El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, cuestionó el lanzamiento del programa "Cuidemos Jujuy" y aseguró que la iniciativa surge como consecuencia del fracaso de la política provincial de gestión integral de residuos. En declaraciones brindadas a Urgente Jujuy, el legislador pidió que los organismos de control actúen con igualdad y no limiten las denuncias únicamente a los ciudadanos.

"Entiendo que este nuevo programa 'Cuidemos Jujuy' es una derivación del fracaso de la ley GIRSU y de la empresa GIRSU Sociedad del Estado", afirmó.

Ballesty sostuvo que la puesta en marcha de nuevos controles debe ir acompañada por una actuación imparcial del Estado, alcanzando a todos los actores involucrados en la gestión de residuos urbanos.

"Acá hay que ver si tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio Público de la Acusación van a tener la misma vara con los vecinos, con los ciudadanos de a pie, como también con los municipios y las empresas más grandes", expresó.

El diputado recordó que durante los últimos años existieron cuestionamientos sobre la forma en que distintos municipios gestionaron los residuos sólidos urbanos y consideró que esos antecedentes también deben ser objeto de investigación.

"Tenemos antecedentes de municipios que durante años realizaron una gestión inadecuada de los residuos urbanos y terminaron depositándolos fuera de sus propios ejidos municipales", señaló.

En ese contexto, Ballesty reclamó que las políticas ambientales se apliquen con el mismo rigor independientemente del tamaño o el poder de quienes puedan estar incumpliendo la normativa.

"Así como se espera que existan denuncias contra vecinos particulares, también queremos ver si el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público de la Acusación tendrán la misma sintonía y la misma firmeza para denunciar a aquellos municipios o empresas de gran porte que estén realizando una gestión inadecuada de los residuos", manifestó.

Para el legislador, el verdadero desafío no pasa únicamente por fortalecer las campañas de concientización o las sanciones dirigidas a la ciudadanía, sino también por garantizar que las autoridades provinciales ejerzan un control efectivo sobre todos los responsables de la generación y disposición final de los residuos.

Con estas declaraciones, Ballesty planteó un llamado a que las políticas ambientales de Jujuy se desarrollen bajo el principio de igualdad ante la ley, evitando que las exigencias recaigan exclusivamente sobre los vecinos mientras las responsabilidades de organismos públicos o grandes empresas queden sin el mismo nivel de fiscalización.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, cuestionó el resultado de la política ambiental implementada en Jujuy y pidió que el Gobierno provincial brinde explicaciones sobre el destino de los recursos internacionales obtenidos para financiar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

En declaraciones concedidas a Urgente Jujuy, el legislador sostuvo que, mientras continúa el debate sobre nuevas medidas ambientales, todavía persisten interrogantes sobre los créditos y subsidios que recibió la provincia para erradicar los basurales a cielo abierto.

"Lo que sí sigue firme son los millones de euros y dólares que pidió el Estado, cuando justamente este plan tenía como objetivo eliminar los más de 400 basurales existentes", expresó.

Ballesty recordó que el financiamiento internacional fue presentado como una herramienta para transformar el sistema de gestión de residuos y avanzar en políticas vinculadas al cuidado del ambiente.

"No nos tenemos que olvidar que la provincia solicitó un crédito al Banco Europeo de Inversiones, además de un subsidio de la Unión Europea y posteriormente fue incorporando nuevos créditos con distintos componentes ambientales", afirmó.

Según explicó, esos recursos fueron gestionados con la finalidad de sanear los basurales y desarrollar acciones relacionadas con la protección ambiental y el cambio climático.

"Todos esos fondos tenían como objetivo trabajar en el saneamiento de los basurales y avanzar en políticas contra el cambio climático. Cada vez que se solicitaba un nuevo crédito se incorporaban nuevos componentes ambientales dentro de esos programas", señaló.

Para el legislador, el debate actual sobre la gestión de residuos no puede desvincularse de los importantes compromisos financieros asumidos por la Provincia durante los últimos años.

En ese sentido, consideró que resulta necesario conocer qué resultados concretos dejaron esas inversiones y cuál fue el impacto real de los recursos internacionales destinados a resolver una problemática ambiental que, según sostuvo, continúa afectando a distintos puntos de Jujuy.

Las declaraciones de Ballesty vuelven a instalar el debate sobre la administración de los fondos públicos destinados a políticas ambientales y la necesidad de que el Gobierno provincial informe con claridad el grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos al momento de gestionar créditos y subsidios internacionales. Para el diputado, antes de impulsar nuevas estrategias o programas, corresponde evaluar qué ocurrió con las inversiones ya realizadas y cuáles fueron los resultados obtenidos en la eliminación de los basurales y la mejora del sistema de gestión de residuos en la provincia.

