El abogado de los ex empleados aseguró que la causa fue remitida al fuero federal tras advertirse una posible afectación a la administración pública. También reclamó avances en la investigación por presuntas amenazas denunciadas por los trabajadores.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de un grupo de mecánicos y choferes despedidos de la empresa de transporte Santa Ana, informó que la denuncia vinculada a presuntas irregularidades en las declaraciones juradas presentadas ante la ANSES fue remitida a la Justicia Federal, donde continuará la investigación por un posible fraude en perjuicio de la administración pública.

Según explicó el letrado, la causa se originó luego de que los trabajadores intentaran acceder al fondo de desempleo tras ser desvinculados de la empresa y se encontraran con una situación inesperada.

"Esta semana hemos tenido novedades respecto de las denuncias que se habían realizado por este fraude en perjuicio de la administración pública", expresó Espada.

El abogado recordó que, al presentarse ante la ANSES para tramitar la prestación por desempleo, los exempleados figuraban en las declaraciones juradas como si ya hubieran percibido la totalidad de sus liquidaciones finales.

"Cuando fueron a la ANSES a tratar de cobrar las prestaciones correspondientes al desempleo, se encontraron con la noticia de que figuraban como que ya habían percibido su liquidación final. Esto obviamente es absolutamente falso", afirmó.

Espada explicó que la denuncia fue presentada inicialmente ante la Justicia provincial, aunque posteriormente se resolvió que la investigación debía tramitar en el ámbito federal.

"Se determinó que era incompetente la Justicia provincial y, al tratarse de un posible delito contra la administración pública, la causa fue remitida a la Justicia Federal, que ahora deberá investigar si, como nosotros creemos, estamos frente a la presencia de un delito", sostuvo.

El representante legal valoró que la denuncia no haya sido rechazada de manera inmediata y consideró que ello demuestra que existen elementos que justifican avanzar con la investigación.

"Lo importante para nosotros es que la denuncia no fue archivada in limine. Existe una presunción de cierta verosimilitud en lo que estamos diciendo, porque no se trata de un solo trabajador, sino de numerosos empleados que aparecían como si hubieran cobrado liquidaciones que nunca percibieron", manifestó.

Espada señaló que esa situación generó un perjuicio directo para los despedidos.

"Esa información les impidió inicialmente acceder al fondo de desempleo, porque figuraban como si ya hubieran recibido importantes sumas de dinero, cuando eso jamás ocurrió", indicó.

La causa por presuntas amenazas continúa pendiente

Durante la conferencia de prensa, el abogado también se refirió a la otra causa penal iniciada por los trabajadores, relacionada con presuntas amenazas recibidas antes de los despidos.

Espada recordó que esa investigación fue archivada en dos oportunidades y que actualmente se encuentra bajo análisis de la Procuración General.

"Ya vamos a cumplir un mes desde que presentamos una nueva oposición al archivo de la denuncia. Esperamos que la Procuración General resuelva cuanto antes porque los trabajadores vienen reclamando justicia", afirmó.

Según relató, la denuncia sostiene que los empleados fueron advertidos de que, si no desistían del reclamo salarial iniciado contra la empresa, serían despedidos y no volverían a conseguir empleo dentro del transporte urbano.

"La amenaza se cumplió. Les dijeron que si no retiraban el reclamo iban a ser despedidos y que nunca más conseguirían trabajo en el transporte. Hoy siguen presentando currículums en distintas empresas y no son incorporados", expresó.

Finalmente, Espada reiteró que continuará impulsando ambas investigaciones para que se esclarezcan los hechos denunciados y se determinen las eventuales responsabilidades.

El conflicto

El conflicto involucra a siete trabajadores —entre mecánicos y choferes— que fueron despedidos por la empresa Santa Ana luego de reclamar el pago de diferencias salariales conforme a la escala nacional de la UTA, según sostienen los denunciantes. Los empleados aseguran que antes de las desvinculaciones fueron convocados a una reunión en la que habrían recibido advertencias para que desistieran de sus reclamos judiciales.

Además del reclamo laboral, los exempleados denunciaron que al intentar acceder al fondo de desempleo descubrieron que figuraban ante la ANSES como si ya hubieran percibido sus liquidaciones finales, situación que inicialmente les impidió cobrar ese beneficio. La investigación sobre esa presunta maniobra fue derivada recientemente a la Justicia Federal, mientras que la causa por las supuestas amenazas continúa pendiente de resolución en la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación.