Un grupo que pertenecía a un espacio de la Senadora Carolina Moisés, en conferencia de prensa, se diferenció de la misma y renunció a su espacio.
Es que en el marco de la interna del Partido Justicialista , distrito Jujuy, algunos dirigentes de la lista “Generación Valiente” brindaron una conferencia de prensa, este lunes 26 de enero, a las 10 horas, en la sede partidaria de avenida 19 de Abril 1165, dónde indicaron sus diferencias con la senadora.
Carlos Ordoñez junto a otros, remarcaron que esto deviene por las decisiones en las cuales se le ha visto involucrada a la legisladora nacional, por lo cual, remarcaron que no se está respetando la línea partidaria. En tanto, también remarcó buscarán que aquellos que estuvieron en anteriores elecciones por otra corriente fuera de la oficial, no puedan tener un espacio dentro del partido.
Todos los presentes, compartieron el mismo relato.
Esto a pocos días de las internas que se deben celebrar para elegir a las nuevas autoridades del PJ jujeño.
Por ahora, hay dos listas, una que lidera Leyla Chaher y la otra, la Senadora Carolina Moisés.
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El presidente aseguró que se trata de la caída de “un dictador” y aseguró que el país que administra Donald Trump intervino porque Maduro es “un narcoterrorista”
El presidente de la República Argentina, Javier Milei, celebró el operativo de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y advirtió que el país acompañará la posición de la administración de Donald Trump en la reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia por Naciones Unidas.
“Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, aseguró el presidente Milei en declaraciones a LN+.
Para Milei, la captura de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador”, y consideró que “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder”.
“Estamos viendo la caída de un dictador”, repitió Milei y destacó que EEUU hizo la operación “porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español, con Podemos, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México, en Bolivia”.
Milei destacó además que el país ya está “trabajando para buscar una salida” al gendarme argentino secuestrado en Venezuela Nahuel Gallo: “Estamos redoblando los esfuerzos para tratar de que vuelva con vida” y que con el “cambio de régimen las chances de que sea más fácil con más altas”.
También aseguró que el hasta hace unas horas dictador de Venezuela “tiene como fuentes de ingreso el narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles” y que “con esto queda muy debilitado el régimen” por lo que debería asumir Edmundo González Urrutia quien “es el verdadero presidente”.
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El Estado peruano oficializó la promulgación de una nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que introduce cambios relevantes en el enfoque conceptual y normativo aplicado hasta ahora en políticas públicas vinculadas a género y educación. Cambia “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y reemplaza “Educación sexual integral” por “Educación sexual científica, biológica, ética y con valores”.
La norma, identificada como Ley N.º 32535, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano y es de autoría de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, integrante de la bancada Renovación Popular y pastora evangélica. El proyecto había sido aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 20 de noviembre con 79 votos afirmativos.
Uno de los ejes centrales de la ley es la redefinición del marco conceptual: se establece que la norma es aplicable exclusivamente a mujeres y hombres biológicos, reemplazando la expresión “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. En esa misma línea, se dispone que todas las instituciones públicas adopten el “Enfoque Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, dejando sin efecto el denominado “Enfoque Transversal de Igualdad de Género” en los documentos de gestión estatal.
Desde el Congreso se explicó que esta modificación busca recuperar el espíritu original de la Ley 28983, sancionada en 2007, cuyo objetivo era garantizar igualdad jurídica y social entre mujeres y hombres, sin incorporar conceptos que —según los impulsores de la reforma— no formaban parte de la intención inicial del legislador.
Cambios en el enfoque educativo
La nueva legislación también introduce una modificación sustancial en materia educativa. La denominada “Educación sexual integral” es reemplazada por la “Educación sexual científica, biológica, ética y con valores”, subrayando el derecho de los padres a participar activamente en la formación de sus hijos.
Al respecto, la congresista Jáuregui de Aguayo sostuvo que la reforma apunta a brindar un marco educativo basado en la ciencia, la ética y el respeto por la familia, evitando la imposición de contenidos ideológicos en el sistema educativo. “Con esta ley retomamos la sensatez en nuestro ordenamiento jurídico y reafirmamos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, afirmó.
Alcances institucionales y judiciales
Entre otros puntos, la ley establece que jueces y fiscales recibirán capacitación en “Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en reemplazo de las formaciones centradas en el “Enfoque de Género”. Asimismo, se prohíbe que dichas capacitaciones sean impartidas por organizaciones no gubernamentales cuyos integrantes mantengan litigios contra el Estado peruano en instancias nacionales o internacionales.
Finalmente, la norma dispone que toda referencia presente en la legislación vigente a expresiones como “Enfoque de Género”, “Equidad de Género” o “Igualdad de Género” deberá ser interpretada legalmente como “Enfoque de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”.
Con esta promulgación, Perú abre una nueva etapa en el debate sobre igualdad, educación y políticas públicas, en un contexto regional marcado por fuertes tensiones ideológicas y culturales.
