La iniciativa presentada por diputados de Jujuy Crece busca prevenir y sancionar el hostigamiento digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas y la suplantación de identidad. Sin embargo, la redacción de uno de sus artículos plantea interrogantes sobre las opiniones religiosas, las críticas a sindicalistas, empresarios y organizaciones sociales, y las publicaciones periodísticas. ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza una conducta sancionable?
Por Juan Quispe | Urgente Jujuy
10 de octubre de 2026
Un proyecto que busca combatir la violencia digital
En la Legislatura de Jujuy ingresó un proyecto de ley denominado “Prevención y Erradicación de la Violencia Digital”, impulsado por legisladores del bloque Frente Jujuy Crece, entre ellos Santiago Jubert y Adriano Morone.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 696-DP-26, propone incorporar nuevas figuras al Código Contravencional de la provincia, Ley 5860, para sancionar determinadas conductas realizadas mediante herramientas digitales.
Entre ellas se encuentran la difusión no autorizada de imágenes íntimas, incluso aquellas elaboradas mediante inteligencia artificial; el hostigamiento digital y la suplantación de identidad.
El proyecto también contempla acciones preventivas mediante capacitaciones en establecimientos educativos, formación del personal policial y campañas de concientización.
Se trata de problemáticas que requieren atención, especialmente cuando las víctimas sufren amenazas, persecuciones, exposición de su intimidad o utilización indebida de su identidad.
Sin embargo, una de las disposiciones propuestas abre interrogantes que merecen ser abordados antes de una eventual sanción legislativa.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden a las víctimas de violencia digital y quienes reclaman garantías para la libertad de expresión.
Ambos derechos requieren protección.
El desafío consiste en establecer normas suficientemente claras para sancionar conductas lesivas sin confundirlas con opiniones, críticas o manifestaciones legítimas.
El artículo que genera interrogantes: ¿qué significa afectar el honor?
El artículo 8 del proyecto propone incorporar al Código Contravencional el artículo 68 ter, referido al hostigamiento digital.
Su redacción establece:
“Serán sancionados con hasta quince (15) días de trabajo comunitario, multa de hasta CIEN Unidades de Multa (100 UM) o arresto de hasta quince (15) días, los que intimiden a otro u hostiguen o afecten su honor mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito”.
A continuación, el mismo artículo introduce una excepción:
“En ningún caso se configurará esta contravención cuando las expresiones sean referidas a asuntos de interés público o sean dirigidas contra funcionarios públicos por cuestiones vinculadas al ejercicio de su función”.
La disposición contiene, por lo tanto, una protección expresa para las expresiones sobre asuntos de interés público y las críticas vinculadas con la actuación de funcionarios.
No obstante, surge una pregunta: ¿cómo se determinará cuándo una expresión afecta jurídicamente el honor de una persona y cuándo constituye simplemente una opinión legítima, aunque resulte incómoda u ofensiva?
La cuestión adquiere importancia porque el proyecto contempla, entre las posibles sanciones, hasta 15 días de arresto.
¿Qué pasaría con las opiniones de las iglesias católica y evangélicas?
Uno de los interrogantes que merece atención está relacionado con la libertad religiosa.
En Argentina conviven distintas concepciones religiosas, filosóficas y culturales sobre cuestiones como la familia, el matrimonio, el sexo biológico y la identidad de género.
La Iglesia católica y distintas comunidades evangélicas sostienen enseñanzas doctrinales propias sobre algunas de estas cuestiones, aunque sus posiciones y formas de expresarlas no son necesariamente idénticas.
Imaginemos una situación hipotética.
Un sacerdote católico o un pastor evangélico desarrolla una enseñanza religiosa sobre la concepción cristiana del hombre y la mujer. Durante su exposición sostiene que, desde su interpretación doctrinal, el sexo biológico no puede modificarse.
La reunión se transmite en vivo mediante Facebook o YouTube.
Una persona trans observa la transmisión, considera que las expresiones afectan su dignidad o su honor y decide presentar una denuncia.
¿Podría esa publicación religiosa quedar comprendida en la figura de hostigamiento digital?