El programa "Pachamama, Yo Te Cuido" fue impulsado por el Ministerio de Ambiente de Jujuy como una política de concientización destinada a promover el cuidado del patrimonio natural y cultural de la provincia, especialmente durante eventos de gran convocatoria turística como el Carnaval.

La iniciativa quedó incorporada al esquema provincial de gestión ambiental mediante la Ley Provincial N.º 5954, vinculada al sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del impacto ambiental en zonas sensibles, como la Quebrada de Humahuaca, la coordinación de acciones entre el Gobierno provincial y los municipios para mejorar el manejo de los residuos, y la promoción de prácticas de conservación y respeto por la Madre Tierra durante festividades populares.

Sin embargo, las declaraciones del diputado Kevin Ballesty ponen nuevamente bajo debate los resultados obtenidos por estas políticas ambientales y el cumplimiento de los objetivos planteados desde su implementación, especialmente en lo referido a la erradicación de basurales y la utilización de los recursos públicos destinados a ese fin.

En diálogo con Urgente Jujuy, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, volvió a cuestionar la política energética implementada por el Gobierno de Jujuy y aseguró que distintas decisiones administrativas terminaron encareciendo la factura de electricidad que pagan miles de familias jujeñas.

El legislador sostuvo que presentó un pedido de informes para conocer en profundidad un contrato vinculado a la compra de energía y advirtió que una resolución de la Secretaría de Energía provincial autorizó que ese mayor costo sea absorbido directamente por los usuarios.

"Tomó estado parlamentario un pedido de informes vinculado a un contrato por el cual se paga 79 dólares el megavatio/hora y, mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la provincia, se autorizó que ese mayor costo se traslade directamente a la tarifa que pagan los usuarios", explicó.

Según Canedi, la energía adquirida mediante ese convenio posee un valor considerablemente superior al precio de mercado.

"La empresa estatal acordó comprar energía aproximadamente un 38% más cara que el valor de mercado. El problema comenzó cuando la Secretaría de Energía y la SUSEPU autorizaron que esa diferencia fuera trasladada a la factura de los usuarios", afirmó.

El diputado sostuvo que esta situación genera una paradoja, ya que un proyecto impulsado bajo el argumento de fomentar energías renovables terminó provocando un incremento en uno de los servicios esenciales para la población.

"Paradójicamente, la energía solar terminó impactando de manera negativa y aumentando el costo de un insumo fundamental como es la electricidad", manifestó.

Canedi también cuestionó la postura adoptada por el Gobierno provincial respecto de la normativa nacional que prohíbe incorporar impuestos y tasas ajenos al servicio dentro de las facturas de luz.

"Mientras la Nación dictó la Resolución 267/2024 para impedir que las empresas cobren junto con la tarifa impuestos y tasas provinciales o municipales, la Provincia promovió una acción judicial que suspendió su aplicación y hoy los jujeños siguen pagando esos conceptos dentro de la factura", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que, según los datos relevados por su bloque, los impuestos y tasas representan cerca del 47% del importe final que abonan los usuarios.

"Hoy los usuarios generales de servicios públicos pagan junto con el consumo de energía una serie de impuestos y tasas provinciales y municipales que representan aproximadamente el 47% del costo total de la factura", señaló.

Pedido para que respondan los funcionarios

Durante la entrevista, Canedi también se refirió al debate legislativo sobre la posibilidad de convocar a quienes participaron en la definición del esquema tarifario. Explicó que La Libertad Avanza propuso ampliar las convocatorias para que no sólo comparezcan representantes de la empresa prestataria, sino también los organismos públicos responsables de fijar y controlar la política energética.

"Nuestro bloque propuso que también intervengan quienes participaron en estos acuerdos y que se pueda interpelar a las autoridades de aplicación responsables de determinar la tarifa", explicó.

Sin embargo, indicó que esa propuesta no prosperó porque la mayoría legislativa decidió limitar la convocatoria únicamente a la empresa distribuidora.

Para el diputado, esa decisión deja sin respuestas a quienes realmente tienen la obligación institucional de explicar por qué se autorizó trasladar mayores costos a los usuarios.

"Quienes tienen la obligación de responder son los miembros del Poder Ejecutivo y las autoridades de aplicación. En este caso, la Secretaría de Energía de la provincia y la SUSEPU, porque son los organismos competentes y quienes autorizaron que ese mayor costo termine impactando en la tarifa que pagan todos los jujeños", concluyó.

