En el marco de una investigación llevada adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, cuatro personas fueron imputadas por haber participado en distintas maniobras de tráfico de drogas sintéticas como éxtasis y LSD desde Córdoba hacia Jujuy, que habrían llevado adelante desde abril y agosto de este año a través de siete encomiendas.
En la audiencia de formalización y ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Jujuy, se requirió la prisión preventiva para los cuatro -tres hombres y una mujer-. El juez Eduardo Hansen hizo lugar al pedido en relación a dos de ellos y a las otras dos personas les prohibió la salida del país y ordenó una serie de medidas para garantizar que no entorpezcan la investigación.
De acuerdo con lo planteado por la auxiliar fiscal Sofía Escudero, existió una maniobra de tráfico de drogas sintéticas entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este año. Según explicó, se pudieron reconstruir siete envíos de encomiendas de Córdoba a Jujuy, a través de los videos de las cámaras de seguridad de la empresa utilizada, las constancias remitidas por la compañía de transportes y las transferencias de dinero entre implicados.
Los tres hombres, identificados por sus iniciales como J.J.T.Y., G.B.G.M. y J.J.V., fueron imputados por el transporte de sustancias estupefacientes previsto en el artículo 5 inciso c de la ley 27.737. En el caso de J.J.T.Y., ese delito concurre de forma real con siete hechos de transporte en los que también intervino como coautor J.J.V.. Con respecto a la mujer, F.R.T.S., se la señaló como responsable de la tenencia con fines de comercialización.
El inicio del caso
La fiscalía explicó que la investigación comenzó el 26 de febrero de 2025, luego de la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ello se dio luego de un allanamiento realizado el 9 de febrero en la ciudad de Jujuy, donde se encontraron distintas sustancias, que llevaron a la sospecha de que se estaban produciendo estupefacientes de tipo sintético.
Una de las personas imputadas en el fuero provincial declaró como colaboradora en la causa y señaló que recibía drogas (como éxtasis y LSD) por parte de J.J.T.Y., a través de encomiendas remitidas por una empresa de transporte que le enviaba desde Córdoba.
Tras el inicio del caso en el fuero federal, debido a que la producción de estupefacientes es una infracción a la ley 23.737 cuya investigación corresponde al MPF de la Nación, la Unidad Fiscal llevó adelante una serie de medidas para identificar a la persona señalada. En ese sentido, se le dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Tareas de investigación, entrega vigilada y allanamientos
“Hay una red interjurisdiccional que trafica drogas sintéticas, estupefacientes que tienen alta capacidad tóxica y hay un despliegue de dinero y transferencias”, indicó la auxiliar fiscal en la audiencia de formalización de la investigación y de control de detención, realizada el viernes pasado. Explicó entonces que durante las tareas investigativas se identificó a J.J.T.Y., que habría realizado una encomienda desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba que habría sido retirada en Jujuy por J.J.V..
Luego de que se profundizara la investigación y se solicitara el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de ambos, se observaron diversas transferencias de dinero a la cuenta de Vásquez, que luego eran enviadas de forma inmediata a J.J.T.Y.. Según señaló el MPF, J.J.V. no registra ningún tipo de trabajo y la única actividad que se le observó llevar adelante fue la venta de estupefacientes, a través de la modalidad conocida como “pasamano”.
Una de las encomiendas interceptadas con marihuana y otras drogas. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Además, de los informes solicitados a la empresa de transporte, surgió que existía “gran frecuencia y periodicidad” en los envíos realizados. También se pudo establecer que quienes iban a las oficinas de despacho tanto en Córdoba como en Jujuy eran los dos involucrados.
Tras una serie de medidas, se pudo identificar que la imputada F.R.T.S. era una de las principales destinatarias del dinero que enviaba J.J.T.Y. habitualmente. Incluso se identificó que una de las encomiendas fue enviada por la mujer el 8 de agosto pasado.
Además, en la trama se señaló también a G.B.G.M., destinatario en Tucumán de otra encomienda enviada por J.J.T.Y.. En ese marco, el 2 de septiembre último, se llevó adelante una apertura y entrega vigilada. En ese paquete se hallaron 225 dosis de cartones que resultaron positivos para LSD.
El 4 de septiembre, la PSA interceptó a G.B.G.M., que se había presentado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán para retirar el paquete. A partir de allí, se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios de los cuatro imputados, donde se secuestraron distintos tipos de estupefacientes (como marihuana y MDMA) e incluso un "combo" denominado "Faster and Furious" que lo integraban diferentes pastillas. Además, se incautaron celulares, computadoras y diversos elementos destinados a la fabricación y comercialización de drogas.
