Mientras miles de familias jujeñas realizan esfuerzos para afrontar el costo de la energía eléctrica, un concepto que aparece en todas las facturas de EJESA continúa generando interrogantes: el Cargo FOPEJ, un adicional que se cobra a los usuarios y que, con el paso de los años, ha sido objeto de críticas por parte de especialistas, dirigentes políticos y asociaciones de consumidores.

El FOPEJ, sigla del Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy, fue incorporado mediante un decreto del Gobierno provincial y comenzó a aplicarse en las facturas con el objetivo de generar recursos destinados, en una primera etapa, al financiamiento del Sistema Aislado Provincial y, posteriormente, a obras de infraestructura eléctrica. EJESA actúa únicamente como agente de percepción, es decir, recauda el importe por disposición del Estado provincial.

Sin embargo, la principal crítica apunta a que el usuario termina soportando un nuevo cargo dentro de una factura que ya contiene numerosos impuestos, tasas y conceptos adicionales al consumo real de energía.

Para muchos vecinos, la factura dejó hace tiempo de reflejar únicamente el costo del servicio eléctrico y pasó a convertirse en un mecanismo de recaudación de diferentes conceptos que incrementan significativamente el monto final que deben pagar mes a mes.

Especialistas en derecho del consumidor han cuestionado en distintas oportunidades la transparencia del FOPEJ, señalando que muchos usuarios desconocen cuál es el destino concreto de los fondos recaudados y cuáles son las obras financiadas con ese dinero. También remarcan que el cargo continúa cobrándose aun cuando la situación económica de las familias se ha deteriorado considerablemente.

Otro de los cuestionamientos es que el financiamiento de determinadas políticas energéticas termina trasladándose directamente a todos los usuarios, sin distinguir su capacidad económica ni el nivel de consumo. En la práctica, tanto un pequeño comerciante como una familia de ingresos medios o bajos deben afrontar ese adicional cada vez que reciben la factura.

Diversas publicaciones periodísticas también advirtieron que el sistema ha presentado déficits entre lo recaudado y los costos que pretende cubrir, lo que alimenta el debate acerca de la eficiencia y administración del fondo.

En un contexto donde las tarifas eléctricas registraron fuertes incrementos en los últimos años, cada concepto incorporado en la boleta adquiere mayor relevancia para el bolsillo de los ciudadanos. La discusión ya no gira únicamente en torno al precio de la energía, sino también sobre la cantidad de cargos e impuestos que se agregan al servicio.

Desde distintos sectores consideran que resulta necesario avanzar hacia una mayor transparencia, publicando de manera periódica cuánto dinero recauda el FOPEJ, en qué obras específicas se invierte y cuál es el beneficio concreto que reciben los usuarios que financian ese fondo.

Para los consumidores, la pregunta sigue siendo la misma cada vez que llega la factura: ¿cuánto se paga realmente por la electricidad y cuánto corresponde a cargos que poco tienen que ver con el consumo del hogar?

En una provincia donde el costo de los servicios públicos representa una parte cada vez mayor del presupuesto familiar, el debate sobre el FOPEJ vuelve a instalar una discusión de fondo: si corresponde que los usuarios continúen financiando mediante la factura eléctrica conceptos adicionales cuya utilización y resultados muchas veces no son claramente informados a la sociedad.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia de Yamila Cháves, brindó detalles tras la audiencia imputativa realizada este jueves en el marco de la investigación por la muerte de la joven madre, quien falleció luego de concurrir al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero con fuertes dolores abdominales.

El letrado confirmó que durante la audiencia virtual, se hizo conocer formalmente la imputación contra dos profesionales de la salud que intervinieron en la atención de Yamila, quienes actualmente se encuentran suspendidos de sus funciones.

"Se llevó adelante la audiencia para hacer conocer la causa de imputación de los dos médicos que se desempeñaban ese día. También hemos tomado conocimiento de que permanecen suspendidos en sus funciones, lo cual también es muy importante para el resguardo de toda la comunidad", expresó Espada.

Según explicó, la imputación formulada por la Fiscalía corresponde, por el momento, al delito de homicidio culposo, aunque remarcó que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y que la querella continuará produciendo prueba.

"La acusación realizada por la Fiscalía es, prima facie, por homicidio culposo. Con las pruebas recolectadas hasta ahora se habla de negligencia e imprudencia. Nosotros también vamos a llevar adelante nuestro propio trabajo probatorio desde la querella", sostuvo.