¿O se encontraría protegida por la libertad de culto, la libertad de expresión y la excepción referida a los asuntos de interés público?
Es importante señalar que una persona puede sentirse ofendida por una manifestación religiosa sin que ello convierta automáticamente esa expresión en una conducta sancionable.
También debe distinguirse entre la exposición general de una creencia y las conductas dirigidas a intimidar, perseguir o humillar a una persona determinada.
La Constitución Nacional reconoce tanto la libertad de expresión como la libertad de culto. A su vez, la legislación argentina protege la identidad de género y el derecho al trato digno de las personas trans.
En particular, la Ley Nacional 26.743 reconoce el derecho a la identidad de género. Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la publicación de ideas por la prensa sin censura previa y el libre ejercicio del culto.
La pregunta no consiste en establecer cuál de estas posiciones debe prevalecer en un debate religioso, sino en conocer qué criterios jurídicos permitirían distinguir una expresión doctrinal protegida de una conducta efectivamente sancionable.
El proyecto no contiene una excepción específica para las manifestaciones religiosas, aunque estas continúan amparadas por las garantías constitucionales.
¿Y si un ciudadano critica a un sindicalista?
Otro ejemplo permite observar la importancia de precisar los alcances de la iniciativa.
Supongamos que un trabajador publica en Facebook:
“Considero que el secretario general de mi sindicato no representa adecuadamente a los trabajadores y que su conducción perjudicó nuestros intereses”.
El dirigente sindical entiende que esas expresiones afectan su reputación y decide denunciarlas.
¿Podría invocar el artículo 68 ter?
La respuesta no surge automáticamente del texto.
Por una parte, las expresiones relacionadas con la conducción de un sindicato pueden constituir asuntos de interés público, especialmente cuando involucran derechos laborales o decisiones que afectan a numerosos trabajadores.
Por otra, el proyecto no desarrolla criterios específicos para determinar cómo se aplicaría esa excepción ante controversias de esta naturaleza.
¿Quién decidiría si se trata de una crítica legítima o de una afectación sancionable al honor?
La misma inquietud podría plantearse respecto de representantes de organizaciones sociales, dirigentes vecinales o referentes de instituciones privadas.
Las críticas a organizaciones sociales
Imaginemos que un vecino cuestiona públicamente el funcionamiento de una organización social que administra recursos, desarrolla actividades comunitarias o interviene en conflictos barriales.
En sus redes sociales sostiene que no está de acuerdo con la conducción de la entidad y solicita explicaciones sobre determinadas decisiones.
Los responsables de la organización consideran que esas publicaciones perjudican su imagen.
¿Podrían denunciarlo?
Nuevamente, la discusión debería considerar si las expresiones se refieren a un asunto de interés público y si constituyen críticas legítimas o conductas de hostigamiento.
La existencia de una denuncia no equivale a la comisión de una contravención.
Sin embargo, resulta pertinente conocer qué garantías procesales y criterios de interpretación impedirían que una discusión pública termine convertida injustificadamente en un procedimiento sancionatorio.
Empresarios y particulares: ¿también podrían sentirse afectados?
La situación también podría involucrar a empresarios, comerciantes y ciudadanos particulares.
Por ejemplo, un consumidor publica una crítica sobre el servicio recibido en una empresa jujeña.
Otro ciudadano cuestiona públicamente las decisiones de un empresario que participa en actividades de relevancia provincial.
Incluso podría producirse una discusión entre particulares en una red social, con opiniones duras o expresiones desagradables.
¿En qué circunstancias esas publicaciones podrían ser consideradas una afectación al honor?
¿Sería suficiente con que la persona mencionada manifieste sentirse perjudicada?
Desde el punto de vista jurídico, la percepción subjetiva de una ofensa no debería confundirse automáticamente con la existencia de una infracción.
Precisamente por ello, la delimitación de las conductas sancionables adquiere especial importancia cuando se proponen penas que pueden incluir la privación de libertad.
¿Qué ocurriría con las transmisiones en vivo?
Las herramientas digitales forman parte de numerosas actividades cotidianas.