"Faster and Furious", parte del material estupefaciente secuestrado en la casa de uno de los imputados Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Al momento de sustentar la imputación, la fiscalía se basó en la evidencia que surgió del levantamiento del secreto fiscal, las conversaciones entre los involucrados (obtenidas luego de la intervención de los celulares), los informes de la PSA y de la ARCA; las filmaciones obtenidas de las cámaras de seguridad y los distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.
Además, Orsetti requirió un plazo de 110 días hábiles y la autorización para peritar celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados. Indicó además que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) colabora en el caso y pidió la prisión preventiva para los cuatro por tratarse de “delitos graves vinculados al tráfico de estupefacientes que se encuentra conminado con una pena privativa de la libertad que parte de los 4 años de prisión como mínimo”.
El juez homologó las imputaciones e hizo lugar a la prisión preventiva de J.J.T.Y. y J.J.V.. En el caso de G.B.G.M. y F.R.T.S., les prohibió la salida del país sin autorización judicial y ordenó que se presenten cada siete días en una delegación de la Policía Federal Argentina.
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La señora Alejandra Argota, madre del pequeño David, volvió a alzar la voz en busca de justicia y de respuestas ante el caso que conmovió a toda la provincia. Su hijo sufrió un grave daño en el Hospital Materno Infantil de Jujuy, cuando un enfermero le colocó leche por vía endovenosa, un hecho que puso en riesgo su vida y que hoy llega a instancia judicial.
Tal cual lo había indicado el abogado Carlos Espada, quien lleva el caso del pequeño David.
El juicio contra el profesional de la salud acusado, se llevará a cabo los días 1, 2, 3 y 6 de octubre, fechas que la familia espera con ansiedad y esperanza de que se logre una condena ejemplar. Alejandra relató que, afortunadamente, su bebé se encuentra actualmente en buen estado de salud, aunque debe continuar con controles médicos periódicos tras recibir el alta. “Dios nos brinda fortaleza, Él es nuestra esperanza. Mi hijo va de la mano de Dios contra todo diagnóstico”, expresó con fe y convicción.
La madre también contó que, junto a su familia, solicitaron una audiencia con el gobernador de Jujuy, con el fin de relatar en detalle lo sucedido dentro del hospital y transmitir el sufrimiento que les tocó atravesar. Además, adelantó que aprovecharán el encuentro para visibilizar las dificultades que enfrentan en su vida diaria, ya que en su vivienda muchas veces no cuentan con acceso regular a agua ni a electricidad, lo que agravaría la situación de cuidado del pequeño David.
El abogado Carlos Espada ya había indicado que debe hacerse un llamado a que se refuercen los controles en los hospitales y se garantice la seguridad de cada niño que ingresa en busca de atención. En tanto Alejandra Argota remarcó que “Lo que le pasó a mi hijo no debería repetirse nunca más”, afirmó con firmeza, mientras se prepara para enfrentar las jornadas judiciales que marcarán un antes y un después en su historia familiar.
Por Juan Quispe
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Este miércoles 10 de septiembre se realizará la inauguración oficial de la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña. En el mismo acto se llevará a cabo la entrega de premios a los niños y niñas ganadores del certamen.
La iniciativa, impulsada por la empresa Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística, convocó a estudiantes de entre 9 y 12 años de edad de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. Este año, se recibieron 642 obras originales en la disciplina pintura, realizadas con técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores, collage y combinaciones de ellas.
El concurso contó con la participación de instituciones educativas de nivel primario de gestión estatal y privada, y se destacó por el talento, la creatividad y la sensibilidad artística de los niños y niñas que presentaron sus trabajos.
La muestra permanecerá abierta al público a partir del 10 de septiembre, ofreciendo una oportunidad única para apreciar el arte infantil jujeño en todo su esplendor.
A continuación, repasamos los premiados y las menciones del Jurado.
Premiados:
Primer Premio: Iris Jazmín Illesca – Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”
Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: Profesor Hugo Daniel Arjona (docente)
Segundo Premio: Valentino Paz - Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”
Tercer Premio: Morena Aylin Duran - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”
Cuarto Premio: Abril Ángeles Armella - Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”
Menciones del jurado:
Gustavo Casimiro - Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán –Tumbaya
José Ernesto Rey Campero – Colegio Los Lapachos
Ximena Abigail Molina - Escuela N° 468 – Alto Comedero
Tiara Jazmín Cruz - Escuela N°418 “Eva Perón”
Jonatan Gamaliel Ortega - Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica)
Morena Luciana Valdiviezo – Escuela Normal
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En línea con un recurso de impugnación presentado por la Unidad Fiscal de Jujuy, a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, convalidó un secuestro de 478 kilos de cocaína en Jujuy que había sido declarado nulo por haber sido realizado por la justicia provincial, sin competencia en un delito de jurisdicción federal como el transporte y almacenamiento de estupefacientes.
