares restringidos y nuevas normas de presentación

La reforma disciplinaria también incluye restricciones al uso de dispositivos electrónicos durante las actividades escolares.

“Hemos aprobado que los artículos electrónicos y los celulares están prohibidos, salvo autorización del profesor”, señaló la presidenta.

La medida apunta a reducir las distracciones en las aulas y favorecer la concentración durante el aprendizaje, aunque contempla excepciones autorizadas para determinados usos.

En cuanto a la presentación personal, Fujimori anunció restricciones sobre el cabello teñido y el maquillaje.

“Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse”, afirmó.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, también adelantó criterios sobre el largo del cabello, las uñas pintadas y la vestimenta escolar.

Estas exigencias de presentación personal están dirigidas a los establecimientos públicos, mientras que las instituciones privadas conservarán autonomía para establecer sus propias reglas internas.

“Hay derechos, pero también obligaciones”

Durante su mensaje a los estudiantes, Fujimori reconoció que las medidas pueden parecer estrictas, pero sostuvo que la disciplina constituye una parte importante de la formación de niños y adolescentes.

“Sé que puede ser bastante estricto, pero créanme, chicos, que esto va a ser muy importante a lo largo de la vida”, expresó.

Y concluyó con una frase que sintetiza el enfoque de su propuesta educativa:

“Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos, pero también obligaciones”.

Un cambio de rumbo que abre el debate educativo

Los anuncios del Gobierno peruano se producen en medio de la preocupación por los episodios de violencia escolar registrados en el país.

La propuesta de recuperar las expulsiones y fortalecer la autoridad docente plantea un nuevo enfoque para abordar los conflictos dentro de las instituciones educativas.

No obstante, también generó cuestionamientos de especialistas y sectores de la oposición, especialmente sobre las restricciones vinculadas con la apariencia personal y su relación con la calidad educativa.

Los nuevos lineamientos disciplinarios todavía deben completar un período de recepción de aportes ciudadanos antes de su aprobación definitiva.

Mientras tanto, Fujimori colocó la disciplina escolar y la protección de las víctimas de violencia entre las prioridades de su gestión, con una propuesta que busca combinar sanciones, obligaciones y nuevas reglas de convivencia.

La iniciativa también abre una discusión que trasciende las fronteras de Perú: cómo garantizar el derecho a estudiar en un ambiente seguro, sin que los alumnos que sufren violencia sean quienes terminen alejándose de las aulas.

Por Juan Quispe – Urgente Jujuy | 13 de octubre de 2026

El diputado provincial de La Libertad Avanza realizó un balance de la primera reunión por la Ley de Coparticipación Municipal en la Legislatura de Jujuy. Planteó que algunas intendencias podrían tener mayores facilidades para acceder a recursos por su afinidad política con el oficialismo y reclamó escuchar a todos los jefes comunales antes de definir los criterios de distribución.

El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Kevin Ballesty, se refirió al debate por la futura Ley de Coparticipación Municipal y advirtió sobre las diferencias que podrían existir entre los municipios de Jujuy al momento de acceder a recursos provinciales, dependiendo de su relación política con el Gobierno.

En declaraciones al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, tras finalizar la primera reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y Asuntos Institucionales de la Legislatura, el legislador valoró el encuentro con los intendentes, aunque consideró necesario profundizar el análisis antes de avanzar con la definición de los criterios de distribución de fondos.

Ballesty sostuvo que la discusión debe contemplar las distintas realidades económicas y administrativas de los municipios y comisiones municipales de la provincia, especialmente las dificultades que enfrentan para recaudar y administrar sus recursos.

Ballesty planteó posibles diferencias de trato entre municipios

Uno de los aspectos más destacados de sus declaraciones estuvo relacionado con la posibilidad de que la cercanía política con el Gobierno provincial influya en las facilidades que tienen algunas administraciones municipales para acceder a recursos.

