El incumplimiento de una orden judicial dictada por el Juzgado Ambiental derivó en una condena penal, en un caso que refleja la articulación entre ambos fueros para garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones en materia ambiental.

El Juzgado Penal Unipersonal a cargo del Dr. Martín de Athayde Moncorvo, condenó a un hombre a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta por el plazo de dos años, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “desobediencia judicial” previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El fallo, dictado el 18 de junio de 2026, tuvo origen en el incumplimiento una de sentencia ambiental firme dictada por la jueza Dra. Laura Flores, que ordenaba al condenado a cesar la acumulación y quema de residuos en un inmueble y remediar el predio afectado.

El origen del caso en el Juzgado Ambiental

El expediente se inició a partir de un reclamo de vecinos de la zona, quienes denunciaron que en un inmueble lindero se acumulaban neumáticos, motocicletas en desuso, chatarra, colchones y otros residuos, además de realizarse quemas frecuentes que generaban humo, olores molestos y afectaciones a la calidad de vida de las familias de la zona.

Tras analizar las pruebas producidas, la Jueza Ambiental dictó sentencia el 30 de mayo de 2022, ordenando al demandado cesar de manera inmediata el depósito, enterramiento y quema de residuos en el inmueble. Asimismo, dispuso que iniciara tareas de limpieza y remediación del predio, debiendo dejarlo libre de residuos y chatarras potencialmente contaminantes. La resolución estableció expresamente que, en caso de incumplimiento, podrían imponerse sanciones y remitirse las actuaciones a la justicia penal.

El incumplimiento persistente y la derivación a la justicia penal

Posteriormente, se realizaron diversas inspecciones por el Cuerpo Interdisciplinario de Expertos del Juzgado Ambiental en el lugar, que permitieron constatar que la situación persistía y que las medidas ordenadas no habían sido cumplidas. En consecuencia, mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2023, la Dra. Flores impuso al demandado una sanción monetaria, hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia, y dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía especializada en materia ambiental.

A pesar de las intimaciones judiciales y de las sanciones económicas impuestas, el incumplimiento continuó siendo verificado mediante informes técnicos e inspecciones posteriores del equipo especializado del Juzgado Ambiental.

La condena Penal

En su resolución, el Dr. Martín de Athayde Moncorvo, entre las reglas de conducta impuestas, dispuso dar estricto cumplimiento a la sentencia ambiental dictada en 2022, disponiendo la limpieza integral del inmueble en un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.

La resolución evidencia que el incumplimiento de una sentencia ambiental puede generar consecuencias que exceden el ámbito civil. Cuando una orden judicial firme es desobedecida de manera persistente, la conducta puede dar lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio de las sanciones económicas y medidas de ejecución dispuestas para asegurar la protección efectiva del ambiente y los derechos de las personas afectadas.

La resolución penal aún no se encuentra firme y podría ser objeto de los recursos previstos por la legislación vigente

El abogado Carlos Sebastián Espada informó que la Justicia Laboral dictó una sentencia favorable para la familia de Mayra Tolaba, la joven agente de la Policía de Jujuy que falleció en noviembre de 2022 luego de sufrir un grave accidente de tránsito cuando regresaba a su domicilio tras cumplir funciones laborales.

La resolución fue notificada el pasado 18 de junio en el expediente caratulado “Tolaba, Abdón y Valdez, Ana c/ Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy”, que tramita ante la Sala II del Tribunal del Trabajo. Si bien la sentencia aún no se encuentra firme, representa un importante avance para los familiares de la joven.

Espada resaltó que la familia recibirá aproximadamente 100 millones de pesos como indemnización reconocida a la familia, y la Justicia logró desvirtuar la versión sostenida por el Estado durante el proceso judicial.

“Lo más importante es que pudimos superar el argumento que intentaba responsabilizar a Mayra por lo ocurrido. La familia cargó durante años con esa situación y hoy la Justicia reconoció que los hechos sucedieron de una manera muy distinta”, sostuvo el letrado.

Durante el juicio, una de las posiciones planteadas fue que el accidente no guardaba relación con las obligaciones laborales de la agente. Sin embargo, la prueba producida permitió acreditar que Mayra Tolaba había sido convocada a cumplir un recargo de servicio en la localidad de Santa Clara y que, al finalizar sus tareas durante la madrugada, no contaba con transporte público para regresar a su domicilio en La Mendieta.

