“En la Argentina hay 155 distintos tipos de tributo; 85 municipales, 45 nacionales y 25 provinciales. Diez explican el 92% del total”, recordó el director del Iaraf, que actualiza anualmente su “Vademecum impositivo”.

La decisión del Municipio de Pilar, encabezado por el intendente Federico Achával, de modificar la “Tasa de Protección Ambiental”, que desde el próximo 15 de diciembre dejará de ser de un monto fijo por módulo y pasará a calcularse sobre cada operación (en definitiva, sobre la facturación), con una tasa del 2%, provocó airadas reacciones que incluyeron al ministro de Economía, Luis Caputo, y, en primera instancia a dirigentes del sector de super e hípermercados.

Cada ticket que emitan las cadenas de supermercados cargará con ese 2%, que impactará de lleno sobre los precios que pagarán los consumidores en esa localidad bonaerense.

“Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”, posteó Caputo en la red X.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la secretaria de Hacienda del municipio, Anahí Moretti, pidiendo una audiencia “urgente”. En el texto, el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, advirtió que la aplicación de la nueva alícuota generará “graves perjuicios” a los vecinos de Pilar y que los supermercados “enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria”.

El intendente de Pilar, Federico Achával, junto al gobernador Axel Kicillof

Sucede que las cadenas recibieron la notificación oficial de una medida, (surgida de una Ordenanza Fiscal) que comenzó a regir en forma inmediata y se aplica sobre todas las transacciones realizadas desde diciembre. Según comunicó la Intendencia local, las cadenas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para ajustar sus sistemas, es decir apenas cinco días hábiles, los de la semana próxima, para ajustar el sistema y hacer incluso cálculos retroactivos.

ASU remarcó que el 2% encarece cada producto vendido en el municipio con “traslado inmediato al consumidor”. La ausencia de un mínimo no imponible, explicó, implica que la percepción se aplica sobre cualquier importe.

Por su parte, los hipermayoristas agrupados en la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresaron su “profunda preocupación y rechazo". La nueva carga, dijeron, impactará de manera inmediata en el precio final que pagan los consumidores (...) encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias”.

La disposición municipal, agregaron, “profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que, inevitablemente, traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos”. Casi la mitad del precio de un paquete de fideos, apuntaron, son ya impuestos y sumar tributos municipales “no solo desalienta la actividad comercial, sino que termina afectando el bolsillo de millones de familias”.

Una nueva jornada de degustaciones tuvo lugar en la avenida Congreso 697, en pleno corazón de la ciudad siderúrgica. La iniciativa, impulsada por la empresa Pastas Aranda, continúa desarrollándose en distintos puntos de la provincia y ya se ha convertido en un punto de encuentro esperado por los vecinos. Al enterarse de la actividad, muchas familias se acercaron para participar de la preparación en vivo y disfrutar de los platos elaborados por el chef invitado.

El evento contó con un ambiente festivo: música, gazebos preparados para la ocasión, sillas, espacios comunes para compartir y una cocina montada especialmente para la demostración culinaria. Sobre una gran mesa se exhibieron los ingredientes utilizados para las recetas del día. Así, Palpalá pudo deleitarse con ñoquis y canelones, dos propuestas ideales para acompañar la jornada de intenso calor.

De manera paralela, el mini mercadito Rafa se vio colmado de vecinos que, además de realizar sus compras, aprovecharon para participar en los sorteos y premios especiales que Pastas Aranda dispuso para los asistentes. La convocatoria superó las expectativas y dejó en evidencia el creciente interés de la comunidad por estas acciones gastronómicas itinerantes.

“Muy orgullosos de estar en otra degustación. Nos satisface muchísimo que nos sigan eligiendo. Somos el verdadero sabor casero”, expresó Juan Aranda, propietario de la empresa. También destacó que la distribuidora oficial en la región es Tiraxi, un aliado clave para la expansión y presencia de la marca en toda la provincia.

