Aldo Rodas, presidente de la Asociación Civil Víctimas de Falsas Denuncias en Perspectiva de Género y Padres sin Derecho de Jujuy, dialogó con Urgente Jujuy durante una jornada de concientización realizada en Plaza Belgrano. El referente reclamó garantías para las personas denunciadas, cuestionó situaciones que —según sostiene— terminan alejando durante años a padres de sus hijos y destacó el trabajo de acompañamiento que realiza la organización.

La problemática de las presuntas falsas denuncias, el derecho de defensa y las dificultades que atraviesan padres que permanecen alejados de sus hijos llegó a Plaza Belgrano, donde integrantes de una organización jujeña se sumaron a una jornada de concientización que tuvo réplicas en distintos puntos del país.

En ese contexto, Urgente Jujuy dialogó con Aldo Rodas, presidente de la Asociación Civil Víctimas de Falsas Denuncias en Perspectiva de Género y Padres sin Derecho de Jujuy, quien explicó los motivos que llevaron al grupo a visibilizar públicamente su reclamo.

La actividad se realizó en el marco del denominado Día Internacional contra las Falsas Denuncias, que organizaciones y familiares conmemoran cada 9 de septiembre. Este año hubo manifestaciones y actividades similares en diferentes ciudades argentinas.

“Creamos una asociación para contener”

Uno de los aspectos en los que Rodas puso mayor énfasis fue en el acompañamiento a hombres y padres que llegan a la organización después de atravesar conflictos judiciales y familiares.

“Nosotros nos hemos juntado y hemos creado una asociación para contener al hombre que es violentado”, explicó.

Según relató, algunas personas llegan a la entidad después de recibir medidas judiciales que les impiden acercarse a determinados lugares o personas y, en algunos casos, luego de atravesar separaciones prolongadas de sus hijos.

Rodas sostuvo que esas situaciones pueden provocar consecuencias económicas, familiares y emocionales muy profundas. Desde esa perspectiva, señaló que la intención de la asociación es brindar contención para evitar que quienes atraviesan estos procesos terminen refugiándose en adicciones, desarrollando cuadros depresivos o adoptando conductas violentas contra sí mismos o contra terceros.

La organización, aclaró, no pretende desconocer las decisiones de la Justicia, sino intervenir sobre lo que considera una falta de acompañamiento posterior.

“Lo que hace la asociación es contenerlo”, sintetizó.

Padres que reclaman poder ver a sus hijos

Rodas aseguró que la problemática que mayor cantidad de consultas genera dentro de la organización está relacionada con padres que manifiestan dificultades para mantener el vínculo con sus hijos.

“El 70% de los casos que atiendo son padres sin derecho”, afirmó, aclarando que se trata de datos correspondientes a las consultas que recibe personalmente y no de una estadística oficial sobre la totalidad de los casos judiciales de Jujuy.

El referente cuestionó particularmente las situaciones en las que los conflictos entre adultos terminan prolongando la separación entre padres e hijos.

“Hay padres de cuatro años que no los ven, no ven a los hijos”, manifestó.

Para Rodas, los problemas económicos o las disputas existentes entre los progenitores no deberían utilizarse para impedir injustificadamente la relación parental.

El reclamo por las falsas denuncias

Otro de los ejes centrales de la concentración fue el pedido de respuestas ante denuncias deliberadamente falsas.

En Argentina, denunciar falsamente un delito ante una autoridad constituye un delito: el artículo 245 del Código Penal contempla pena de prisión de dos meses a un año o multa. El Código también contempla separadamente el falso testimonio en su artículo 275.

Organizaciones que se movilizaron este año en diferentes provincias vienen reclamando, precisamente, mayores sanciones y respuestas judiciales frente a este tipo de conductas.

Rodas fue especialmente crítico respecto de cómo considera que actualmente se valoran determinadas denuncias y testimonios dentro del sistema judicial.