Iglesias, organizaciones civiles, sindicatos, centros vecinales, instituciones educativas y medios de comunicación transmiten reuniones, conferencias, debates y entrevistas.
Imaginemos que durante una transmisión en vivo un participante formula críticas severas contra una institución o expresa una opinión ideológica controvertida.
Posteriormente, una persona sostiene que esas manifestaciones afectaron su honor.
¿La responsabilidad recaería exclusivamente sobre quien realizó las expresiones?
¿Podría alcanzar también a quien organizó la transmisión o administró la página desde la cual se difundió?
El artículo 68 ter no desarrolla expresamente esas situaciones.
Esto no significa que el proyecto establezca responsabilidad automática para los administradores de páginas o para quienes transmiten reuniones. Significa que sería conveniente conocer cómo se resolverían esos supuestos y qué reglas se aplicarían para determinar responsabilidades individuales.
¿Qué garantías tendrían los periodistas?
La discusión también involucra directamente a los medios de comunicación.
Supongamos que un diario digital publica una investigación sobre la conducción de un sindicato, el funcionamiento de una organización social o las actividades de un empresario.
La publicación contiene información de relevancia pública y críticas sobre decisiones que afectan a terceros.
La persona involucrada considera que la noticia perjudica su reputación.
¿Podría iniciar una denuncia por hostigamiento digital?
El proyecto establece una excepción para los asuntos de interés público, lo que representa una garantía relevante para el ejercicio periodístico.
Sin embargo, resultaría importante conocer cómo se interpretaría esa protección, especialmente cuando las investigaciones involucran a personas que no son funcionarios públicos.
La libertad de prensa no elimina las responsabilidades legales por conductas ilícitas, pero tampoco puede quedar condicionada exclusivamente a que una persona esté de acuerdo con lo publicado.
La protección de las víctimas también es parte del debate
Los interrogantes sobre la libertad de expresión no deben hacer perder de vista el objetivo central del proyecto.
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la creación de contenidos sexuales falsos mediante inteligencia artificial, la suplantación de identidad y determinadas formas de hostigamiento pueden provocar graves consecuencias para las víctimas.
El texto legislativo busca incorporar herramientas para abordar estas situaciones cuando las conductas no constituyan delitos.
Asimismo, contempla agravantes en determinados supuestos, como cuando las víctimas son menores de edad, personas mayores de 70 años o personas con discapacidad, entre otros casos.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden a las víctimas de violencia digital y quienes reclaman garantías para la libertad de expresión.
Ambos derechos requieren protección.
El desafío consiste en establecer normas suficientemente claras para sancionar conductas lesivas sin confundirlas con opiniones, críticas o manifestaciones legítimas.
Urgente Jujuy buscó conocer la posición de Santiago Jubert
En el marco del análisis de esta iniciativa, Urgente Jujuy intentó consultar al diputado provincial Santiago Jubert, uno de los legisladores que impulsan el proyecto.
Se procuró concretar una entrevista en la Legislatura provincial pero hasta el momento no se pudo concretar.
Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se había concretado una respuesta a las consultas periodísticas.
El medio mantiene abierta la posibilidad de incorporar sus explicaciones y argumentos sobre los alcances del artículo 68 ter.
En particular, interesa conocer por qué los autores decidieron incorporar la expresión “afecten su honor”, cómo interpretan la excepción para asuntos de interés público y qué garantías consideran suficientes para proteger las opiniones religiosas, ideológicas y periodísticas.
Estas consultas no implican atribuir al legislador una intención de restringir la libertad de expresión, sino procurar precisiones sobre el alcance de una iniciativa que podría modificar el régimen contravencional provincial.
Una discusión que merece respuestas antes de convertirse en ley
La prevención de la violencia digital constituye un asunto relevante para la sociedad jujeña.
Sin embargo, cuando una propuesta legislativa contempla sanciones que pueden llegar hasta el arresto, resulta especialmente importante que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas.
La protección del honor y la dignidad de las personas debe convivir con otros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa, de pensamiento y de culto.
