Romero fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser declarado autor de los delitos de “Administración Fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de la Administración Pública” -cuatro hechos-, “Abuso de Autoridad” -un hecho- y “Exacciones Ilegales agravada” -un hecho-, todo en concurso real.

Por su parte, Ortega fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser declarado coautor del delito de “Administración Fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de la Administración Pública” -cuatro hechos-, en concurso real.

La sentencia fue emitida hoy, 19 de agosto de 2026, por el Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Dres. Ana Carolina Pérez Rojas -presidenta de trámite-, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss, con la asistencia del actuario Dr. Ricardo Grisetti.

Luego de que los condenados reconocieron su responsabilidad penal y la existencia de los hechos atribuidos, el Tribunal hizo lugar al acuerdo alcanzado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Diego Funes y los acusados Ricardo Alfredo Romero y Juan José Ortega, asistidos por sus abogados defensores Dres. Alberto Matuk y Gustavo Roque; con la opinión favorable de las víctimas, representadas por los querellantes particulares Dres. Guillermo Jenefes e Ivana del Valle Ramírez.

Asimismo, a ambos condenados se les impusieron, por el término de dos años, reglas de conducta, entre ellas fijar y mantener domicilio; someterse al control del Patronato de Liberados y firmar cada 30 días el Libro de Caución; y abstenerse de mantener contacto o ejercer actos perturbatorios, por sí o por terceros y por cualquier medio, contra las víctimas.

Los hechos

Según la requisitoria fiscal, los cuatro hechos de administración fraudulenta ocurrieron entre enero y febrero de 2018, cuando Ricardo Alfredo Romero se desempeñaba como intendente de Tilcara y Juan José Ortega como tesorero municipal.

El primer hecho ocurrió el 11 de enero de 2018, cuando Romero y Ortega libraron cuatro cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza sobre una cuenta bancaria perteneciente a la Municipalidad de Tilcara, sin un acto jurídico válido que justificara su emisión y a sabiendas de que no existían fondos para cubrirlos.

De acuerdo con la acusación, en esa misma fecha Romero y Pedroza suscribieron un acuerdo mediante el cual se establecía que los cheques eran emitidos en garantía, que no podían ser presentados al cobro y que debían ser restituidos al municipio antes de su vencimiento. Sin embargo, se determinó que dicho acuerdo fue realizado para dar apariencia de legalidad a la operación. El monto involucrado en este hecho ascendió a 2.500.000 pesos.

El segundo hecho ocurrió el 16 de enero de 2018 y tuvo una modalidad similar. Romero y Ortega libraron quince cheques a favor de Pedroza sobre la cuenta de la Municipalidad de Tilcara, nuevamente sin un acto jurídico válido que justificara su emisión y sin que existieran fondos para cubrirlos. En este caso, el monto involucrado fue de 5.050.000 pesos.

El tercer hecho se produjo el 22 de enero de 2018, cuando los entonces intendente y tesorero libraron otros siete cheques a favor de Pedroza en las mismas circunstancias. La suma comprometida en esta operación ascendió a 2.970.000 pesos.

Finalmente, el cuarto hecho ocurrió el 6 de febrero de 2018. En esa oportunidad fueron librados diecisiete cheques a favor de Pedroza sobre la cuenta bancaria municipal, por un monto total de 24.500.000 pesos.

De esta manera, los cuatro hechos de administración fraudulenta atribuidos a Romero y Ortega involucraron un monto total de 35 millones de pesos del erario público municipal.

Además, Romero fue acusado por un hecho de abuso de autoridad ocurrido el 1 de noviembre de 2017, cuando, en su carácter de intendente, suscribió con Pedroza un convenio mediante el cual le concedió la organización, producción y explotación de los festivales de Enero y Febrero Tilcareño correspondientes a los años 2018 y 2019, además de la utilización de la marca “Enero Tilcareño”.

Según la acusación, mediante ese convenio se estableció que el productor percibiría el 100 por ciento de los ingresos generados por el festival y debía abonar al municipio el 10 por ciento de lo obtenido por la venta de entradas. La concesión fue realizada de manera directa, sin licitación previa, sin conocimiento ni autorización del Concejo Deliberante de Tilcara y en contra de las disposiciones legales aplicables a las contrataciones y concesiones municipales.

Por último, Romero fue condenado por un hecho de exacciones ilegales agravada, ocurrido el 14 de febrero de 2018. De acuerdo con la acusación, mientras ejercía como intendente de Tilcara y por intermedio de Pedroza, solicitó a Javier Alfredo Sánchez que depositara dinero en concepto de dádiva con la finalidad de acelerar el libramiento de cheques correspondientes a montos que se le adeudaban.

Para concretar el depósito se le proporcionaron los datos de una caja de ahorro personal cuya titularidad correspondía a Ricardo Alfredo Romero.