El Consejo Pastoral Evangélico de Córdoba expresó su “profunda preocupación” ante una medida judicial que impone un “bozal legal” al pastor y legislador electo Gerardo Grosso, junto a otros dos fieles, por haber manifestado su oposición al “Congreso de Infancias y Juventudes Trans” previsto para el 17 de noviembre en la Universidad Provincial de Córdoba.
En un comunicado difundido este viernes, el organismo consideró que la resolución “constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y de culto”, al restringir las declaraciones públicas de los implicados sobre un evento que, según señalaron, abordará temáticas vinculadas a menores de edad.
El Consejo recordó que el Decreto Nacional 62/2025 prohíbe las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales en menores, por lo que —afirman— “la oposición a tales prácticas se encuentra amparada en la ley y en la conciencia moral y religiosa de los ciudadanos”.
Asimismo, la entidad pidió a las autoridades provinciales “restablecer las garantías constitucionales y asegurar que ningún creyente sea silenciado por expresar su fe o disentir respetuosamente en el marco del debate público”.