La sentencia destaca que la joven inició el regreso a su hogar utilizando distintos medios de transporte, siendo trasladada en una primera instancia por un móvil policial hasta la zona del puente San Pedro y completando posteriormente el trayecto en motocicleta junto a un familiar.

En ese sentido, el Tribunal entendió que esta circunstancia no interrumpió el nexo entre el trabajo y el accidente. Por el contrario, valoró que la utilización de distintos medios de traslado estuvo directamente relacionada con la inexistencia de transporte público en ese horario.

Entre sus fundamentos, la Justicia señaló que “la prueba producida demuestra que luego de finalizar el recargo policial la agente inició el regreso hacia su domicilio, siendo trasladada parcialmente en un móvil policial y completando posteriormente dicho recorrido mediante la ayuda de un familiar, circunstancia que aparece razonablemente vinculada con la inexistencia de transporte público durante la madrugada”.

Asimismo, remarcó que “la mera circunstancia de haber utilizado más de un medio de transporte no configura por sí misma una interrupción relevante del trayecto ni resulta apta para quebrar el nexo causal protegido por la ley”.

Para Espada, la decisión judicial implica una reivindicación para los seres queridos de la joven policía.

“Durante mucho tiempo la familia tuvo que escuchar versiones que trasladaban la responsabilidad a la propia víctima e incluso al familiar que intentó ayudarla a regresar a su casa. Hoy la Justicia reconoció que Mayra estaba volviendo de cumplir con su trabajo y que las circunstancias que rodearon el accidente estaban vinculadas a esa realidad”, expresó.

El caso

Mayra Tolaba era una joven agente de la Policía de la Provincia de Jujuy con residencia en La Mendieta. El accidente ocurrió durante la madrugada del 4 de noviembre de 2022, luego de que finalizara un servicio adicional en la localidad de Santa Clara.

Tras ser trasladada por un móvil policial hasta la zona del puente San Pedro, continuó viaje hacia su domicilio en una motocicleta conducida por un primo. Cuando circulaban por la Ruta Provincial Nº 56, el rodado derrapó y la joven sufrió gravísimas lesiones.

Mayra permaneció internada en estado crítico, pero finalmente falleció horas después.

A partir de entonces, su familia inició un reclamo judicial que culminó con esta sentencia favorable, considerada por su representante legal como un paso fundamental para restablecer la verdad de lo ocurrido y reivindicar la memoria de la joven agente.

En el marco de la recorrida por los efectores de salud de la provincia, la Secretaria General de ATSA Jujuy y primera candidata por la Lista Verde, Viviana López, junto a miembros de la comisión directiva, encabezaron una jornada de trabajo junto a los trabajadores de los Hospitales Miguel Miskoff (Maimará) y Salvador Mazza (Tilcara).
​El objetivo central de estos encuentros en territorio fue dialogar con los equipos de salud locales, escuchar sus inquietudes particulares y relevar en primera persona las necesidades edilicias, laborales y profesionales de la Quebrada.

​"Representar es estar presentes. Para nosotros es fundamental mirar a los ojos a los compañeros, escuchar sus historias y gestionar de cerca con quienes sostienen con absoluta vocación la salud pública en cada rincón de nuestra provincia", expresó de manera categórica Viviana López.

 ​Ejes clave de la gestión y la propuesta gremial 

​En este sentido, señalaron que estos encuentros no son hechos aislados, sino parte de un compromiso permanente para transformar de manera inmediata las necesidades en propuestas  y acciones gremiales concretas.

​Destacaron los logros de gestión como el histórico pase a planta permanente de los trabajadores contratados durante la emergencia por Covid-19, el reconocimiento económico del adicional por zona y disponibilidad, clave para el arraigo de profesionales en el interior.
​Tambien el reconocimiento de horas nocturnas para el personal y la implementación de la Licenciatura en Enfermería dictada en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

​"Vamos a seguir caminando cada hospital y cada puesto de salud, trabajando en unidad por un futuro mejor y con mayores derechos para toda la familia de la sanidad de Jujuy", concluyó López.