Las declaraciones de Canedi reavivan el debate sobre el rol de los organismos provinciales encargados de regular el sistema energético. Mientras miles de familias continúan afrontando facturas con fuerte carga impositiva y aumentos sostenidos, el legislador insiste en que las explicaciones deben provenir de los funcionarios que aprobaron las resoluciones y no únicamente de la empresa prestataria, ya que son ellos quienes tienen la responsabilidad de proteger el interés de los usuarios y garantizar transparencia en la determinación de las tarifas.

"¿Qué es la Resolución 267/2024?", el Gobierno nacional prohibió incluir impuestos y tasas ajenos al servicio en las facturas, pero  en Jujuy esa medida quedó suspendida por una acción judicial impulsada por la Provincia. 

La diputada provincial de La Libertad Avanza, Laura Tomé Gámez, dialogó con Urgente Jujuy sobre la suspensión de la última reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, que preside en la Legislatura de Jujuy. La legisladora aclaró que la convocatoria se realizó con normalidad, pero la falta de quórum impidió avanzar con el tratamiento de seis proyectos vinculados al deporte.

Según explicó, la comisión había organizado una reunión con la participación del director de Deportes y de una diputada autora de una de las iniciativas. Sin embargo, el funcionario no pudo asistir por cuestiones de agenda y, además, la escasa presencia de legisladores obligó a levantar la reunión.

"Habíamos cursado la invitación al director de Deportes y también a una diputada por un proyecto deportivo. Lamentablemente, por cuestiones de agenda el secretario no pudo asistir. Vamos a volver a remitir la invitación y trataremos los proyectos en una próxima reunión", indicó.

Tomé remarcó que el deporte representa una herramienta de inclusión y prevención social, motivo por el cual considera prioritario que esas iniciativas sean debatidas cuanto antes.

"El deporte no es solamente una cuestión de competencia. También desarrolla valores, competencias para la vida y ayuda a que muchos chicos se alejen del alcoholismo, la drogadicción y otros vicios. Por eso considero que es un área prioritaria", sostuvo.

La diputada lamentó que el debate no pudiera concretarse debido a la falta de asistencia de los integrantes de la comisión.

"La mayoría de los proyectos fueron presentados por el bloque oficialista, pero no hubo quórum. De los doce integrantes solamente asistimos tres diputados: una legisladora del Partido Justicialista, una del Frente de Izquierda y mi persona", explicó.

"Es una de las comisiones que más trabaja"

Más allá de este inconveniente puntual, Tomé defendió el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Sociales y aseguró que se trata de uno de los espacios con mayor actividad dentro de la Legislatura provincial.

"Yo presido una comisión que solamente suspendió una reunión por motivos de fuerza mayor, cuando participamos representando a Jujuy en el Parlamento del NOA. Esa fue la única vez. Venimos trabajando de manera permanente", afirmó.

Entre las acciones impulsadas durante el año, destacó la incorporación constante de invitados para enriquecer el debate legislativo y el tratamiento de temas de fuerte impacto social.

"Creo que es una de las comisiones que más invitados recibió. Trabajamos el proyecto de Ley de Juventud, recibimos a los bomberos voluntarios y abordamos distintos temas sensibles para la provincia. Tenemos una agenda muy movida", expresó.

La legisladora también recordó que impulsó una propuesta para dotar de mayor transparencia al trabajo legislativo mediante la transmisión en vivo de las reuniones de comisión.

"Solicitamos que las comisiones puedan transmitirse en vivo. Nos respondieron que todavía no están dadas las condiciones, pero vamos a seguir insistiendo porque entendemos que es una herramienta importante para acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía", señaló.

Un llamado a fortalecer el trabajo legislativo

Finalmente, Tomé reconoció que uno de los desafíos continúa siendo mejorar la asistencia y la puntualidad de algunos legisladores para aprovechar plenamente el tiempo de trabajo.

"A veces es complicado por las ausencias y las demoras. Tenemos una hora para trabajar y cuando se pierde tiempo se reducen las posibilidades de tratar los proyectos", manifestó.

Respecto al próximo receso legislativo, explicó que comenzará el 13 de julio, en coincidencia con el receso escolar. Durante ese período la actividad administrativa continuará con horario reducido, aunque no habrá reuniones de comisión ni sesiones legislativas.

Con sus declaraciones, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales buscó dejar en claro que la suspensión de la última reunión respondió exclusivamente a la falta de quórum y no a una ausencia de gestión. Por el contrario, ratificó su intención de continuar convocando a funcionarios, especialistas e instituciones para avanzar en proyectos vinculados al deporte, la juventud y otras políticas sociales que considera prioritarias para Jujuy.