En Jujuy, la siniestralidad vial se ha convertido en una de las causas más visibles de muerte durante 2024, y aunque se registran mejoras, persisten cifras que llaman la atención; al mismo tiempo, falta transparencia o datos públicos para otras causas sanitarias.
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Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Vial, en 2024 hubo 4.037 siniestros viales en la provincia, con 113 víctimas fatales. Esto representa una disminución respecto a 2023, donde la tasa fue un poco más alta.
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Del total de accidentes en 2024, 1.122 involucraron conductores bajo efectos de alcohol o drogas; estos casos representaron una porción importante de los siniestros graves.
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También se reportan otras causas frecuentes como distracción, pérdida de control del vehículo, y caídas de motos o bicicletas.
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Jujuy ocupa el cuarto lugar nacional en tasa de mortalidad vial fatal entre provincias, con ~12,7 muertes por cada 100.000 habitantes.
Estas cifras muestran que los accidentes de tránsito siguen siendo una causa destacada de muerte, especialmente en gente joven, y que, aunque hubo avances en reducción, la situación sigue siendo grave.
Las muertes por accidentes viales tienen buena cobertura mediática y estadística; sin embargo, otras causas médicas que generalmente son responsables de muchas muertes parecen menos visibles. Esto puede deberse a que no se han actualizado los registros, o a que no se han difundido públicamente los datos.
La mortalidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte en Jujuy en 2024, pero no hay datos públicos confiables suficientes para afirmar qué enfermedades médicas son las más mortales en este periodo.
Por ello, la provincia debe seguir trabajando en los controles vehiculares y un integral trabajo de respeto a la seguridad vial.
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En el marco de una investigación llevada adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, cuatro personas fueron imputadas por haber participado en distintas maniobras de tráfico de drogas sintéticas como éxtasis y LSD desde Córdoba hacia Jujuy, que habrían llevado adelante desde abril y agosto de este año a través de siete encomiendas.
En la audiencia de formalización y ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Jujuy, se requirió la prisión preventiva para los cuatro -tres hombres y una mujer-. El juez Eduardo Hansen hizo lugar al pedido en relación a dos de ellos y a las otras dos personas les prohibió la salida del país y ordenó una serie de medidas para garantizar que no entorpezcan la investigación.
De acuerdo con lo planteado por la auxiliar fiscal Sofía Escudero, existió una maniobra de tráfico de drogas sintéticas entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este año. Según explicó, se pudieron reconstruir siete envíos de encomiendas de Córdoba a Jujuy, a través de los videos de las cámaras de seguridad de la empresa utilizada, las constancias remitidas por la compañía de transportes y las transferencias de dinero entre implicados.
Los tres hombres, identificados por sus iniciales como J.J.T.Y., G.B.G.M. y J.J.V., fueron imputados por el transporte de sustancias estupefacientes previsto en el artículo 5 inciso c de la ley 27.737. En el caso de J.J.T.Y., ese delito concurre de forma real con siete hechos de transporte en los que también intervino como coautor J.J.V.. Con respecto a la mujer, F.R.T.S., se la señaló como responsable de la tenencia con fines de comercialización.
El inicio del caso
La fiscalía explicó que la investigación comenzó el 26 de febrero de 2025, luego de la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ello se dio luego de un allanamiento realizado el 9 de febrero en la ciudad de Jujuy, donde se encontraron distintas sustancias, que llevaron a la sospecha de que se estaban produciendo estupefacientes de tipo sintético.
Una de las personas imputadas en el fuero provincial declaró como colaboradora en la causa y señaló que recibía drogas (como éxtasis y LSD) por parte de J.J.T.Y., a través de encomiendas remitidas por una empresa de transporte que le enviaba desde Córdoba.
Tras el inicio del caso en el fuero federal, debido a que la producción de estupefacientes es una infracción a la ley 23.737 cuya investigación corresponde al MPF de la Nación, la Unidad Fiscal llevó adelante una serie de medidas para identificar a la persona señalada. En ese sentido, se le dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Tareas de investigación, entrega vigilada y allanamientos
“Hay una red interjurisdiccional que trafica drogas sintéticas, estupefacientes que tienen alta capacidad tóxica y hay un despliegue de dinero y transferencias”, indicó la auxiliar fiscal en la audiencia de formalización de la investigación y de control de detención, realizada el viernes pasado. Explicó entonces que durante las tareas investigativas se identificó a J.J.T.Y., que habría realizado una encomienda desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba que habría sido retirada en Jujuy por J.J.V..
