El diputado provincial Federico Canedi presentó una nueva iniciativa vinculada al régimen de las cuentas judiciales en Jujuy. Como continuidad de su propuesta sobre los fondos destinados a la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores, ahora plantea modificar la Ley 4160, eliminar la obligación de canalizar las cuentas judiciales a través de una única entidad bancaria y reducir de diez a cinco años el plazo de inmovilización para que determinados fondos tengan como destino la CAPSAP.

El diputado provincial Federico Canedi habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y contó que avanzó con una nueva propuesta legislativa relacionada con las cuentas judiciales y el financiamiento de la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de Jujuy (CAPSAP).

La iniciativa constituye una continuidad del proyecto presentado anteriormente por el legislador, mediante el cual propuso agilizar las transferencias de fondos residuales de cuentas judiciales hacia la Caja y establecer consecuencias ante demoras en el cumplimiento.

Esta vez, Canedi puso el foco sobre la Ley Provincial 4160, sancionada en 1985, que regula el régimen de cuentas y depósitos judiciales. La norma establece que los depósitos vinculados a actuaciones judiciales deben realizarse en el entonces Banco de la Provincia de Jujuy.

Según explicó el diputado, la desaparición de aquella entidad financiera provincial obliga a revisar un esquema que considera desactualizado.

“Lo que estamos proponiendo es que las cuentas judiciales no se abran obligatoriamente en el Banco Macro, porque ya no es el Banco Provincia. El Banco Provincia ya no existe”, expresó Canedi.

Que los profesionales puedan elegir el banco

Uno de los puntos centrales de la propuesta consiste en habilitar la posibilidad de que cada profesional pueda elegir la entidad bancaria en la cual se gestione la correspondiente cuenta judicial, en lugar de mantener su concentración en Banco Macro.

Canedi vinculó esta modificación con el planteo que ya había realizado respecto de los recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, deben contribuir al financiamiento previsional de abogados y procuradores.

La Ley 4764 creó la CAPSAP y contempla entre sus recursos el dinero de determinadas cuentas judiciales que permanezcan inmovilizadas durante diez años o más. La norma dispone que esos fondos sean acreditados a la Caja, con la obligación de restituirlos cuando posteriormente exista una orden judicial de pago.

Un pedido de informes a la Corte

Paralelamente, Canedi adelantó que impulsa un pedido de informes dirigido a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para conocer qué ocurrió con los recursos provenientes de cuentas judiciales inmovilizadas.

“Estamos pidiendo un informe para que la Corte de la Provincia informe a la Legislatura cuánto dinero ha recibido de las cuentas judiciales que están inmovilizadas”, manifestó.

La consulta está relacionada con la convivencia histórica de las leyes 4160 y 4764. La primera estableció que los depósitos judiciales no extraídos después de diez años fueran transferidos definitivamente a una cuenta cuyos recursos se destinaban al equipamiento y funcionamiento del Poder Judicial. Posteriormente, la Ley 4764 incorporó entre los recursos de CAPSAP determinados fondos de cuentas judiciales inmovilizadas durante diez años o más.

De diez a cinco años

Canedi propone además modificar el plazo actualmente previsto para esos fondos.

“Hoy ese dinero que está indisponible por un determinado tiempo, proponemos que sea cinco años, debiera tener como destinatario final a la Caja de Abogados”, señaló.

De avanzar el proyecto en los términos explicados por el legislador, el plazo se reduciría entonces de diez a cinco años para los fondos alcanzados por la modificación propuesta.

La CAPSAP constituye el régimen previsional específico de abogados y procuradores matriculados en Jujuy y fue creada mediante la Ley 4764, sancionada en 1994.

Una segunda etapa del planteo de Canedi

La nueva iniciativa amplía así el planteo que Canedi había formulado semanas atrás. Mientras aquella propuesta se concentraba en acelerar la transferencia de fondos hacia CAPSAP, el nuevo proyecto apunta directamente al régimen legal bajo el cual funcionan las cuentas judiciales.

El debate que propone ahora incluye tres puntos centrales: la posibilidad de elegir la entidad bancaria para las cuentas judiciales, conocer mediante un pedido de informes el destino y volumen de los fondos inmovilizados y reducir a cinco años el plazo para que los recursos alcanzados tengan como destinataria a CAPSAP.

De esta manera, el diputado busca llevar a la Legislatura una revisión más amplia del sistema de cuentas judiciales vigente en Jujuy y de su relación con el financiamiento previsional de los profesionales del derecho.