No obstante, Espada dejó abierta la posibilidad de que, conforme avance la investigación, la calificación legal pueda modificarse.

"Consideramos que, sobre todo respecto de la demora injustificada para intervenir quirúrgicamente, de no darle un código rojo y de entender que Yamila estaba en serio peligro de vida sin actuar en consecuencia, existe la posibilidad —y lo digo en potencial porque la investigación recién comienza— de avanzar hacia una acusación por un delito más gravoso", afirmó.

En ese sentido agregó:

"Tal vez podamos hablar de un homicidio simple con dolo eventual. Eso dependerá de cómo avance la investigación y de las pruebas que logremos incorporar."

"No actuar en tiempo y forma le costó la vida"

Durante la conferencia de prensa, el abogado reconstruyó parte de la atención médica recibida por Yamila Cháves y cuestionó las demoras registradas durante la asistencia.

"Recordemos que Yamila ingresó alrededor de las 10.40 de la mañana al hospital con un fuerte dolor abdominal. Nunca se pensó inicialmente que podía tratarse de un embarazo ectópico. Se le suministró medicación para disminuir los síntomas, fue derivada al psicólogo y recién cerca de las cinco de la tarde comenzó a sospecharse el embarazo", explicó.

Espada señaló que cuando finalmente se detectó el embarazo ectópico, la paciente ya presentaba un cuadro de extrema gravedad.

"Cuando se confirmó el embarazo ectópico y la hemorragia interna, ya no se actuó en tiempo y forma. Entendemos que esa demora terminó costándole la vida a Yamila", expresó.

Nuevas pruebas y secuestro de teléfonos

El representante legal informó además que la investigación continúa avanzando con distintas medidas probatorias.

"La historia clínica ya fue secuestrada. También los médicos prestaron conformidad para el secuestro y análisis de sus teléfonos celulares, que podrían aportar información importante para la investigación", indicó.

Asimismo, confirmó que ya comenzaron a declarar personas que participaron de la atención médica.

"Algunos testigos ya declararon y dieron cuenta de que habría existido el pedido de modificar horarios y registros médicos. Todo eso deberá analizarse dentro de la investigación para determinar qué ocurrió realmente", manifestó.

Un momento de profundo dolor para la familia

Espada también describió el difícil momento que atravesó la familia durante la audiencia, donde por primera vez estuvieron frente a frente con los profesionales imputados.

"La familia estuvo presente durante la audiencia virtual. Fue un momento muy doloroso porque pudieron ver a las personas acusadas de haber tenido participación en la muerte de su hija, de su hermana y de su madre", relató.

El abogado reveló que uno de los momentos más difíciles se produjo cuando una de las médicas dirigió unas palabras a la madre de Yamila.

"Una de las médicas le expresó sus condolencias y la madre se descompuso. Fue una situación realmente muy dura. Tuvimos que asistirla porque estaba atravesando un enorme dolor", recordó.

Finalmente, Espada aseguró que la querella continuará incorporando prueba y no descartó presentar una acusación propia si las evidencias así lo justifican.

"Nosotros seguiremos recolectando todas las pruebas que entendamos oportunas para que, llegado el momento del control de acusación, podamos decidir si acompañamos la calificación de la Fiscalía o formulamos una acusación autónoma con una calificación jurídica distinta", concluyó.

Contexto del caso

Yamila Cháves era una joven madre de dos niños que falleció el 31 de marzo de 2026, luego de acudir al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero por intensos dolores abdominales. Según la investigación, ingresó durante la mañana y el diagnóstico de embarazo ectópico recién fue confirmado varias horas después. Cuando finalmente fue derivada al quirófano, presentaba una grave hemorragia interna que terminó provocándole la muerte.

El caso generó una fuerte conmoción en Jujuy y motivó una investigación penal para determinar si existieron negligencias médicas durante la atención. La Fiscalía imputó a dos profesionales por el presunto delito de homicidio culposo, mientras que la querella, representada por el abogado Carlos Sebastián Espada, sostiene que, a medida que avance la investigación, podrían surgir elementos que permitan solicitar una calificación penal más severa.