Luego de que se profundizara la investigación y se solicitara el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de ambos, se observaron diversas transferencias de dinero a la cuenta de Vásquez, que luego eran enviadas de forma inmediata a J.J.T.Y.. Según señaló el MPF, J.J.V. no registra ningún tipo de trabajo y la única actividad que se le observó llevar adelante fue la venta de estupefacientes, a través de la modalidad conocida como “pasamano”.
Una de las encomiendas interceptadas con marihuana y otras drogas. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Además, de los informes solicitados a la empresa de transporte, surgió que existía “gran frecuencia y periodicidad” en los envíos realizados. También se pudo establecer que quienes iban a las oficinas de despacho tanto en Córdoba como en Jujuy eran los dos involucrados.
Tras una serie de medidas, se pudo identificar que la imputada F.R.T.S. era una de las principales destinatarias del dinero que enviaba J.J.T.Y. habitualmente. Incluso se identificó que una de las encomiendas fue enviada por la mujer el 8 de agosto pasado.
Además, en la trama se señaló también a G.B.G.M., destinatario en Tucumán de otra encomienda enviada por J.J.T.Y.. En ese marco, el 2 de septiembre último, se llevó adelante una apertura y entrega vigilada. En ese paquete se hallaron 225 dosis de cartones que resultaron positivos para LSD.
El 4 de septiembre, la PSA interceptó a G.B.G.M., que se había presentado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán para retirar el paquete. A partir de allí, se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios de los cuatro imputados, donde se secuestraron distintos tipos de estupefacientes (como marihuana y MDMA) e incluso un "combo" denominado "Faster and Furious" que lo integraban diferentes pastillas. Además, se incautaron celulares, computadoras y diversos elementos destinados a la fabricación y comercialización de drogas.
"Faster and Furious", parte del material estupefaciente secuestrado en la casa de uno de los imputados Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Al momento de sustentar la imputación, la fiscalía se basó en la evidencia que surgió del levantamiento del secreto fiscal, las conversaciones entre los involucrados (obtenidas luego de la intervención de los celulares), los informes de la PSA y de la ARCA; las filmaciones obtenidas de las cámaras de seguridad y los distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.
Además, Orsetti requirió un plazo de 110 días hábiles y la autorización para peritar celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados. Indicó además que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) colabora en el caso y pidió la prisión preventiva para los cuatro por tratarse de “delitos graves vinculados al tráfico de estupefacientes que se encuentra conminado con una pena privativa de la libertad que parte de los 4 años de prisión como mínimo”.
El juez homologó las imputaciones e hizo lugar a la prisión preventiva de J.J.T.Y. y J.J.V.. En el caso de G.B.G.M. y F.R.T.S., les prohibió la salida del país sin autorización judicial y ordenó que se presenten cada siete días en una delegación de la Policía Federal Argentina.
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La señora Alejandra Argota, madre del pequeño David, volvió a alzar la voz en busca de justicia y de respuestas ante el caso que conmovió a toda la provincia. Su hijo sufrió un grave daño en el Hospital Materno Infantil de Jujuy, cuando un enfermero le colocó leche por vía endovenosa, un hecho que puso en riesgo su vida y que hoy llega a instancia judicial.
Tal cual lo había indicado el abogado Carlos Espada, quien lleva el caso del pequeño David.
El juicio contra el profesional de la salud acusado, se llevará a cabo los días 1, 2, 3 y 6 de octubre, fechas que la familia espera con ansiedad y esperanza de que se logre una condena ejemplar. Alejandra relató que, afortunadamente, su bebé se encuentra actualmente en buen estado de salud, aunque debe continuar con controles médicos periódicos tras recibir el alta. “Dios nos brinda fortaleza, Él es nuestra esperanza. Mi hijo va de la mano de Dios contra todo diagnóstico”, expresó con fe y convicción.
La madre también contó que, junto a su familia, solicitaron una audiencia con el gobernador de Jujuy, con el fin de relatar en detalle lo sucedido dentro del hospital y transmitir el sufrimiento que les tocó atravesar. Además, adelantó que aprovecharán el encuentro para visibilizar las dificultades que enfrentan en su vida diaria, ya que en su vivienda muchas veces no cuentan con acceso regular a agua ni a electricidad, lo que agravaría la situación de cuidado del pequeño David.
El abogado Carlos Espada ya había indicado que debe hacerse un llamado a que se refuercen los controles en los hospitales y se garantice la seguridad de cada niño que ingresa en busca de atención. En tanto Alejandra Argota remarcó que “Lo que le pasó a mi hijo no debería repetirse nunca más”, afirmó con firmeza, mientras se prepara para enfrentar las jornadas judiciales que marcarán un antes y un después en su historia familiar.
Por Juan Quispe
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