El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de Gisela Ayelén Ríos, acudió a la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación para reclamar avances en la investigación. A tres meses de los hechos denunciados, la causa continuaba sin imputaciones, según la presentación judicial.

El abogado Carlos Sebastián Espada presentó un recurso de queja por retardo de justicia ante la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, en representación de Gisela Ayelén Ríos, quien perdió a su bebé por nacer, de aproximadamente 38 semanas de gestación, tras recibir atención médica en el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, de San Salvador de Jujuy.

La presentación cuestiona la demora en la investigación penal iniciada a partir de la denuncia formulada el 27 de julio de 2026 y advierte que, transcurridos aproximadamente tres meses desde los hechos, no se habían formulado imputaciones.

Los hechos denunciados

De acuerdo con el escrito presentado por Espada, el 24 de julio Gisela Ayelén Ríos acudió a la guardia del Hospital Materno Infantil por dolores abdominales y en sus miembros inferiores. Según la denuncia, fue examinada por una médica y posteriormente enviada a su domicilio.

Al día siguiente, mientras se encontraba en una parada de colectivos, sufrió una hemorragia y debió ser trasladada de urgencia al mismo establecimiento sanitario.

La presentación judicial sostiene que durante su internación se habrían producido demoras y dificultades en la atención. Posteriormente, el personal médico constató la ausencia de latidos fetales y se practicó una cesárea.

Según el certificado de defunción mencionado en el recurso, la causa consignada fue un desprendimiento prematuro de placenta.

Estas circunstancias forman parte de los hechos denunciados y deberán ser esclarecidas mediante la investigación correspondiente.

Una suspensión preventiva y pedidos de imputación

En su presentación, el abogado hizo referencia a la Resolución N.º 1511/26 del Ministerio de Salud provincial, mediante la cual se dispuso la suspensión preventiva, por 60 días y sin prestación de servicios, de una licenciada en Obstetricia que se desempeñaba en el establecimiento.

La medida administrativa fue incorporada como antecedente al expediente, junto con documentación médica complementaria.

Espada señaló que, pese a estos elementos y a los pedidos formulados por la representación de Gisela Ayelén Ríos, hasta el momento de interponer el recurso no se habían concretado imputaciones.

Reclamo ante la Procuración General

El abogado indicó que el 17 de octubre presentó un pedido de pronto despacho para obtener una respuesta de la Unidad Fiscal interviniente.

Sin embargo, según expuso en el recurso, la Fiscalía no se pronunció dentro del plazo legal invocado por la querella.

Además, cuestionó que la respuesta anterior de la Unidad Fiscal hiciera referencia a la existencia de medidas pendientes, sin precisar cuáles eran, en qué estado se encontraban ni cuándo podrían concretarse.

Frente a esta situación, Espada solicitó a la Procuración General que requiera un informe a la Fiscalía, disponga las medidas necesarias para impulsar la investigación y ordene, si todavía no se realizó, la intervención del Cuerpo Médico Forense para evaluar la atención brindada y su posible relación con el fallecimiento.

También pidió que, una vez cumplidas las medidas investigativas correspondientes, se resuelva sobre las imputaciones solicitadas por la representación legal.

La familia de Gisela Ayelén Ríos espera respuestas

Uno de los argumentos centrales del recurso es la necesidad de preservar la documentación médica, los registros de atención, el monitoreo fetal y otros elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer lo sucedido.

La presentación advierte que el paso del tiempo sin asegurar esas pruebas podría comprometer el desarrollo de la investigación.

Para la representación legal, el reclamo busca garantizar el derecho de Gisela Ayelén Ríos a conocer el avance de la causa y obtener una investigación diligente dentro de un plazo razonable.

La presentación no implica que se haya determinado responsabilidad penal de los profesionales intervinientes. Precisamente, la representación legal solicita que se profundice la investigación y se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.

El recurso fue dirigido a la Procuración General del MPA, a fin de que se pronuncie sobre los planteos formulados por el abogado de la familia.