“Hay algunos municipios que por ahí son más afines al Gobierno y quizá no tienen tantos inconvenientes a la hora de recibir los recursos, y otros municipios que por ahí quedan un poquito más desplazados por una situación de que quizás no tienen tanta llegada a Casa de Gobierno”, manifestó.

El diputado señaló que esta situación surgió entre los planteos y conversaciones mantenidas durante el encuentro legislativo.

Sin embargo, no identificó municipios concretos ni presentó documentación que permitiera establecer diferencias efectivas en las transferencias provinciales. Su planteo fue expresado como una preocupación que considera necesario analizar durante el tratamiento de la nueva ley.

En ese sentido, Ballesty sostuvo que la discusión sobre la coparticipación debería permitir conocer con mayor profundidad las condiciones en las que funcionan las distintas administraciones locales.

“La Ley de Coparticipación es necesaria y fundamental”

El legislador reconoció la importancia de avanzar con una normativa que establezca criterios para la distribución de recursos entre la Provincia y los gobiernos municipales.

No obstante, advirtió que el proceso requerirá varias reuniones debido a las diferencias existentes entre las localidades jujeñas.

“El proyecto de Ley de Coparticipación es necesario, es fundamental, pero obedece a una realidad muy dispar entre los distintos municipios y comisiones municipales de la provincia”, afirmó.

Ballesty consideró positiva la primera convocatoria, aunque insistió en que todavía resta un trabajo importante para alcanzar acuerdos sobre los parámetros que deberán contemplarse en la distribución.

“Lo de hoy ha sido muy positivo, pero es recién la primera reunión de lo que entiendo que van a ser muchas más reuniones”, expresó.

Pidió escuchar a todos los intendentes y sus equipos técnicos

Otro de los cuestionamientos realizados por Ballesty estuvo relacionado con el desarrollo del encuentro, ya que, según explicó, no todos los intendentes tuvieron la oportunidad de exponer sus posiciones.

El diputado consideró que cada jefe comunal debería contar con el tiempo suficiente para explicar las dificultades económicas, financieras y administrativas que atraviesa su municipio.

“No se ha podido escuchar a todos los intendentes. Entonces, si lo que se está discutiendo es cuáles van a ser los criterios o los parámetros para distribuir los recursos coparticipables, hay que darle un tiempo importante a cada intendente”, señaló.

Además, propuso que las próximas reuniones incluyan a directores de Rentas, responsables de Hacienda y asesores contables de los municipios.

Según explicó, estos funcionarios podrían aportar información técnica sobre los niveles de recaudación, las necesidades presupuestarias y las dificultades que enfrenta cada administración.

“Hay un montón de detalles que por ahí uno como legislador desconoce”, reconoció.

Para Ballesty, escuchar a estos sectores permitiría contar con un panorama más amplio de las realidades municipales antes de establecer los mecanismos de distribución de fondos.

El debate continuará en la Legislatura

Finalmente, el diputado adelantó que espera nuevas reuniones para continuar con el tratamiento del proyecto, aunque aclaró que todavía no se había confirmado una próxima convocatoria conjunta.

Recordó que la Comisión de Finanzas se reúne habitualmente los martes y consideró que el tema seguramente volverá a ser abordado en ese ámbito.

“Seguramente esto va a ser algo que lo vamos a volver a tratar, sea de forma conjunta o por la Comisión de Finanzas en particular”, expresó.

De esta manera, Ballesty valoró el inicio del debate por la Ley de Coparticipación Municipal, pero puso sobre la mesa una preocupación política: la posibilidad de que algunos municipios encuentren mayores facilidades para acceder a recursos provinciales por su cercanía con el oficialismo, mientras otros enfrenten mayores dificultades.

El legislador insistió en la necesidad de escuchar a todos los intendentes y sus equipos técnicos para avanzar hacia criterios de distribución que contemplen las distintas realidades económicas y administrativas de Jujuy.

Juan Quispe - Urgente Jujuy -  13 octubre del 2026