Durante la entrevista sostuvo que una persona denunciada puede quedar rápidamente sometida a medidas restrictivas y cuestionó lo que entiende como un desequilibrio entre la protección de quien denuncia y las garantías de quien resulta acusado.

En este punto corresponde hacer una distinción: una denuncia no equivale jurídicamente a una condena. La existencia de procesos en los que el testimonio de una víctima tiene especial relevancia tampoco significa que automáticamente toda acusación sea considerada verdadera. La valoración probatoria corresponde a jueces y tribunales de acuerdo con las circunstancias y elementos reunidos en cada expediente.

La propia jurisprudencia sobre violencia de género muestra que los tribunales pueden considerar testimonios junto con indicios, pericias, antecedentes, denuncias previas y otros elementos probatorios.

“No somos feministas ni machistas”

Sobre el final de la entrevista, Rodas buscó diferenciar a la asociación de posiciones enfrentadas entre hombres y mujeres.

“Nosotros no somos un grupo ni feminista ni machista. Estamos contra los dos polos, somos gente común”, expresó.

El planteo que llevaron a Plaza Belgrano apunta, según explicó, a que la Justicia pueda proteger efectivamente a quienes padecen violencia y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de defensa y actuar frente a aquellas situaciones en las que se demuestre que una acusación fue deliberadamente falsa.

La concentración permitió también poner en escena otra problemática: el impacto que los conflictos judiciales entre adultos pueden producir sobre los vínculos entre padres e hijos, especialmente cuando las causas se extienden durante largos períodos.

Desde la Asociación Civil Víctimas de Falsas Denuncias en Perspectiva de Género y Padres sin Derecho aseguran que continuarán con las jornadas de concientización y acompañando a quienes recurren a la entidad.

El debate también llegó al Congreso

El reclamo expresado en Jujuy se desarrolla mientras a nivel nacional continúa la discusión sobre posibles modificaciones al Código Penal para ampliar o endurecer la respuesta frente a las denuncias deliberadamente falsas.

La dirigente neuquina de La Libertad Avanza Nadia Márquez explicó públicamente una de las dificultades que, según su interpretación, presenta actualmente el artículo 245 del Código Penal. Márquez señaló que la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado tradicionalmente entre denunciar falsamente un hecho sin atribuírselo a una persona concreta y realizar una imputación falsa contra alguien determinado.

En las publicaciones compartidas, Márquez ejemplificó la diferencia de esta manera: una cosa sería denunciar falsamente que ocurrió un robo sin señalar quién fue su autor y otra distinta atribuir deliberadamente ese delito a una persona identificada. En este último supuesto, explicó, pueden entrar en consideración otras figuras y vías legales, como la calumnia.

Ese planteo encuentra respaldo en jurisprudencia reciente. En mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sostuvo que, para la configuración del artículo 245, la falsa noticia de un delito no debe contener una imputación concreta contra una persona determinada. En aquel fallo, el tribunal diferenció esa figura de la calumnia.

Precisamente, uno de los cambios que se discuten legislativamente apunta a modificar el alcance del artículo 245. Existen distintas iniciativas en el Congreso y una de ellas propone modificar expresamente el delito de falsa denuncia; el debate incluye tanto su alcance como la escala de las penas.

Márquez ya había acompañado como firmante un proyecto presentado en 2024 para modificar el artículo 245, cuando integraba la Cámara de Diputados.

La discusión, sin embargo, también tiene posiciones contrapuestas. Sectores críticos de estas reformas advierten que un endurecimiento o una formulación demasiado amplia podría desalentar denuncias verdaderas, especialmente en hechos de violencia o delitos sexuales difíciles de probar. Los impulsores de las modificaciones sostienen, en cambio, que debe existir una respuesta más eficaz cuando se logra acreditar que una persona denunció deliberadamente un hecho falso. Incluso los fundamentos de iniciativas legislativas recientes reconocen esa controversia.