En diálogo con Urgente Jujuy, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, volvió a cuestionar la política energética implementada por el Gobierno de Jujuy y aseguró que distintas decisiones administrativas terminaron encareciendo la factura de electricidad que pagan miles de familias jujeñas.

El legislador sostuvo que presentó un pedido de informes para conocer en profundidad un contrato vinculado a la compra de energía y advirtió que una resolución de la Secretaría de Energía provincial autorizó que ese mayor costo sea absorbido directamente por los usuarios.

"Tomó estado parlamentario un pedido de informes vinculado a un contrato por el cual se paga 79 dólares el megavatio/hora y, mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la provincia, se autorizó que ese mayor costo se traslade directamente a la tarifa que pagan los usuarios", explicó.

Según Canedi, la energía adquirida mediante ese convenio posee un valor considerablemente superior al precio de mercado.

"La empresa estatal acordó comprar energía aproximadamente un 38% más cara que el valor de mercado. El problema comenzó cuando la Secretaría de Energía y la SUSEPU autorizaron que esa diferencia fuera trasladada a la factura de los usuarios", afirmó.

El diputado sostuvo que esta situación genera una paradoja, ya que un proyecto impulsado bajo el argumento de fomentar energías renovables terminó provocando un incremento en uno de los servicios esenciales para la población.

"Paradójicamente, la energía solar terminó impactando de manera negativa y aumentando el costo de un insumo fundamental como es la electricidad", manifestó.

Canedi también cuestionó la postura adoptada por el Gobierno provincial respecto de la normativa nacional que prohíbe incorporar impuestos y tasas ajenos al servicio dentro de las facturas de luz.

"Mientras la Nación dictó la Resolución 267/2024 para impedir que las empresas cobren junto con la tarifa impuestos y tasas provinciales o municipales, la Provincia promovió una acción judicial que suspendió su aplicación y hoy los jujeños siguen pagando esos conceptos dentro de la factura", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que, según los datos relevados por su bloque, los impuestos y tasas representan cerca del 47% del importe final que abonan los usuarios.

"Hoy los usuarios generales de servicios públicos pagan junto con el consumo de energía una serie de impuestos y tasas provinciales y municipales que representan aproximadamente el 47% del costo total de la factura", señaló.

Pedido para que respondan los funcionarios

Durante la entrevista, Canedi también se refirió al debate legislativo sobre la posibilidad de convocar a quienes participaron en la definición del esquema tarifario. Explicó que La Libertad Avanza propuso ampliar las convocatorias para que no sólo comparezcan representantes de la empresa prestataria, sino también los organismos públicos responsables de fijar y controlar la política energética.

"Nuestro bloque propuso que también intervengan quienes participaron en estos acuerdos y que se pueda interpelar a las autoridades de aplicación responsables de determinar la tarifa", explicó.

Sin embargo, indicó que esa propuesta no prosperó porque la mayoría legislativa decidió limitar la convocatoria únicamente a la empresa distribuidora.

Para el diputado, esa decisión deja sin respuestas a quienes realmente tienen la obligación institucional de explicar por qué se autorizó trasladar mayores costos a los usuarios.

"Quienes tienen la obligación de responder son los miembros del Poder Ejecutivo y las autoridades de aplicación. En este caso, la Secretaría de Energía de la provincia y la SUSEPU, porque son los organismos competentes y quienes autorizaron que ese mayor costo termine impactando en la tarifa que pagan todos los jujeños", concluyó.

Las declaraciones de Canedi reavivan el debate sobre el rol de los organismos provinciales encargados de regular el sistema energético. Mientras miles de familias continúan afrontando facturas con fuerte carga impositiva y aumentos sostenidos, el legislador insiste en que las explicaciones deben provenir de los funcionarios que aprobaron las resoluciones y no únicamente de la empresa prestataria, ya que son ellos quienes tienen la responsabilidad de proteger el interés de los usuarios y garantizar transparencia en la determinación de las tarifas.

"¿Qué es la Resolución 267/2024?", el Gobierno nacional prohibió incluir impuestos y tasas ajenos al servicio en las facturas, pero  en Jujuy esa medida quedó suspendida por una acción judicial impulsada por la Provincia.