El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, presentó un pedido de informe para que el Gobierno de Jujuy detalle cuánto percibió la ministra de Educación desde que asumió, cómo se componen sus haberes y qué conceptos integran cada liquidación mensual. El legislador sostuvo que, si surgieran irregularidades, podrían evaluarse pedidos de devolución de fondos y hasta una eventual denuncia penal.

El diputado provincial Kevin Ballesty, de La Libertad Avanza, presentó en la Legislatura de Jujuy un pedido de informe dirigido al Gobierno provincial para que remita documentación oficial y detallada sobre los haberes percibidos por la ministra de Educación, Daniela Teseira, desde el inicio de su gestión.

En declaraciones al diario Urgente Jujuy, Ballesty explicó que la intención es que la Legislatura pueda ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y acceder a información precisa acerca de cuánto cobró la funcionaria mes a mes, tanto en valores brutos como netos, y cuáles fueron los rubros e ítems que conformaron cada liquidación salarial.

“Queremos tener un conocimiento pormenorizado y, sobre todo, oficial”, señaló el legislador.

Ballesty enmarcó el pedido en la polémica generada en las últimas semanas por versiones públicas que atribuyeron a la ministra haberes mensuales del orden de los 15 o 16 millones de pesos.

El diputado aclaró que justamente el objetivo de la presentación es determinar oficialmente si esas cifras son correctas, cómo se conformaron y bajo qué conceptos fueron liquidadas.

“Hay que traer claridad”

Ballesty consideró que la controversia adquiere una dimensión mayor por la situación salarial que atraviesan los docentes jujeños.

Según planteó, existe un fuerte contraste entre las cifras atribuidas a los haberes de la titular de la cartera educativa y los reclamos salariales que mantiene el sector docente.

“Los docentes hoy vienen cobrando muy poco y cada vez que tienen que sentarse a discutir paritarias, lo que se retoca sigue siendo muy poquito”, sostuvo.

En ese contexto, calificó como “hiriente” que circule públicamente información sobre remuneraciones de 15 o 16 millones de pesos para una funcionaria del área educativa sin que, hasta el momento, exista una explicación oficial detallada sobre cómo se conformaron esos montos.

Por ello, insistió en que el Gobierno debe remitir la documentación correspondiente para esclarecer la situación.

Ballesty cree que el Gobierno está dilatando las explicaciones

Consultado sobre por qué la documentación no habría sido presentada hasta ahora, Ballesty atribuyó la demora a una posible estrategia política del Ejecutivo.

“Esta situación no le hace bien al Gobierno, no le hace bien a la ministra de Educación”, afirmó.

El diputado consideró que podría existir una intención de dilatar las respuestas a la espera de que el tema pierda centralidad en la opinión pública.

Se trata de una interpretación política del legislador y no de un hecho acreditado hasta el momento.

Podría pedir la interpelación de la ministra

Ballesty anticipó además que evalúa impulsar un pedido de interpelación para que Teseira concurra a la Legislatura y brinde explicaciones.

“Algo básico que puede pasar es que se solicite la interpelación de la ministra de Educación, algo que creo que vamos a estar haciendo también en el transcurso de estas jornadas”, adelantó.

El diputado sostuvo que cualquier paso posterior dependerá de lo que revele la documentación oficial.

En caso de comprobarse que existieron pagos que legalmente no correspondían, Ballesty planteó que debería analizarse la restitución de esos fondos al Estado.

“En el eventual caso de que eso se hubiese dado, lo que correspondería es que se reintegre al Estado lo que el Estado pagó de más o pagó mal”, sostuvo.

El legislador fue cuidadoso en señalar que no está afirmando que actualmente exista una irregularidad, sino planteando qué consecuencias podrían corresponder si la investigación administrativa demostrara pagos indebidos.

No descartó una denuncia penal si hubiera elementos

Ballesty añadió que, si del análisis de la documentación surgiera algún incumplimiento que pudiera encuadrar en normas penales, también debería evaluarse una presentación ante la Justicia.

“Si ha habido algún incumplimiento a normas o artículos del Código Penal, también se debería evaluar la correspondiente denuncia penal, en el caso de que estén configurados todos los requisitos”, manifestó.

De esta manera, el diputado diferenció entre las sospechas y versiones actualmente en circulación y las conclusiones que eventualmente puedan extraerse una vez que se disponga de documentación oficial.

Una eventual renuncia no cerraría el tema

Ante la consulta sobre qué ocurriría si la ministra dejara su cargo, Ballesty sostuvo que una eventual renuncia no eliminaría la obligación de responder sobre actos realizados durante el ejercicio de la función pública.

“Si la ministra renunciara a su cargo, no la exime de dar todas las explicaciones correspondientes, porque las decisiones que se tomaron fueron en el ejercicio de su función”, expresó.

Ballesty insistió finalmente en que el pedido de informe busca que el Ejecutivo provincial presente documentación verificable y permita determinar con precisión cuánto cobró Teseira, bajo qué conceptos y si todos los componentes de sus haberes se ajustaron a la normativa vigente.

La presentación abre así un nuevo frente de control legislativo sobre el Ministerio de Educación, en un contexto atravesado por la discusión salarial docente y por la polémica pública en torno a los ingresos de la funcionaria.