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La Unidad Fiscal Jujuy imputó a dos trabajadores y a la firma Dosan Inversiones SRL por contrabando de exportación e importación agravado de carne. La maniobra, realizada en marzo de 2024, habría involucrado el traslado de 15 medias reses hacia Bolivia, por un paso no habilitado, y el cobro posterior de más de 22 millones de pesos.
La audiencia se desarrolló el viernes pasado ante el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen -en carácter de interino del Juzgado Federal 2-, y estuvo a cargo de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, del Área de Flagrancia de la mencionada unidad fiscal. El caso había tenido una primera audiencia de formalización el 13 de junio anterior.
En esa oportunidad, la fiscalía imputó a César Daniel Fatti por contrabando de exportación e importación en calidad de partícipe necesario, y a Marcos Ariel Saavedra por contrabando de importación. En la audiencia reciente, se amplió la imputación con el agravante previsto en el artículo 865 inciso “i” del Código Aduanero, aplicable cuando el valor en plaza de la mercadería supera los tres millones de pesos.
Asimismo, con fundamento en el artículo 887 del mismo cuerpo normativo, la fiscalía extendió la imputación a la empresa, en su carácter de responsable solidaria por los delitos aduaneros atribuidos a sus dependientes.
El caso
Según expuso la fiscalía, los hechos comenzaron el 11 de marzo de 2024, cuando una patrulla del Escuadrón 21 La Quiaca de Gendarmería recorría un sector fronterizo próximo a un paso ilegal habitualmente utilizado. Los efectivos observaron a Fatti León y Saavedra ingresar desde Bolivia y, al identificarlos, detectaron que el primero llevaba 22.638.550 pesos, los cuales fueron secuestrados junto a su teléfono celular.
La investigación inicial permitió establecer que ambos hombres trabajaban en una carnicería que la firma posee en La Quiaca y que ninguno pudo justificar el dinero. Posteriormente, se reconstruyó que cuatro días antes, el 7 de marzo, el empleado que transportó los fondos había intervenido en el traslado ilegal hacia Bolivia de 15 medias reses, mediante un camión Iveco de la empresa.
La operación se concretó en dos momentos -mañana y tarde- y finalizó con el vehículo estacionado a escasos metros de la frontera, sin utilizar el paso habilitado. Desde allí, la mercadería fue transferida a territorio boliviano. Según la hipótesis fiscal, el cobro de la operación ocurrió días después, cuando los dos empleados viajaron nuevamente al país vecino.
La fiscalía sostuvo que la hipótesis se corrobora con diversas evidencias: reporte de geoposicionamiento del camión, impacto de antenas del teléfono celular y mensajes intercambiados entre el imputado y su pareja, en los que se describen la carga y descarga de las reses. Entre los mensajes figuran expresiones como: “Estamos bajando”, “Con carne”, “Recién cargamos 15 medias” y “Vamos a ir a descargar”. En otro chat, su pareja advierte: “A pie están gendarmes”.
La empresa
La fiscalía sostuvo que la empresa estuvo directamente vinculada a las maniobras. En el expediente consta que la firma requirió formalmente la restitución del dinero incautado, aduciendo que era producto de una venta a una clienta y aportando factura y documentación respaldatoria. También acompañó constancias de relación laboral de los empleados.
De esos registros surge que Saavedra fue incorporado a la firma el 8 de marzo de 2021, mientras que Fatti León fue registrado recién el 13 de marzo de 2024, dos días después del procedimiento donde se secuestró el dinero.
Asimismo, se verificó que otros empleados registraban múltiples movimientos migratorios hacia la ciudad boliviana fronteriza de Villazón en horarios coincidentes y con permanencias breves, entre dos y tres horas.
Sobre la firma Dosan Inversiones SRL, se estableció que fue constituida el 10 de noviembre de 2009 en la ciudad de Salta y registra más de diez puntos de venta, entre ellos la carnicería ubicada en La Quiaca. Según los organismos de control, desarrolla diversas actividades vinculadas a la comercialización mayorista y minorista de carnes. La empresa cuenta con registro como Agente Aduanero, pero se encuentra suspendida para operar en comercio exterior desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios extraordinarios.
Con estas evidencias, la fiscalía fundó la imputación contra la empresa como persona jurídica, según lo previsto en 864 inc. “a” y 865 inc. “i” del Código Aduanero, que prevén penas de 2 a 8 años de prisión para quien importe o exporte mercadería por lugares no habilitados, y el agravante de cuando el valor en plaza supera los tres millones de pesos, lo que, en este caso, quedó acreditado.
También se citó el artículo 887 del mismo código, el cual establece la responsabilidad solidaria de la empresa respecto a las penas pecuniarias que se impongan a sus dependientes por la comisión de delitos aduaneros en ejercicio u ocasión de sus funciones.
Sin oposiciones de las defensas, el juez dio por formalizada la ampliación del objeto procesal y prorrogó las medidas de coerción dispuestas sobre Fatti León y Saavedra, entre ellas la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas y el compromiso de no entorpecer el trámite de la investigación.
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