El abogado de los ex empleados aseguró que la causa fue remitida al fuero federal tras advertirse una posible afectación a la administración pública. También reclamó avances en la investigación por presuntas amenazas denunciadas por los trabajadores.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de un grupo de mecánicos y choferes despedidos de la empresa de transporte Santa Ana, informó que la denuncia vinculada a presuntas irregularidades en las declaraciones juradas presentadas ante la ANSES fue remitida a la Justicia Federal, donde continuará la investigación por un posible fraude en perjuicio de la administración pública.

Según explicó el letrado, la causa se originó luego de que los trabajadores intentaran acceder al fondo de desempleo tras ser desvinculados de la empresa y se encontraran con una situación inesperada.

"Esta semana hemos tenido novedades respecto de las denuncias que se habían realizado por este fraude en perjuicio de la administración pública", expresó Espada.

El abogado recordó que, al presentarse ante la ANSES para tramitar la prestación por desempleo, los exempleados figuraban en las declaraciones juradas como si ya hubieran percibido la totalidad de sus liquidaciones finales.

"Cuando fueron a la ANSES a tratar de cobrar las prestaciones correspondientes al desempleo, se encontraron con la noticia de que figuraban como que ya habían percibido su liquidación final. Esto obviamente es absolutamente falso", afirmó.

Espada explicó que la denuncia fue presentada inicialmente ante la Justicia provincial, aunque posteriormente se resolvió que la investigación debía tramitar en el ámbito federal.

"Se determinó que era incompetente la Justicia provincial y, al tratarse de un posible delito contra la administración pública, la causa fue remitida a la Justicia Federal, que ahora deberá investigar si, como nosotros creemos, estamos frente a la presencia de un delito", sostuvo.

El representante legal valoró que la denuncia no haya sido rechazada de manera inmediata y consideró que ello demuestra que existen elementos que justifican avanzar con la investigación.

"Lo importante para nosotros es que la denuncia no fue archivada in limine. Existe una presunción de cierta verosimilitud en lo que estamos diciendo, porque no se trata de un solo trabajador, sino de numerosos empleados que aparecían como si hubieran cobrado liquidaciones que nunca percibieron", manifestó.

Espada señaló que esa situación generó un perjuicio directo para los despedidos.

"Esa información les impidió inicialmente acceder al fondo de desempleo, porque figuraban como si ya hubieran recibido importantes sumas de dinero, cuando eso jamás ocurrió", indicó.

La causa por presuntas amenazas continúa pendiente

Durante la conferencia de prensa, el abogado también se refirió a la otra causa penal iniciada por los trabajadores, relacionada con presuntas amenazas recibidas antes de los despidos.

Espada recordó que esa investigación fue archivada en dos oportunidades y que actualmente se encuentra bajo análisis de la Procuración General.

"Ya vamos a cumplir un mes desde que presentamos una nueva oposición al archivo de la denuncia. Esperamos que la Procuración General resuelva cuanto antes porque los trabajadores vienen reclamando justicia", afirmó.

Según relató, la denuncia sostiene que los empleados fueron advertidos de que, si no desistían del reclamo salarial iniciado contra la empresa, serían despedidos y no volverían a conseguir empleo dentro del transporte urbano.

"La amenaza se cumplió. Les dijeron que si no retiraban el reclamo iban a ser despedidos y que nunca más conseguirían trabajo en el transporte. Hoy siguen presentando currículums en distintas empresas y no son incorporados", expresó.

Finalmente, Espada reiteró que continuará impulsando ambas investigaciones para que se esclarezcan los hechos denunciados y se determinen las eventuales responsabilidades.

El conflicto

El conflicto involucra a siete trabajadores —entre mecánicos y choferes— que fueron despedidos por la empresa Santa Ana luego de reclamar el pago de diferencias salariales conforme a la escala nacional de la UTA, según sostienen los denunciantes. Los empleados aseguran que antes de las desvinculaciones fueron convocados a una reunión en la que habrían recibido advertencias para que desistieran de sus reclamos judiciales.

Además del reclamo laboral, los exempleados denunciaron que al intentar acceder al fondo de desempleo descubrieron que figuraban ante la ANSES como si ya hubieran percibido sus liquidaciones finales, situación que inicialmente les impidió cobrar ese beneficio. La investigación sobre esa presunta maniobra fue derivada recientemente a la Justicia Federal, mientras que la causa por las supuestas amenazas continúa pendiente de resolución en la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación.

