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“No queremos darle un cheque en blanco al Ejecutivo”: Tomé Gámez cuestionó las facultades para avanzar con la travesía urbana sin control legislativo
La diputada provincial de La Libertad Avanza cuestionó las condiciones planteadas para avanzar con la obra de la travesía urbana o multitrocha. Sostuvo que solicitar presupuestos, comparar costos y exigir explicaciones no significa oponerse a la obra pública, sino ejercer el control sobre los recursos del Estado. También respondió a las críticas del secretario de Comunicación del Gobierno de Jujuy y volvió a reclamar transparencia en la distribución de la pauta oficial.
Juan Quispe - Urgente Jujuy - 12 noviembre 2026
La diputada provincial Laura Tomé Gámez, de La Libertad Avanza (LLA), expresó sus cuestionamientos sobre las facultades que se pretendían otorgar al Poder Ejecutivo para avanzar con el proyecto de la travesía urbana o multitrocha, y advirtió sobre la necesidad de garantizar la intervención de la Legislatura en las decisiones vinculadas con su ejecución y financiamiento.
Durante una entrevista con Urgente Jujuy, la legisladora defendió los pedidos de información realizados por representantes de su espacio político y rechazó que las consultas sobre presupuestos y costos puedan interpretarse como una intención de frenar obras públicas.
En ese contexto, planteó su preocupación por la posibilidad de otorgar lo que describió como un “cheque en blanco” al Ejecutivo, al cuestionar que determinadas decisiones pudieran avanzar sin volver a pasar por el Poder Legislativo.
Travesía urbana: cuestionamientos por los presupuestos y el control legislativo
Tomé Gámez explicó que las observaciones realizadas desde La Libertad Avanza estuvieron relacionadas con la necesidad de conocer los costos de la obra y comparar la información presupuestaria presentada.
Según relató, un diputado nacional de su espacio había solicitado detalles sobre distintos aspectos del proyecto y, al cotejar los valores, encontró diferencias que consideró necesario aclarar.
La legisladora rechazó las declaraciones que responsabilizaban a ese diputado por supuestamente obstaculizar el avance de la obra.
“Un legislador no frena una obra, eso le compete al Ejecutivo”, manifestó.
En ese sentido, sostuvo que el trabajo de los representantes legislativos consiste también en solicitar documentación, revisar presupuestos y evaluar las condiciones económicas de las iniciativas que involucran recursos públicos.
“Simplemente estamos preguntando cuánto sale, estamos comparando con otro proyecto”, explicó.
“Es como cuando uno quiere construir una casa”
Para explicar su postura, Tomé Gámez utilizó un ejemplo cotidiano: la construcción de una vivienda.
Señaló que, antes de iniciar una obra, cualquier familia solicita presupuestos, compara precios y analiza las alternativas disponibles para determinar cuánto dinero deberá invertir.
Según la diputada, ese mismo criterio debería aplicarse cuando el Estado proyecta obras públicas de gran envergadura.
La legisladora sostuvo que su espacio político no se opone a la realización de infraestructura, pero considera necesario contar con información precisa sobre los montos previstos, las condiciones de financiamiento y las responsabilidades económicas que asumiría la provincia.
El cuestionamiento al “cheque en blanco”
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las facultades que, según Tomé Gámez, se pretendía otorgar al Ejecutivo para avanzar con proyectos sin una nueva intervención de la Legislatura.
La diputada cuestionó ese mecanismo y planteó la necesidad de que los legisladores puedan analizar las decisiones que comprometan recursos provinciales.
Su preocupación se centró en el alcance de las autorizaciones, las diferencias presupuestarias señaladas y los mecanismos de control que existirían durante la ejecución de la obra.
Desde esa perspectiva, sostuvo que acompañar una obra pública no implica necesariamente aceptar todas las condiciones propuestas para su financiamiento o ejecución.
La legisladora también hizo referencia a las garantías económicas contempladas en la iniciativa, aunque durante la entrevista no precisó sus alcances.
Tomé Gámez respondió al secretario de Comunicación
En otro tramo de la entrevista, la diputada se refirió a declaraciones realizadas por el secretario de Comunicación del Gobierno provincial, quien, según manifestó, cuestionó sus pedidos de informes y las consultas efectuadas sobre la administración de los recursos públicos.
Tomé Gámez aseguró que presentó diferentes solicitudes de información en la Legislatura, pero que ninguna obtuvo respuesta.
“De todos los pedidos de informes que yo realicé en la Legislatura, de ninguno obtuve una respuesta”, afirmó.
La legisladora también sostuvo que el funcionario habría cuestionado la cantidad de preguntas formuladas desde su banca.
“Yo pregunto porque es una de mis funciones”, expresó.
En ese sentido, defendió la responsabilidad de los diputados de solicitar explicaciones sobre las decisiones del Gobierno y el destino de los fondos estatales.
La pauta oficial también fue motivo de cuestionamientos
Otro de los temas abordados fue la distribución de la publicidad oficial en Jujuy.
Tomé Gámez aclaró que no está en contra de que el Estado utilice recursos para difundir información de interés público, sino que cuestiona los criterios empleados para distribuir esos fondos.
“No es que esté en contra de la pauta publicitaria, sino de cómo se está utilizando”, manifestó.
La diputada mencionó que la publicidad institucional puede resultar útil para comunicar campañas de vacunación dirigidas a niños y adultos mayores, entre otras acciones de interés comunitario.
Sin embargo, insistió en la necesidad de conocer cómo se asignan los recursos destinados a los medios de comunicación.
También cuestionó las explicaciones atribuidas al secretario de Comunicación sobre los criterios de distribución de la pauta y señaló que parte de esa información figuraría en documentación proporcionada por el propio Gobierno a un ciudadano.
“Queremos las cuentas claras”
Hacia el final de la entrevista, Tomé Gámez reiteró que las consultas sobre presupuestos y costos no deben interpretarse como una oposición a las obras públicas.
Por el contrario, sostuvo que es necesario contar con información suficiente antes de avanzar con decisiones que puedan comprometer económicamente a la provincia.
La legisladora planteó que las obras deben analizarse con presupuestos claros y mecanismos de control que permitan conocer cómo se administrarán los recursos públicos.
De esta manera, Tomé Gámez volvió a cuestionar las condiciones propuestas para avanzar con la travesía urbana o multitrocha, al tiempo que defendió la función de control del Poder Legislativo y reclamó mayor transparencia en la administración de los fondos provinciales.









