El juez Rodolfo Miguel Fernández explicó al periodista Juan Quispe de Urgente Jujuy por qué varios jefes comunales quedaron fuera de la causa por los fondos destinados a viviendas sociales. Según sostuvo, los intendentes recibían los recursos pero no tenían la administración central del programa. Sin embargo, su explicación deja abierta una cuestión que excede el resultado judicial: ¿cuánto se conocía en los municipios sobre el funcionamiento de un sistema que terminó bajo investigación durante una década?

Por Juan Quispe – Urgente Jujuy

La denominada Megacausa dejó en marzo una resolución de fuerte impacto político: el juez con función de Control en lo Penal Económico, Rodolfo Miguel Fernández, dispuso el sobreseimiento de numerosos imputados, entre ellos varios intendentes y exintendentes que habían quedado involucrados en la investigación por el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales.

La decisión alcanzó, entre otros, a Raúl Jorge, Julio Moisés, Ramón Ale, Alberto Ortiz, Elsa Flores, Adrián Mendieta, Nilson Ortega, Rolando Ficoseco y Leonel Herrera. Mientras tanto, otros imputados continuaron vinculados al expediente, entre ellos Milagro Sala, José López, Germán Nivello y exautoridades del IVUJ.

Pero ¿por qué quedaron fuera los intendentes?

Fernández dio a Urgente Jujuy una explicación que permite comprender la diferencia entre la percepción política que pudo quedar sobre aquellos años y aquello que jurídicamente podía atribuirse a cada persona dentro del expediente.

Un juez no puede reconstruir libremente una causa y condenar a alguien por cualquier conducta que considere reprochable. Debe resolver sobre hechos, personas y calificaciones jurídicas que ingresaron válidamente al proceso, respetando el derecho de defensa.

Por eso resulta relevante preguntarse si, a lo largo de los años, se investigaron todas las hipótesis posibles alrededor del circuito de los fondos o si la investigación quedó concentrada en determinadas figuras penales.

“Los intendentes no administraban”

El magistrado sostuvo que una de las claves se encuentra en determinar quién tenía efectivamente la administración de los fondos.

“Los intendentes no administraban”, señaló Fernández durante la entrevista.

Según explicó, los recursos llegaban a los municipios y existían plazos muy breves para efectuar los pagos correspondientes. También estaba prevista la intervención municipal en certificaciones de obra, aunque posteriormente debía existir control de otros organismos.

Fernández describió que esas certificaciones quedaban sujetas a la intervención del IVUJ y de Nación y puso un ejemplo para dimensionar el problema: controlar técnicamente cientos de viviendas en pocos días resultaba materialmente difícil.

Su explicación es relevante porque la figura investigada en buena parte de la causa fue la administración fraudulenta.

Fernández explicó que para determinar responsabilidades debía analizarse quién tenía a su cargo la administración del patrimonio y qué obligaciones concretas correspondían a cada uno de los involucrados.

Sobreseimiento no significa necesariamente reconstruir todo lo que ocurrió

Aquí aparece una distinción necesaria.

Una resolución de sobreseimiento determina la situación penal de una persona respecto de las imputaciones sometidas al juez. No necesariamente responde todas las preguntas políticas, administrativas o históricas que pueden formularse sobre cómo funcionaba un sistema.

Y esa diferencia adquiere relevancia en una causa que investigó durante aproximadamente una década el destino de enormes cantidades de recursos destinados a viviendas sociales.

Fernández señaló durante la entrevista que el monto investigado rondaba los $1.500 millones a valores históricos, cifra que, según aclaró, debería ser actualizada.

Pero fue todavía más contundente al describir quiénes considera que terminaron afectados:

“Acá no se perjudicó solamente a la administración pública; se perjudicó a gente vulnerable.”

El juez recordó que aquellos programas perseguían dos objetivos centrales: proporcionar trabajo y vivienda a sectores que tenían dificultades para acceder a una solución habitacional.

¿Qué sabían quienes estaban en los municipios?

Aquí aparece una pregunta que el resultado judicial, por sí mismo, no permite responder.

Durante aquellos años, los municipios recibieron fondos, participaron de circuitos administrativos y tuvieron intervención en determinadas certificaciones relacionadas con las obras.

Que esas circunstancias no hayan resultado suficientes para sostener determinadas imputaciones penales contra los intendentes no permite afirmar que hayan cometido delitos.

Pero tampoco impide que periodísticamente pueda reconstruirse cómo funcionaba el mecanismo administrativo y qué información recibía cada autoridad.

¿Qué documentación llegaba a los municipios?

¿Quién certificaba físicamente el avance de las viviendas?

¿Los intendentes recibieron advertencias sobre irregularidades?

¿Existieron funcionarios municipales que plantearan objeciones?

¿Quién ordenaba efectuar los pagos?

¿Podían los municipios negarse?

¿Hubo comunicaciones entre municipios, Provincia, Nación y organizaciones sociales respecto de obras que presentaban atrasos o problemas?

Esas preguntas no equivalen a una acusación penal. Son preguntas sobre responsabilidad institucional y funcionamiento del Estado.

Una causa también está condicionada por aquello que se acusa

Existe además una cuestión jurídica que muchas veces queda fuera de la discusión pública.

Un juez no puede reconstruir libremente una causa y condenar a alguien por cualquier conducta que considere reprochable. Debe resolver sobre hechos, personas y calificaciones jurídicas que ingresaron válidamente al proceso, respetando el derecho de defensa.

Por eso resulta relevante preguntarse si, a lo largo de los años, se investigaron todas las hipótesis posibles alrededor del circuito de los fondos o si la investigación quedó concentrada en determinadas figuras penales.

La Megacausa comenzó en 2016 a partir de una denuncia por el presunto desvío de recursos destinados a viviendas y llegó a involucrar a más de veinte personas.

Diez años después, algunos quedaron fuera y otros continuaron sometidos al proceso.

La Justicia determina responsabilidades penales; el periodismo todavía puede reconstruir qué ocurrió

Ese quizá sea uno de los interrogantes que deja la Megacausa.

Una persona puede no reunir los elementos necesarios para responder penalmente por una determinada acusación y, al mismo tiempo, seguir existiendo preguntas legítimas sobre cómo funcionaron las instituciones que estaban bajo su responsabilidad.

No corresponde afirmar, sin pruebas, que los intendentes sobreseídos participaron del presunto fraude, recibieron beneficios o conocieron maniobras ilícitas.

Pero sí resulta legítimo preguntar qué sabían, qué podían controlar, qué firmaron y qué hicieron frente a aquello que ocurría con las viviendas en sus respectivas localidades.

Porque detrás de expedientes, certificaciones, convenios y millones de pesos había un objetivo concreto: construir viviendas para familias que las necesitaban.

Y el propio juez Fernández lo sintetizó de una manera que devuelve la discusión al punto de partida:

“Se perjudicó a gente vulnerable.”

Por Juan Quispe -  diario Urgente Jujuy -  7 octubre del 2026