Según informó la Policía Boliviana, dos personas que se habrían fugado de instalaciones de Gendarmería Nacional en La Quiaca fueron localizadas y recapturadas en Villazón. El operativo se concretó tras tareas de búsqueda y un intercambio de información entre autoridades de Argentina y Bolivia. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de los detenidos ni las circunstancias en las que se habría producido la fuga.

Dos personas que se habrían fugado de instalaciones de Gendarmería Nacional en La Quiaca fueron recapturadas del otro lado de la frontera, en la ciudad boliviana de Villazón, de acuerdo con información difundida por la Policía Boliviana.

La fuerza del vecino país informó que, tras tomar conocimiento de la presunta fuga, efectivos de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR) DELTA, dependiente del Comando de Frontera Policial de Villazón, activaron tareas de búsqueda y localización.

Según el comunicado, mediante labores de inteligencia y un intercambio de información entre autoridades de Argentina y Bolivia se logró establecer la ruta que habrían seguido los prófugos y posteriormente determinar dónde se encontraban.

Fueron localizados en Villazón

La Policía Boliviana señaló que el operativo terminó con la recaptura de los dos individuos en inmediaciones de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en Villazón.

Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo medidas de seguridad a dependencias policiales bolivianas para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La información sobre la recaptura también fue recogida este lunes por medios jujeños.

Qué se sabe de la fuga

Por el momento, uno de los principales interrogantes se encuentra en cómo se habría producido la fuga desde instalaciones de Gendarmería Nacional en La Quiaca y de qué manera los hombres consiguieron llegar hasta territorio boliviano.

Hasta ahora no se difundieron oficialmente sus identidades, las causas por las cuales se encontraban detenidos ni las circunstancias precisas en las que habrían escapado.

Tampoco se informó públicamente, hasta el momento, cuál será el procedimiento y los plazos para que los detenidos queden nuevamente a disposición de las autoridades argentinas.

Por ese motivo, Urgente Jujuy mantiene atribuida a la Policía Boliviana la información referida a la fuga desde dependencias de Gendarmería, a la espera de una comunicación oficial de las autoridades argentinas que permita conocer mayores detalles.

Cooperación en una frontera clave

La cooperación entre fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas en la zona La Quiaca-Villazón tiene antecedentes recientes. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó en septiembre sobre acciones coordinadas en la frontera que involucraron a fuerzas provinciales y federales argentinas y a la Policía Boliviana.

El operativo informado ahora vuelve a poner el foco sobre una frontera caracterizada por el permanente movimiento entre La Quiaca y Villazón y sobre la coordinación entre organismos de seguridad de ambos países.

Fuente principal: Policía Boliviana – Comando Departamental de Policía Potosí.

El abogado Carlos Sebastián Espada intervino en una extensa audiencia por la demanda iniciada tras la muerte de un niño de tres años en La Esperanza. Luego de escuchar a los testigos, el juez Horacio Macedo dispuso una inspección ocular en el lugar donde ocurrió la tragedia. Cumplida la medida, el expediente quedó a despacho para el dictado de sentencia.

La causa civil iniciada a raíz de la muerte de un niño de tres años que cayó a un canal de riego en La Esperanza atravesó una instancia clave con la realización de la audiencia de vista de causa, la declaración de testigos y una posterior inspección ocular dispuesta por el juez interviniente.

El abogado Carlos Sebastián Espada, quien interviene en representación de la parte actora, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy e informó que la audiencia se extendió durante varias horas y que, una vez concluida la recepción de las testimoniales, el magistrado decidió trasladarse hasta el escenario donde ocurrió el hecho antes de resolver la causa.

Se trata del expediente D-057211/25, caratulado “Daños y Perjuicios – Dávalos, Julia Elena c/ Estado Provincial – Dirección Provincial de Recursos Hídricos y otros”, que tramita ante la Cámara en lo Civil y Comercial, Sala IV, Vocalía 10.

Una extensa audiencia y una decisión del juez

Según explicó Espada, la audiencia de vista de causa se prolongó hasta después de las 13 horas y durante su desarrollo prestaron declaración distintos testigos convocados dentro del proceso.

Finalizada esa instancia, el juez Horacio Macedo resolvió adoptar una medida para mejor proveer y realizar una inspección ocular en el lugar donde ocurrió la tragedia.

La decisión permitió al magistrado observar directamente las características del sector involucrado en el hecho y contar con una impresión del lugar antes de resolver la demanda.

Espada valoró la determinación de realizar la inspección como parte de las medidas adoptadas antes del dictado de la resolución.

La diligencia se extendió hasta después de las 14 horas. Una vez concluida, el expediente quedó a despacho para sentencia.

La tragedia que dio origen a la demanda

El hecho ocurrió en junio de 2025, cuando un niño de tres años cayó a un canal de riego que atravesaba el barrio Villa Crespo, en La Esperanza.

La corriente arrastró al pequeño y se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron distintas fuerzas y organismos. Finalmente fue encontrado sin vida en una zona de rejillas ubicada dentro del complejo azucarero.

La muerte provocó una fuerte conmoción en la comunidad y posteriormente dio lugar a actuaciones destinadas a determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con lo sucedido.

En el ámbito civil se inició posteriormente la demanda por daños y perjuicios contra el Estado Provincial, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y otros, proceso en el que Espada representa a la parte demandante.

La causa espera ahora una sentencia

Con las declaraciones testimoniales incorporadas y la inspección ocular realizada, el proceso ingresó ahora en una nueva etapa.

Espada señaló que la causa quedó a despacho para el dictado de sentencia, por lo que la representación legal y la familia deberán aguardar la decisión de la Justicia respecto de la demanda.

