“En la Argentina hay 155 distintos tipos de tributo; 85 municipales, 45 nacionales y 25 provinciales. Diez explican el 92% del total”, recordó el director del Iaraf, que actualiza anualmente su “Vademecum impositivo”.

La decisión del Municipio de Pilar, encabezado por el intendente Federico Achával, de modificar la “Tasa de Protección Ambiental”, que desde el próximo 15 de diciembre dejará de ser de un monto fijo por módulo y pasará a calcularse sobre cada operación (en definitiva, sobre la facturación), con una tasa del 2%, provocó airadas reacciones que incluyeron al ministro de Economía, Luis Caputo, y, en primera instancia a dirigentes del sector de super e hípermercados.

Cada ticket que emitan las cadenas de supermercados cargará con ese 2%, que impactará de lleno sobre los precios que pagarán los consumidores en esa localidad bonaerense.

“Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”, posteó Caputo en la red X.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la secretaria de Hacienda del municipio, Anahí Moretti, pidiendo una audiencia “urgente”. En el texto, el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, advirtió que la aplicación de la nueva alícuota generará “graves perjuicios” a los vecinos de Pilar y que los supermercados “enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria”.

El intendente de Pilar, Federico Achával, junto al gobernador Axel Kicillof

Sucede que las cadenas recibieron la notificación oficial de una medida, (surgida de una Ordenanza Fiscal) que comenzó a regir en forma inmediata y se aplica sobre todas las transacciones realizadas desde diciembre. Según comunicó la Intendencia local, las cadenas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para ajustar sus sistemas, es decir apenas cinco días hábiles, los de la semana próxima, para ajustar el sistema y hacer incluso cálculos retroactivos.

ASU remarcó que el 2% encarece cada producto vendido en el municipio con “traslado inmediato al consumidor”. La ausencia de un mínimo no imponible, explicó, implica que la percepción se aplica sobre cualquier importe.

Por su parte, los hipermayoristas agrupados en la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresaron su “profunda preocupación y rechazo". La nueva carga, dijeron, impactará de manera inmediata en el precio final que pagan los consumidores (...) encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias”.

La disposición municipal, agregaron, “profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que, inevitablemente, traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos”. Casi la mitad del precio de un paquete de fideos, apuntaron, son ya impuestos y sumar tributos municipales “no solo desalienta la actividad comercial, sino que termina afectando el bolsillo de millones de familias”.