El incumplimiento de una orden judicial dictada por el Juzgado Ambiental derivó en una condena penal, en un caso que refleja la articulación entre ambos fueros para garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones en materia ambiental.

El Juzgado Penal Unipersonal a cargo del Dr. Martín de Athayde Moncorvo, condenó a un hombre a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta por el plazo de dos años, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “desobediencia judicial” previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El fallo, dictado el 18 de junio de 2026, tuvo origen en el incumplimiento una de sentencia ambiental firme dictada por la jueza Dra. Laura Flores, que ordenaba al condenado a cesar la acumulación y quema de residuos en un inmueble y remediar el predio afectado.

El origen del caso en el Juzgado Ambiental

El expediente se inició a partir de un reclamo de vecinos de la zona, quienes denunciaron que en un inmueble lindero se acumulaban neumáticos, motocicletas en desuso, chatarra, colchones y otros residuos, además de realizarse quemas frecuentes que generaban humo, olores molestos y afectaciones a la calidad de vida de las familias de la zona.

Tras analizar las pruebas producidas, la Jueza Ambiental dictó sentencia el 30 de mayo de 2022, ordenando al demandado cesar de manera inmediata el depósito, enterramiento y quema de residuos en el inmueble. Asimismo, dispuso que iniciara tareas de limpieza y remediación del predio, debiendo dejarlo libre de residuos y chatarras potencialmente contaminantes. La resolución estableció expresamente que, en caso de incumplimiento, podrían imponerse sanciones y remitirse las actuaciones a la justicia penal.

El incumplimiento persistente y la derivación a la justicia penal

Posteriormente, se realizaron diversas inspecciones por el Cuerpo Interdisciplinario de Expertos del Juzgado Ambiental en el lugar, que permitieron constatar que la situación persistía y que las medidas ordenadas no habían sido cumplidas. En consecuencia, mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2023, la Dra. Flores impuso al demandado una sanción monetaria, hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia, y dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía especializada en materia ambiental.

A pesar de las intimaciones judiciales y de las sanciones económicas impuestas, el incumplimiento continuó siendo verificado mediante informes técnicos e inspecciones posteriores del equipo especializado del Juzgado Ambiental.

La condena Penal

En su resolución, el Dr. Martín de Athayde Moncorvo, entre las reglas de conducta impuestas, dispuso dar estricto cumplimiento a la sentencia ambiental dictada en 2022, disponiendo la limpieza integral del inmueble en un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.

La resolución evidencia que el incumplimiento de una sentencia ambiental puede generar consecuencias que exceden el ámbito civil. Cuando una orden judicial firme es desobedecida de manera persistente, la conducta puede dar lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio de las sanciones económicas y medidas de ejecución dispuestas para asegurar la protección efectiva del ambiente y los derechos de las personas afectadas.

La resolución penal aún no se encuentra firme y podría ser objeto de los recursos previstos por la legislación vigente