En ese escenario, las preguntas sobre las opiniones de sacerdotes y pastores, las críticas a sindicalistas, empresarios y organizaciones sociales, o las publicaciones de medios digitales no representan situaciones necesariamente sancionables.
Son ejemplos hipotéticos que permiten examinar cómo funcionaría la norma en la vida cotidiana.
La iniciativa todavía es un proyecto de ley y no constituye, por sí misma, una nueva disposición contravencional vigente.
Por eso, antes de su eventual aprobación, queda una pregunta que merece una respuesta clara:
¿Dónde termina una opinión que puede resultar ofensiva y dónde comienza una conducta de hostigamiento digital que justifique la intervención sancionatoria del Estado?
Juan Quispe - Urgente Jujuy - 10 octubre 2026
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La diputada provincial de La Libertad Avanza impulsa una Ley de Transparencia Tributaria Municipal. La iniciativa establece que las tasas deberán estar vinculadas a servicios concretos y verificables, exige informes técnicos de costos y propone que sean los municipios y comunas los que acrediten la prestación ante un reclamo del contribuyente.
La diputada provincial Laura Tomé Gámez (La Libertad Avanza) habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y afirmó que presentó en la Legislatura de Jujuy un proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas de transparencia y control sobre las tasas que cobran los municipios y comisiones municipales de la provincia.
La iniciativa lleva el nombre de “Transparencia Tributaria Municipal” y parte de un principio central: para que una tasa pueda ser exigida, deberá estar vinculada con un servicio o actividad estatal efectivamente prestado —o puesto a disposición de manera cierta y verificable— y relacionado concretamente con el contribuyente.
El proyecto no plantea eliminar las tasas municipales ni quitarles a los gobiernos locales su facultad tributaria. Por el contrario, establece condiciones que deberán cumplirse para justificar esos cobros y mecanismos para que los contribuyentes puedan acceder a la información.
“Donde existe servicio, que exista tasa”
En los fundamentos, Tomé Gámez sintetiza el espíritu de su propuesta con una definición: “Donde existe servicio, que exista tasa”.
La legisladora sostiene que actualmente un vecino, comerciante o empresa que cuestiona una tasa puede verse obligado a atravesar procedimientos administrativos o judiciales para demostrar que el servicio por el cual se le cobra no fue prestado.
Su proyecto pretende invertir esa situación: ante una controversia, será el municipio o la comuna quien deberá acreditar la organización y prestación efectiva del servicio, su costo y el criterio utilizado para distribuirlo entre los contribuyentes.
Las tasas deberán tener relación con el servicio
Entre los requisitos contemplados se establece que la ordenanza deberá identificar con precisión cuál es el servicio que retribuye la tasa.
También deberá comprobarse que el servicio se presta efectivamente, que existe sustento territorial, que se brinda con la periodicidad utilizada para justificar el cobro y que la recaudación estimada guarda una relación razonable con el costo global del servicio.
Además, un mismo servicio no podrá ser retribuido mediante más de un tributo.
Otro cambio importante aparece al momento de crear o incrementar una tasa. La iniciativa exige que, cuando el aumento supere la actualización derivada de índices oficiales, exista previamente un informe técnico de costos que detalle el servicio, su periodicidad, sus costos directos e indirectos y la justificación de la suma que se pretende cobrar.
Ese informe deberá formar parte de los antecedentes de la ordenanza y ser publicado oficialmente.
Un registro público para saber qué cobra cada municipio
La propuesta también obliga a cada gobierno local a mantener actualizado un registro público de tasas.
Allí deberán figurar el servicio que se cobra, la ordenanza que lo establece, la base imponible, el monto y, cuando corresponda, el informe técnico de costos.
Para las municipalidades, el registro deberá ser digital. Las comunas podrán mantenerlo en formato físico, aunque deberán garantizar su libre consulta.
¿Qué pasa con las tasas que aparecen en facturas de otros servicios?
Este es uno de los puntos que podría tener mayor impacto para los usuarios.
Cuando un municipio acuerde con un tercero la percepción de una tasa, continuará siendo responsable de justificar el cobro y proporcionar la información correspondiente.