El 20 de junio pasado, luego de recibir una denuncia anónima que indicaba que una persona de la localidad jujeña de La Quiaca se dedicaba al narcotráfico, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy coordinó un operativo de prevención en el que se detuvo a una persona que conducía un camión en el que trasportaba 213 paquetes tipo ladrillos que contenían en su totalidad 228 kilos de clorhidrato de cocaína. Al día siguiente, y con una orden judicial del juez provincial, se allanó un galpón donde se incautaron otros 250 kilos de cocaína.
El caso fue formalizado por la fiscalía jujeña hasta que la justicia provincial aceptó el pedido de inhibitoria efectuado por la Unidad Fiscal Federal de Jujuy que, enterada del caso, reclamó por su competencia.
Sin embargo, el 5 de julio, cuando se pretendió formalizar la investigación -tal como establece el Código Procesal Penal Federal (CPPF)-, la jueza federal de Garantías de Jujuy Carina Gregoraschuk resolvió declarar la ilegalidad de la detención y del procedimiento y tener por no formalizada la acusación al sostener que la fiscalía y el juzgado provincial no estaban facultados para actuar en el caso atento a que se trataba de un delito de competencia federal.
El fallo fue impugnado por el fiscal federal Zurueta y el caso llegó a la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que, el 6 de agosto pasado, calificó de “arbitraria” la resolución de la jueza Gregoraschuk y convalidó los procedimientos, la detención y el secuestro de los 478 kilos de cocaína.
Los jueces de alzada fueron críticos con de la resolución de la magistrada y sostuvieron que una detención por un hallazgo de estupefacientes efectuado por la justicia provincial no la transforma en ilegal ya que existió un control por parte de un juez de Garantías y un fiscal provinciales.
El fallo de la Cámara
La Cámara agregó que los actos procesales efectuados ante la justicia provincial, como la audiencia imputativa, pueden ser reproducidos una vez aceptada la competencia por parte de la jurisdicción federal sin generar perjuicio alguno para la defensa. Además, hizo hincapié en la cantidad de droga hallada y destacó que todos los actores tienen que “cumplir con una serie de funciones y de compromisos internacionales" para velar por la sociedad y "protegerla del flagelo de narcotráfico”.
Los camaristas agregaron que hay que “dejar que estas actuaciones se formalicen y allí se discuta con total amplitud las garantías y las demás cuestiones de detalles que hacen a la plataforma fáctica compleja de estas actuaciones”.
En un tramo del fallo, uno de los jueces enfatizó que es “conocida la doctrina de la jurisprudencia de la Corte que, con interpretación de los artículos 5 y 7 de la Constitución Nacional, entiende que mientras no haya una ilegalidad en el procedimiento realizado en sede provincial, esos actos son válidos” y que no corresponde “hacer lugar a la nulidad por la nulidad misma” ya que “es necesario que los delitos no rindan fruto, que la investigación de la justicia debe prevalecer, con lo cual la interpretación respecto de este punto es restrictiva”.
Un fallo sostenido en control horizontal
El fallo de la Sala 2 de la Cámara fue impugnado por la defensa del imputado, por lo que fue sometido al control horizontal por parte de la Sala 1, que rechazó el recurso al sostener que, si bien en el procedimiento se debió haber dado intervención a las autoridades federales, “nada inhibe ni impide que la comunicación se haga a la sede provincial” y, en este punto, citaron el fallo “Halford” emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018.
El juez Ernesto Sola destacó que, desde hace menos de cinco años, la provincia de Jujuy ha desfederalizado la competencia en relación a algunas figuras en materia de estupefacientes, por lo que “la competencia material en materia de narcotráfico no es ajena a la competencia o a la actuación jurisdiccional de sus órganos del Ministerio Público de la Acusación y de la justicia de control”.
El fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito Salta -que incluye la jurisdicción federal de Jujuy-, celebró el fallo que reivindica lo actuado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, por un fiscal ubicado en una zona estratégica y da pie para fortalecer los trabajos de investigación conjunta prevista en el artículo 90 y 123 del CPPF.
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