La jornada cerró con un clima de agradecimiento y entusiasmo por parte de los organizadores, quienes adelantaron que continuarán recorriendo más localidades con nuevas propuestas para seguir acercando el sabor tradicional de Pastas Aranda a cada hogar jujeño.

Los Dres. Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo prestaron juramento y se posesionaron en sus cargos como Jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en una ceremonia realizada hoy, 27 de noviembre de 2025, en el Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial.

El acto fue encabezado por el gobernador de la provincia, CPN Carlos Sadir, y los jueces del Alto Cuerpo Dres. Federico Otaola –vicepresidente-, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas; acompañados por el vicegobernador Alberto Bernis;

En la ceremonia estuvieron presentes el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bosatti; la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Dra. María Gabriela Burgos, y su Adjunto, Dr. Matías Luna; jueces y juezas del Poder Judicial, el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo Dr. Normando Álvarez García; el vicepresidente segundo de la Legislatura, Pedro Belizán; el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos Partido Justicialista  Rubén Armando Rivarola, y legisladores provinciales.

Asimismo, asistieron el intendente municipal de San Salvador de Jujuy, Arq. Raúl Jorge; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Alejandro Domínguez; el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Dr. Ramiro Tizón; el secretario general de la Asociación Judicial, Fredy Berdeja; funcionarios y empleados judiciales; familiares e invitados especiales.

Luego del juramento, al hacer uso de la palabra, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Federico Otaola, destacó la trascendencia institucional del acto. Señaló que el nombramiento de los nuevos jueces “implica sembrar un camino hacia el futuro, un hito en la historia de la justicia de Jujuy”.

Asimismo, remarcó la importancia del funcionamiento pleno de los poderes del Estado: “Convivir en un Estado de Derecho implica acatar sus normas y comprender que está compuesto por tres poderes, uno de los cuales hoy se completa y se complementa para brindar un mejor servicio de justicia”, afirmó.

El Dr. Otaola enfatizó que esta consolidación institucional permite que la provincia “pueda vivir en el marco de la defensa de los derechos y garantías constitucionales y de la paz social” y recordó que la función esencial del Poder Judicial es “garantizar la vigencia del Estado de Derecho, solucionando problemas individuales y colectivos”.

Al finalizar su mensaje, dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia y expresó: “les deseo el mayor de los éxitos, estoy seguro que por sus calidades personales y profesionales trabajaremos en comunión para construir el bienestar de todos los habitantes de la provincia”, concluyó.

Mensaje del Gobernador de la Provincia

Posteriormente, en diálogo con los periodistas, el gobernador Carlos Sadir celebró la integración plena de la Suprema Corte de Justicia y manifestó su satisfacción por la asunción de los nuevos magistrados. Indicó que, con esta jura, “se va integrando nuevamente la Corte, porque hoy faltaban algunos miembros, así que estamos muy contentos de que sea así”. Agradeció a los nuevos jueces por aceptar el cargo y les deseó “el mejor de los éxitos”.

El primer mandatario provincial también destacó la participación articulada de los tres poderes del Estado en el proceso de designación. “Intervinieron los tres poderes: el Ejecutivo que remite al Legislativo para el tratamiento y aprobación de los acuerdos y, una vez conformado ello, vuelven al Ejecutivo para la redacción de los decretos correspondientes, culminando aquí en el Poder Judicial”, explicó.

Asimismo, destacó la trayectoria y profesionalismo de los nuevos jueces y señaló que son profesionales de la abogacía con cualidades personales y profesionales.

Finalmente, el gobernador Carlos Sadir expresó su reconocimiento por la tarea que iniciarán. “Seguramente tendrán una gran labor en los años que vienen. Estamos completando la Corte y les deseo el mejor de los éxitos en su gestión”, afirmó.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, promulgó una enmienda constitucional que convierte a la provincia en la primera jurisdicción de Argentina sin fueros de ningún tipo. Esta decisión fue avalada por el 63.61% de los votantes en un referéndum vinculante realizado el 26 de octubre.