El proyecto establece además que la falta de pago de esa tasa no podrá habilitar la suspensión, restricción o condicionamiento del servicio prestado por el tercero que actúa como agente de percepción.
En sus fundamentos, Tomé Gámez pone como ejemplo la tasa vinculada al alumbrado público de San Salvador de Jujuy. La diputada cuestiona que la ordenanza tome como unidad de medida el precio del kilovatio-hora, debido a que, según argumenta, esto provoca que el tributo se incremente cuando aumenta la tarifa eléctrica, sin que necesariamente exista una relación equivalente con el costo de iluminar la vía pública.
También menciona como ejemplo una ordenanza tributaria de Palpalá que grava determinadas publicidades ubicadas dentro de establecimientos comerciales, entre ellas heladeras y exhibidores, para locales que no se encuentran alcanzados por la exención prevista en esa normativa.
El contribuyente podrá pedir explicaciones
La iniciativa reconoce expresamente una serie de derechos para los contribuyentes.
Antes de pagar, podrán conocer qué servicio retribuye la tasa, qué ordenanza establece el cobro y cuál es su costo global. También podrán solicitar al gobierno local el informe técnico de costos y las constancias que acrediten la prestación.
El plazo establecido para entregar esa documentación será de 10 días hábiles.
Asimismo, podrán cuestionar administrativa o judicialmente la validez o el monto de la tasa sin que el pago previo sea requisito para presentar el reclamo.
Cuando exista una impugnación, el gobierno local tendrá 60 días hábiles para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en la iniciativa. Si vence ese plazo sin hacerlo, el proyecto dispone que la tasa no será exigible al contribuyente que realizó el reclamo respecto de los períodos cuestionados y posteriores, hasta que el municipio produzca la acreditación correspondiente.
No propone eliminar las tasas municipales
Uno de los aspectos que el propio proyecto se ocupa de aclarar es el alcance de la reforma.
La iniciativa no crea, modifica ni elimina ningún tributo, tampoco determina alícuotas, bases imponibles o exenciones y no elimina la facultad de los municipios y comunas de aprobar sus códigos tributarios y ordenanzas impositivas.
Lo que propone es establecer un marco provincial sobre las condiciones que deberán cumplir las tasas, la información que deberá recibir el contribuyente y quién deberá aportar las pruebas cuando exista una controversia.
En los fundamentos, Tomé Gámez sostiene que la iniciativa tampoco busca afectar la recaudación proveniente de tasas correspondientes a servicios que efectivamente se prestan.
“El gobierno local que presta el servicio y puede acreditarlo no verá afectada su recaudación en un solo peso”, expresa el documento.
La propuesta deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. En caso de ser sancionada, los municipios y comunas tendrán que adecuar sus códigos tributarios y ordenanzas impositivas dentro de los plazos establecidos por la propia norma.
Por Juan Quipe - Urgente Jujuy - 9 octubre del 2026
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El hijo de Damiana Ramos habló luego de una reunión con el fiscal que interviene en la investigación por la muerte de su madre, atropellada el 26 de septiembre en Alto Comedero. Contó cómo era la mujer de 70 años, expresó su dolor por la pérdida y pidió que la Justicia avance. Además, llamó a familiares y vecinos a evitar cualquier acción que pueda entorpecer la causa.
La familia de Damiana Ramos, la mujer de 70 años que murió tras ser atropellada el pasado 26 de septiembre en Alto Comedero, continúa reclamando respuestas mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.
Luego de participar de una reunión informativa con el fiscal que interviene en la causa, Emilio Velázquez, hijo de Damiana, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, sobre el estado de la investigación y expresó la angustia que atraviesa su familia.
Según relató, durante el encuentro recibieron explicaciones sobre las medidas que se vienen realizando y se les pidió paciencia mientras continúa el proceso.
“Me dice que hay que tener paciencia, pero una persona está libre y yo no tengo a mi madre. No le puedo dar un abrazo, un beso”, expresó Velázquez.
El hijo de la víctima reconoció que algunos aspectos técnicos de la investigación resultan difíciles de comprender para la familia, aunque aseguró que desde la Fiscalía les transmitieron que la causa avanza.