El abogado de la familia sostuvo  que la información preliminar de la médica del equipo del estudio jurídico, confirmó una asfixia por ahorcamiento, pero remarcó que existen otras lesiones en el cuerpo del joven que "son absolutamente extrañas a la causa de fallecimiento" y que deberán ser investigadas.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia de Valentín Llampa, brindó una conferencia de prensa luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia practicada al joven hallado sin vida en la ciudad de Palpalá.

Durante su exposición, el letrado confirmó que el estudio forense determinó como causa de muerte una asfixia por ahorcamiento, aunque aclaró que el caso continúa bajo investigación debido a la existencia de otros elementos que generan serias dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

"El martes se llevó adelante la autopsia con la finalidad de detectar cuál había sido la causa del fallecimiento de Valentín, porque la verdad es que había muchas hipótesis dando vueltas. Si bien hoy podemos confirmar que la causa de muerte es una asfixia por ahorcamiento, también podemos afirmar que estamos frente a lo que se conoce como una muerte dudosa", expresó.

Espada explicó que esa conclusión surge de las primeras observaciones realizadas durante la autopsia.

"Se han podido detectar lesiones que son absolutamente extrañas a la causa de fallecimiento en otras zonas del cuerpo y que, posiblemente, ya hablando en potencial, podrían dar lugar a la participación de una tercera persona", sostuvo.

Consultado sobre el tipo de lesiones detectadas, el abogado evitó brindar mayores precisiones para no entorpecer la investigación, aunque confirmó que las mismas se encuentran distribuidas en distintas partes del cuerpo.

"Tenemos un informe preliminar y somos muy cautelosos con las conclusiones. Sí podemos decir que existen lesiones en distintas partes del cuerpo que no están vinculadas con la asfixia por ahorcamiento", manifestó.

En ese sentido, indicó que ya fueron solicitadas diversas medidas probatorias para reconstruir las últimas horas con vida del joven.

"Se han solicitado numerosos testimonios para establecer con quién estuvo Valentín, qué ocurrió en los minutos previos a su desaparición y qué pasó antes de que fuera encontrado sin vida en ese domicilio", señaló.

Respecto de una posible participación de otras personas, Espada aclaró que todavía no existen elementos suficientes para formular una afirmación categórica.

"Hoy no tenemos una prueba que nos permita afirmar de manera contundente si hay uno, dos o más involucrados. Lo que sí podemos decir es que existen lesiones en el cuerpo de Valentín que son absolutamente extrañas a la causa del fallecimiento", afirmó.

El representante legal de la familia también hizo referencia a las versiones que circularon en los primeros días de la investigación respecto de una presunta decisión voluntaria del joven.

"Se habló mucho de que se trató de un acto voluntario. Sin embargo, toda la familia y sus compañeros salieron a reclamar porque conocían la historia de vida de Valentín y no había ningún motivo para sospechar que se hubiera quitado la vida por sus propios medios", expresó.

Y agregó: "Esta autopsia viene, de alguna manera, a corroborar que algún tipo de violencia sufrió Valentín antes de perder la vida".

Finalmente, Espada aseguró que  trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para esclarecer completamente los hechos.

"Lo que queremos remarcar es que la causa del fallecimiento de Valentín no está clara y obedece a una muerte dudosa. Vamos a solicitar todas las medidas probatorias que sean necesarias y entendemos que la Fiscalía de Palpalá también continuará avanzando con distintas diligencias para esclarecer qué ocurrió antes de su muerte", concluyó.

Datos del caso

Valentín Llampa fue encontrado sin vida en una vivienda de la ciudad de Palpalá, hecho que generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos.

Desde un primer momento, la familia cuestionó la hipótesis inicial que apuntaba a una muerte voluntaria y reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En ese marco, el Ministerio Público de la Acusación ordenó la realización de la autopsia y distintas medidas investigativas. Tras conocerse el informe preliminar, el representante legal sostiene que existen elementos objetivos que justifican profundizar la investigación, al considerar que las lesiones detectadas en el cuerpo del joven no serían compatibles únicamente con la causa de muerte determinada y podrían abrir nuevas líneas de investigación.

La causa continúa en etapa investigativa y se esperan los informes periciales definitivos, junto con la incorporación de nuevos testimonios y otras medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía y la querella.