Los fueros (también llamados inmunidades especiales) son protecciones legales otorgadas a ciertos funcionarios públicos, magistrados, legisladores y, en algunos casos, dirigentes sindicales.

Es importante destacar que existían dos tipos de inmunidades distintas. La inmunidad de opinión protegía a los legisladores por las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, garantizándoles la libertad de manifestar sus ideas y posiciones políticas sin temor a represalias judiciales. Por otro lado, la inmunidad de arresto y de proceso impedía que los funcionarios fueran detenidos o sometidos a juicio sin una autorización previa del Poder Legislativo, lo que comúnmente se conoce como el “desafuero”.

La reforma chubutense eliminó los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial que garantizaban estas inmunidades judiciales y de arresto. Con esto, a partir de su promulgación el pasado 7 de noviembre, ningún funcionario, legislador, magistrado ni dirigente sindical gozan de protecciones especiales que impidan su arresto, allanamiento o proceso penal.

Torres impulsó esta medida bajo el concepto de que “nadie debe estar por encima de la ley”. Su argumentación se centra en que los fueros representan “privilegios injustificados” que crean ciudadanos de primera y segunda clase. Torres enfatizó que la reforma constituye “una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley” y describió los fueros como habiendo estado “de la mano de la desidia y la corrupción”.

El lema central de la campaña fue “Chubut sin fueros”, transmitiendo la idea de que eliminar estos privilegios avanzaría hacia mayor transparencia institucional y equidad.

Sin embargo, la reforma mantiene el “fuero de opinión”, la protección que resguarda la libertad de expresión de los representantes electos. Esta distinción es importante porque diferencia entre proteger la capacidad de hablar libremente en funciones públicas —que se mantiene— y proteger a las personas de la acción de la justicia por delitos comunes —que desaparece.

La consecuencia práctica más significativa es que ahora si una condena judicial contra cualquiera de estos funcionarios queda confirmada, puede ejecutarse inmediatamente sin necesidad de un desafuero o autorización legislativa adicional.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicales de Chubut (AMFJCH) sostuvo que los fueros no son privilegios personales, sino garantías institucionales necesarias para proteger la independencia judicial. Según esta perspectiva, los fueros no protegen a los jueces como individuos, sino que son mecanismos destinados a permitir que el Poder Judicial funcione sin presiones políticas, económicas o mediáticas.

Los magistrados argumentaron que eliminar los fueros “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial” y explicaron que estos fueros existen desde la antigüedad para proteger a los primeros parlamentarios de reyes todopoderosos. La idea es que sin estas protecciones, un ejecutivo poderoso podría usar la justicia como herramienta de represión contra jueces que toman decisiones que le desagradan.

Líderes gremiales argumentaron que los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que los representantes de trabajadores puedan reclamar y protestar sin miedo a represalias judiciales. Omar Unquén, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, advirtió que la eliminación “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.

Un argumento sindical interesante es que varios líderes señalaron que si un sindicalista comete un delito, la justicia ya puede actuar como con cualquier otro ciudadano. En otras palabras, el fuero no protege actos delictivos en flagrancia. La distinción es sutil pero importante, ya que los fueros protegen de represalias por actividades gremiales legítimas, no de investigaciones por delitos comunes.

Lo notable de este cambio es que fue legitimado democráticamente por los ciudadanos. La Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional en marzo de 2025, y luego se convocó a un referéndum vinculante donde los chubutenses debían decidir si respaldar o rechazar la medida.

Incluso cuando magistrados presentaron recursos judiciales intentando frenar la consulta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habilitó el referéndum, considerando que el proceso se ajustaba a los mecanismos constitucionales vigentes en la provincia. Con más de 280 mil votantes participando, quedó claro que los chubutenses, al menos mayoritariamente, preferían un sistema donde todos fueran iguales ante la ley.

Fuente: data 24