“La verdad que no entendí porque es más técnico, pero me dijo que vamos por buen camino y que hay que esperar”, señaló.
Sin embargo, Emilio sostuvo que para los familiares la espera resulta particularmente difícil y reiteró su pedido para que se determinen las responsabilidades por la muerte de su madre.
“¿Qué podemos esperar? Yo quiero que esta persona esté detenida y que cumpla con la condena que le corresponda”, manifestó.
La situación procesal de la persona investigada deberá continuar resolviéndose dentro de la causa y conforme a las pruebas que se incorporen. Hasta el momento, no existe una condena firme.
“Mi madre vivía por sus hijos”
Más allá de la investigación judicial, Emilio recordó a Damiana desde un lugar mucho más íntimo y describió a una mujer profundamente dedicada a su familia.
Contó que eran tres hermanos y que su madre mantenía con ellos una relación muy cercana.
“Mi madre vivía por sus hijos. Nos cuidaba a los tres de la misma forma. Ella vivía para sus hijos”, recordó.
Damiana era jubilada y, según relató su hijo, disfrutaba de actividades sencillas de la vida cotidiana.
“A ella le gustaba caminar, andar. Cuidaba a los animales de la calle”, contó Emilio.
Su preocupación por los perros que encontraba en el barrio era, según su hijo, una característica conocida por quienes compartían cotidianamente con ella.
“La persona que la conoce sabe cómo era mi madre”, expresó.
También la recordó como una mujer a la que le gustaba conversar y mantener contacto con otras personas del barrio.
La muerte de Damiana alteró abruptamente la vida de una familia que ahora intenta atravesar el duelo mientras sigue de cerca cada movimiento de la investigación.
“Solo justicia”
Velázquez aseguró que la familia continuará reclamando el esclarecimiento del hecho y no descartó participar de nuevas movilizaciones si considera que resulta necesario.
“Solo justicia, solo justicia. Estaremos firmes. Si hay que hacer otra marcha, estaremos presentes, acá, en Casa de Gobierno, donde tenga que ser”, afirmó.
El pedido se produce después de la movilización realizada por familiares, amigos y vecinos para reclamar avances en la investigación por la muerte de Damiana.
Sin embargo, Emilio realizó durante la entrevista una aclaración que consideró especialmente importante: pidió expresamente que quienes acompañan el reclamo no se acerquen al domicilio de la familia de la persona investigada ni realicen acciones que puedan perjudicar el desarrollo de la causa.
“Yo sé que, imagínese como hijo, hay bronca, impotencia. Le pediría a la gente que no nos acerquemos a la casa de esta familia, porque eso puede entorpecer cómo va el caso”, manifestó.
Además, se desligó de cualquier acción de ese tipo.
“De mi parte, yo no tomé ninguna medida. Jamás lo haría. La persona que me conoce sabe que soy una persona pacífica”, sostuvo.
Una familia que espera respuestas
Damiana Ramos murió luego de ser atropellada el 26 de septiembre en Alto Comedero. Desde entonces, su familia reclama que se esclarezca cómo ocurrió el hecho y que la investigación determine las responsabilidades correspondientes.
En los últimos días, la causa comenzó a tener nuevas medidas y la familia mantuvo una reunión informativa para conocer el avance de la investigación. Paralelamente, se aguarda la realización de una pericia accidentológica, considerada una de las pruebas relevantes para reconstruir la mecánica del hecho.
La familia es representada legalmente por el abogado Carlos Sebastián Espada, quien informó que analizarán las actuaciones incorporadas al legajo y acompañarán las próximas medidas probatorias.
Para Emilio, sin embargo, detrás de expedientes, pericias y tiempos judiciales permanece una ausencia mucho más sencilla de explicar.
“Una persona está libre y yo no tengo a mi madre. No le puedo dar un abrazo, un beso”.
Y resumió en dos palabras lo que espera de ahora en adelante: “Solo justicia”.