Para el abogado, la inspección realizada adquiere relevancia porque permitió que el propio magistrado pudiera conocer de manera directa el lugar en el que ocurrió el hecho que dio origen al expediente.

Después de más de un año de la tragedia, la causa atraviesa así una instancia decisiva, con las principales medidas desarrolladas durante la vista de causa y una sentencia que deberá determinar las responsabilidades civiles planteadas en el expediente.

La Justicia provincial formalizó la imputación contra el ex procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Enrique Lello Sánchez, quien quedó vinculado al Legajo N.º 15.345/2026, en el que se lo investiga por el presunto delito de peculado (17 hechos) en concurso real, previsto en el artículo 261, segundo párrafo, en función del artículo 55 del Código Penal.

Según la información judicial, los hechos investigados habrían ocurrido entre junio de 2021 y marzo de 2025, período durante el cual Lello Sánchez se encontraba al frente del organismo encargado de dirigir la investigación penal en la provincia.

La investigación es impulsada por la fiscal Daiana Serrano Antar, quien tiene a su cargo la recolección de pruebas y el avance del expediente para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

En cuanto a la situación procesal, se informó que Lello Sánchez permanece en libertad, conforme a lo establecido por el artículo 280 del Código Procesal Penal, mientras continúa el trámite de la causa.

Asimismo, trascendió que el ex fiscal general ya fue notificado formalmente de la imputación y resolvió ejercer su propia defensa técnica, actuando como abogado en el expediente.

Un hecho de fuerte impacto institucional

La imputación adquiere especial relevancia por tratarse de quien hasta hace poco ocupó el cargo de Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, máxima autoridad del organismo responsable de conducir las investigaciones penales en la provincia.

Su función consistía en dirigir la política criminal del MPA, supervisar el trabajo de los fiscales y representar institucionalmente al organismo ante los demás poderes del Estado. Por ello, la apertura formal de una investigación penal en su contra genera un fuerte impacto institucional y coloca nuevamente bajo la atención pública el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del sistema de justicia jujeño.

¿Qué es el delito de peculado?

El peculado es un delito contra la administración pública que sanciona a los funcionarios que, aprovechando el cargo que ejercen, sustraen, utilizan o administran indebidamente bienes, dinero o efectos cuya guarda, percepción o custodia les fue confiada por el Estado.

En este expediente, la imputación hace referencia a 17 hechos que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, deberán ser investigados durante el proceso penal.

No obstante, la imputación constituye únicamente el inicio formal de una etapa del proceso y no implica una declaración de culpabilidad. Será durante la investigación y las posteriores instancias judiciales donde se incorporarán las pruebas, se ejercerá plenamente el derecho de defensa y, eventualmente, un tribunal determinará si corresponde o no una condena mediante una sentencia firme.

Desde Urgente Jujuy se continuará informando sobre la evolución de esta causa judicial, teniendo en cuenta la relevancia institucional del caso y las decisiones que adopte la Justicia en las próximas etapas del proceso.

La Jueza Ambiental, Dra. María Laura Flores, resolvió imputar a E.R.D. en carácter de supuesta autora del delito de “Crueldad Animal”, previsto en el art. 1 y 3 inc. 6º y 7º de la Ley 14.346., y art. 45 del Código Penal, dictó la prisión preventiva en contra de la imputada por el plazo de 15 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario de la Provincia.

Además, la magistrada, de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía, estableció un plazo de cuatro meses para la realización de la Investigación Penal Preparatoria.

La audiencia de imputación y conocimiento de causa se realizó ayer, 2 de septiembre, en forma virtual mediante plataforma de zoom, participando la Jueza especializada en temas Ambientales, Dra. María Laura Flores; el Ayudante Fiscal, Dr. Esteban López; en tanto, en ejercicio de la defensa técnica de la acusada se desempeñó el Defensor Público Penal subrogante en la Defensoría Penal Nº 6, Dr. Juan Pablo Canetti.

El proceso acusatorio que se le sigue a la mujer de 62 años de edad, inició el 28 de agosto del año en curso en la ciudad de San Pedro de Jujuy por una denuncia formulada por la presidente de una asociación protectora de animales, quién habría tomado conocimiento del maltrato de una mascota canina hembra que se encontraba preñada y que vivía en un barrio de esa ciudad.

La denunciante manifestó que observó un video en el que la imputada habría provocado lesiones y daño a dicha mascota; informando también que el video habría sido grabado por los vecinos de E.R.D.

De igual manera, la denunciante indicó que dichos vecinos le habrían comentado que la perra pasaba hambre, estaba atada y que ellos la alimentaban; y que la acusada tenía otro perro mestizo, el cual habría podido rescatar la denunciante.

En este sentido, se cuenta con el testimonio de una persona que habría observado a la mujer manipulando a una perra de color blanco que habría presentado un corte profundo; causa por la que el testigo habría consultado a la imputada por la situación y habría obtenido como respuesta de la misma que lo hacía siguiendo indicaciones de un veterinario, con el fin de extraer las crías, ya que la perra se hallaba preñada; lo que habría provocado la muerte del animal.

Audiencia

En la audiencia llevada a cabo ayer, 2 de septiembre, el Agente Fiscal solicitó 30 días de prisión preventiva de E.R.D. como así también el plazo de cuatro meses para la realización de la Investigación Penal Preparatoria.

En respuesta, la defensa técnica de la imputada no coincidió con lo solicitado por la Fiscalía, y procedió el defensor a exponer sus argumentos, solicitando que se cautele el proceso con otras medidas alternativas menos gravosas.

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