La compañía recibió el certificado de Crédito Fiscal en el marco de la Ley Provincial de Promoción de Inversiones y el Empleo.

La empresa china Tsingshan South America recibió de manos del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, el certificado de Crédito Fiscal  en el marco de la Ley N° 5922 de Promoción de Inversiones y el Empleo.

La compañía es la primera productora de níquel y acero en el mundo y avanza en la construcción de su planta en el Parque Industrial de Perico.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, indicó que la empresa china tiene el proyecto más importante del Parque, el cual está listo para funcionar en pocos días.

“Anunciaron un incremento de su proyecto, lo que implica una inversión importante para producir un insumo del litio, impulsando de esta manera el crecimiento del precio del mineral”, agregó.

A su vez, el funcionario ponderó que la empresa genera puestos de trabajo, lo que es de interés principal del Gobierno de Jujuy. La compañía ya cuenta con aproximadamente 200 empleados, siendo un 80% de mano de obra local. Abud sostuvo que el gobernador destacó el cumplimiento de los plazos y el apoyo recibido durante las distintas etapas del proyecto. “Están ansiosos por comenzar a operar y eso mueve la economía”, señaló.

Por su parte, el presidente Tsingshan South America, Jing Li, expresó: “luego de varios años de trabajo, estamos felices de continuar con nuestra inversión aquí. Este beneficio fiscal por la Ley de Inversiones de Jujuy demuestra el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la industria”. Acompañaron el acto de entrega el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.

La compañía inaugurará en Jujuy una planta de insumos industriales ubicada en el Parque Industrial de Perico que requirió una inversión de 120 millones de dólares y estará destinada a la producción de diversos productos estratégicos para la cadena de valor del litio.

En una entrevista con Urgente Jujuy, la abogada Alicia Chalabe, representante legal de la dra. Claudia González, se refirió al estado actual del proceso judicial que involucra a su defendida y al Secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro. Según explicó, la causa se encuentra en una etapa avanzada y las partes están a la espera de que se dicte sentencia.

El conflicto se originó a partir de una denuncia por daño moral presentada por el funcionario provincial contra González, quien además se desempeña como representante de la asociación de defensa del consumidor Proconsumer. La acción judicial tuvo como punto de partida declaraciones realizadas durante una entrevista periodística en el año 2022, en la que la letrada abordó temas vinculados a su labor profesional y a cuestiones de interés público relacionadas con el área energética y los aumentos de las boletas de luz y quienes debían responder por ello.

Consultada sobre la situación personal y anímica de su defendida, Chalabe sostuvo que “Claudia se encuentra bien. Ella no hizo más que responder, en su carácter de abogada y defensora de los consumidores, a las preguntas que le formuló el periodista en el marco de esa entrevista”. En ese sentido, remarcó que las expresiones vertidas se dieron dentro del ejercicio legítimo de su profesión y en cumplimiento de su función social.

Asimismo, la representante legal subrayó la relevancia del debate público cuando se trata de la actuación de funcionarios del Estado. “Mientras exista un funcionario público, la ciudadanía tiene derecho a saber qué función ejerce y de qué manera la ejerce”, afirmó Chalabe, enfatizando que el control y el cuestionamiento de la gestión pública forman parte del sistema democrático y del derecho a la información.

De esta manera, la defensa sostiene que las declaraciones realizadas por González se encuadran en el ámbito de la libertad de expresión y en el ejercicio profesional de la abogacía, a la espera de que la Justicia se expida de manera definitiva sobre el planteo presentado.

La defensa del enfermero que trabajaba en el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, y que había sido condenado a la pena de siete años de prisión efectiva más diez años de inhabilitación absoluta, luego de ser declarado autor penal y materialmente responsable de los delitos de “Lesiones graves con dolo eventual e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, había recusado a la justicia en audiencia de impugnación pero no dieron lugar. 

Así lo informó Carlos Espada, el abogado de la familia  del pequeño David. 

Acusación

Según la requisitoria de la Fiscalía, uno de los hechos por el que se enjuicio a Fabián Solano ocurrió el 23 de abril de 2025 en la Sala Verde del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, aproximadamente entre horas 8:00 y 08.30.

En esos momentos, el acusado, en su calidad de enfermero de dicho nosocomio, ingresó a la sala de internados para cumplir sus funciones y tras asistir al paciente de la cama número 13 procedió a atender a un niño de 6 meses de edad, quien se encontraba internado recuperándose de una operación quirúrgica.

Fue entonces que Solano le suministró al bebé leche líquida por vía endovenosa provocándole un derrame precárdico leve a moderado con riesgo de vida, siendo luego derivado por el personal médico actuante con urgencia a la Sala de Terapia Intensiva ante la gravedad del cuadro de salud del niño; quien, debido al accionar del cuerpo médico salvó la vida.

El otro hecho tuvo lugar el 30 de septiembre de 2022, cerca del mediodía, aproximadamente a horas 11:30, en el quirófano N° 1 ubicado en el Servicio de Cirugía del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”.

En el lugar, el acusado Fabián Solano en su calidad de enfermero, incumpliendo sus deberes y arrogándose funciones médicas que no le son inherentes, habría procedido a anestesiar a un paciente de 8 años de edad que debía ser operado por abdomen agudo, sin la presencia del médico anestesiólogo de la guardia.

El diputado provincial Gustavo Ballesty, referente de La Libertad Avanza en Jujuy, presentó un pedido formal de informe vinculado a la empresa estatal Cannava S.E., con el objetivo de acceder a información pública sobre las remuneraciones percibidas (sueldos) por su ex presidente, Gastón Morales.

La solicitud fue dirigida a la Auditoría General de la Provincia, al área de Gobierno Abierto de Jujuy y a la propia empresa Cannava S.E., en el marco de las normativas vigentes de acceso a la información pública. Entre los puntos requeridos, el legislador pidió precisiones sobre los salarios y haberes que Morales habría percibido desde enero de 2019 hasta enero de 2026, período en el que se desempeñó al frente de la firma estatal.

Asimismo, Ballesty solicitó información detallada sobre los viajes realizados por los directores de la empresa, tanto dentro como fuera del país, incluyendo los costos asociados a traslados, alojamientos, viáticos y demás gastos operativos afrontados con fondos públicos. Otro de los aspectos centrales del pedido es conocer si, tras la desvinculación del ex presidente de Cannava, se abonó algún tipo de indemnización, pese a que su salida se habría producido por renuncia.

En ese sentido, el diputado remarcó la importancia de que la ciudadanía conozca con claridad cuánto perciben los funcionarios y directivos de empresas estatales, y si durante su gestión se registraron aumentos salariales sin el debido conocimiento público. “La transparencia es una obligación y no una opción cuando se trata de recursos del Estado”, expresó.

De acuerdo a lo establecido por la ley provincial de acceso a la información pública, los organismos involucrados cuentan con un plazo de 15 días hábiles para responder al requerimiento. Ballesty advirtió que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria por la vía administrativa, se evaluará avanzar con acciones judiciales para garantizar el acceso a la información solicitada.

El pedido se suma a una serie de iniciativas impulsadas desde la banca del diputado Gustavo Ballesty de La Libertad Avanza con el objetivo de cumplir con lo se comprometió en campaña sobre reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración de empresas estatales en la provincia.

 Por Juan Quispe