Por Juan Quispe - Urgente Jujuy - 8 octubre del 2026
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El abogado Carlos Sebastián Espada, representante de la familia de Damiana Ramos, informó que la próxima semana se realizará una pericia accidentológica para reconstruir el hecho ocurrido en Alto Comedero. Además, cuestionó la decisión judicial de rechazar la detención de la conductora investigada y advirtió sobre la existencia de antecedentes por infracciones vinculadas al consumo de alcohol al volante.
La investigación por la muerte de Damiana Ramos, la mujer de 70 años que fue atropellada el pasado 26 de septiembre en Alto Comedero, tendrá una instancia determinante durante la próxima semana, cuando se realice una pericia accidentológica destinada a reconstruir las circunstancias del siniestro vial.
Así lo informó el abogado Carlos Sebastián Espada, al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, quien representa a la familia de la víctima y participó de una reunión informativa en la que se comunicaron las principales medidas probatorias incorporadas a la investigación.
Durante una entrevista, el letrado explicó que la reconstrucción permitirá establecer aspectos fundamentales de la mecánica del hecho, particularmente la velocidad a la que circulaba la motocicleta involucrada.
También expresó su desacuerdo con la decisión judicial de rechazar el pedido de detención de la conductora investigada, al considerar que existen circunstancias que deberían ser evaluadas para determinar posibles riesgos procesales.
Espada cuestionó el rechazo del pedido de detención
Uno de los puntos centrales de las declaraciones del abogado estuvo relacionado con la situación procesal de la mujer investigada, quien continúa en libertad luego de que la Justicia rechazara una solicitud de detención.
Espada explicó que durante la reunión se informó a los familiares sobre esa resolución judicial.
“Tomamos conocimiento de que el día lunes se rechazó un pedido de detención, lo cual nosotros entendemos que no es acertado este criterio”, manifestó.
El abogado sostuvo que existen elementos que, desde la perspectiva de la representación de la familia, justificarían una evaluación más rigurosa del eventual peligro de fuga.
“Esta persona no tiene un domicilio cierto”, señaló, y agregó que tampoco tendría un trabajo conocido, circunstancias que, según su interpretación, dificultan descartar completamente ese riesgo.
En ese sentido, explicó que el pedido de detención había sido formulado como una medida cautelar, pero fue rechazado al considerarse que no existían elementos suficientes para acreditar peligro de fuga.
No obstante, reconoció que la investigada se presentó ante las citaciones judiciales realizadas hasta el momento.
“Hasta el momento, las veces que ha sido citada se ha presentado, pero independientemente de ello, nosotros entendemos que existen ciertos peligros, sobre todo el peligro de fuga”, expresó.
De acuerdo con la información difundida previamente sobre el expediente, el pedido de detención fue presentado por la Fiscalía y rechazado por el juez Martín de Athayde Moncorvo. La investigación está a cargo del fiscal Emilio Gurrieri.
Antecedentes por infracciones y la imposibilidad de realizar una alcoholemia
Otro aspecto que destacó Espada fue la existencia de antecedentes administrativos relacionados con la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol.
Según explicó, en el legajo penal se encuentran incorporadas distintas actas de infracción correspondientes a la persona investigada.
“Se encuentran agregadas ya en el legajo de investigación penal estas actas de infracción debido a conducir bajo efecto de alcohol”, afirmó.
Sin embargo, el abogado aclaró que no se pudo determinar mediante un análisis de sangre si la conductora había consumido alcohol al momento del hecho que provocó la muerte de Damiana Ramos.
De acuerdo con su explicación, luego del siniestro la mujer fue trasladada a un establecimiento sanitario, donde no se concretó la extracción de sangre necesaria para realizar la prueba.
Espada señaló que, si bien en la historia clínica existiría una referencia a la presencia de aliento etílico, ese registro no resulta suficiente por sí solo para acreditar formalmente una alcoholemia positiva en el proceso penal.
“En la historia clínica ya hay cierto detalle de que esta persona tenía aliento etílico, pero un proceso penal requiere algo más que una declaración en este sentido”, explicó.
Esta circunstancia, según el abogado, representa una dificultad probatoria para la investigación.
De todos modos, consideró que existen otros elementos que podrían resultar relevantes para establecer eventuales agravantes relacionados con la conducción del vehículo.
