La diputada provincial de La Libertad Avanza, Laura Tomé Gámez, expresó fuertes reparos al proyecto de declaración de utilidad pública aprobado en la Legislatura para avanzar con la obra vial sobre la Ruta Nacional Nº 9. Si bien aclaró que su bloque acompaña el desarrollo de infraestructura, sostuvo que la iniciativa presenta aspectos que, a su entender, debían ser aclarados antes de su aprobación.

La legisladora explicó que la decisión inicial de su espacio fue no acompañar el proyecto, no por estar en contra de la obra pública, sino porque consideraron que existían cuestiones técnicas y financieras que requerían mayor precisión.

"No es que estemos en contra de la obra pública o de la construcción; consideramos que es un proyecto sumamente interesante. Lo que necesitamos es que se esclarezcan determinadas cuestiones y determinados aspectos", afirmó.

Entre las observaciones planteadas, Tomé señaló que el expediente menciona la expropiación de 14,9 hectáreas, pero advirtió que la redacción otorgaría al Poder Ejecutivo un amplio margen de decisión sobre los inmuebles a intervenir.

"El proyecto indicaba una superficie de 14,9 hectáreas a ser expropiadas, pero le daba al Ejecutivo la libertad de expropiar lo que considere. Esa es una de las cuestiones para observar", remarcó.

La diputada también cuestionó que el tratamiento legislativo se haya dividido en dos iniciativas, dejando el financiamiento para su análisis en la Comisión de Finanzas. Según expresó, uno de los puntos que más preocupación generó en su bloque fue que la coparticipación provincial sea ofrecida como garantía del préstamo destinado a ejecutar la obra.

"Eso la verdad que no nos gustó. Nos llamó mucho la atención que, en un momento donde hay que repensar cómo se redistribuye el dinero de la provincia, se pretenda poner en garantía la coparticipación para tomar este préstamo", sostuvo.

Finalmente, Laura Tomé consideró que la provincia atraviesa un contexto económico que obliga a analizar con mayor profundidad el impacto financiero de este tipo de decisiones y puso el foco en las consecuencias que podrían recaer sobre los recursos públicos.

"Hay que preguntarse si este es el verdadero momento para hacer ese préstamo y poner en garantía el sueldo de los empleados públicos", concluyó.