Cabe aclarar que las infracciones anteriores no demuestran que la conductora estuviera alcoholizada durante el siniestro investigado, una circunstancia que deberá ser evaluada conforme a las pruebas disponibles.
Una pericia accidentológica que podría resultar determinante
Espada adelantó que la próxima semana se realizará una de las medidas probatorias más importantes de la investigación: una pericia accidentológica destinada a reconstruir el hecho.
El procedimiento permitirá analizar la trayectoria del vehículo, las condiciones en las que se produjo el impacto y otros aspectos técnicos que podrían contribuir a establecer la velocidad de circulación.
“Lo más importante tiene que ver con la pericia accidentológica, donde vamos a poder reconstruir cómo fue realmente el hecho y cuáles fueron las velocidades de esta persona al momento de conducir el motovehículo”, explicó.
El abogado también señaló que se evaluará la participación de un perito de parte para acompañar el procedimiento.
“Seguramente también podremos incorporar algún perito de parte, a los fines de tener la mayor claridad y la mayor transparencia en lo que tiene que ver con esta prueba”, sostuvo.
Para la representación de la familia, los resultados podrían aportar información fundamental sobre las circunstancias del siniestro y permitir evaluar si corresponde considerar agravantes de la figura de homicidio culposo.
Cámaras de seguridad y nuevos testigos
Durante la entrevista, Espada también brindó detalles sobre el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho.
Según explicó, existen registros audiovisuales que permiten observar momentos anteriores al siniestro, aunque ninguno habría captado directamente el instante del impacto.
“Hay muchas cámaras de la zona, pero ninguna de estas cámaras pudo grabar el momento del hecho. Siempre fueron segundos anteriores”, indicó.
Sin embargo, consideró que esas imágenes podrían aportar elementos para analizar la velocidad a la que circulaba la motocicleta.
En relación con los testimonios, el abogado confirmó que ya existen declaraciones incorporadas a la investigación y que recientemente los familiares tomaron conocimiento de otras personas que estarían dispuestas a declarar.
“Mis clientes me comentaron que existen otros testigos que quieren atestiguar, así que seguramente estaremos informando cuáles son los datos de estas personas”, manifestó.
La incorporación de nuevos testimonios podría contribuir a reconstruir los momentos previos al impacto y complementar los resultados de la pericia accidentológica.
La conductora investigada continúa en libertad
Consultado sobre la situación de la persona señalada como conductora de la motocicleta, Espada confirmó que permanece en libertad tras el rechazo del pedido de detención.
También aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, la investigada no había prestado declaración sobre los hechos.
No obstante, remarcó que se trata de un derecho reconocido por la legislación procesal penal.
“No declaró. Bueno, eso es un derecho que tiene el acusado. No podemos decir si va a declarar o no va a declarar”, sostuvo.
Asimismo, explicó que la defensa técnica, ejercida en este caso por la defensa pública, será la encargada de asesorarla respecto de esa decisión.
La investigación continúa bajo la calificación provisoria de homicidio culposo, mientras se desarrollan las medidas destinadas a establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades penales.
¿Quién era Damiana Ramos y qué ocurrió el 26 de septiembre?
La muerte de Damiana Ramos provocó una profunda conmoción entre sus familiares y vecinos de Alto Comedero.
Damiana tenía 70 años y residía en el Sector B5 de ese populoso barrio de San Salvador de Jujuy.
El sábado 26 de septiembre, alrededor de las 21, salió de su domicilio con la intención de visitar a una prima que vivía en el barrio 8 de Marzo.
Su propósito era invitarla a compartir la celebración de su cumpleaños, prevista para el día siguiente.
Sin embargo, nunca regresó a su casa.
Durante aquella noche, la mujer fue atropellada por una motocicleta en un sector de la avenida Yuto, entre las 21.30 y las 22, según la reconstrucción periodística de los acontecimientos.
Lo que debía ser una celebración familiar terminó convirtiéndose en una tragedia.
Por Juan Quispe - Diario Urgente Jujuy - 8 octubre 2026
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