El juez Rodolfo Miguel Fernández explicó al periodista Juan Quispe de Urgente Jujuy por qué varios jefes comunales quedaron fuera de la causa por los fondos destinados a viviendas sociales. Según sostuvo, los intendentes recibían los recursos pero no tenían la administración central del programa. Sin embargo, su explicación deja abierta una cuestión que excede el resultado judicial: ¿cuánto se conocía en los municipios sobre el funcionamiento de un sistema que terminó bajo investigación durante una década?
Por Juan Quispe – Urgente Jujuy
La denominada Megacausa dejó en marzo una resolución de fuerte impacto político: el juez con función de Control en lo Penal Económico, Rodolfo Miguel Fernández, dispuso el sobreseimiento de numerosos imputados, entre ellos varios intendentes y exintendentes que habían quedado involucrados en la investigación por el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales.
La decisión alcanzó, entre otros, a Raúl Jorge, Julio Moisés, Ramón Ale, Alberto Ortiz, Elsa Flores, Adrián Mendieta, Nilson Ortega, Rolando Ficoseco y Leonel Herrera. Mientras tanto, otros imputados continuaron vinculados al expediente, entre ellos Milagro Sala, José López, Germán Nivello y exautoridades del IVUJ.
Pero ¿por qué quedaron fuera los intendentes?
Fernández dio a Urgente Jujuy una explicación que permite comprender la diferencia entre la percepción política que pudo quedar sobre aquellos años y aquello que jurídicamente podía atribuirse a cada persona dentro del expediente.
Un juez no puede reconstruir libremente una causa y condenar a alguien por cualquier conducta que considere reprochable. Debe resolver sobre hechos, personas y calificaciones jurídicas que ingresaron válidamente al proceso, respetando el derecho de defensa.
Por eso resulta relevante preguntarse si, a lo largo de los años, se investigaron todas las hipótesis posibles alrededor del circuito de los fondos o si la investigación quedó concentrada en determinadas figuras penales.
“Los intendentes no administraban”
El magistrado sostuvo que una de las claves se encuentra en determinar quién tenía efectivamente la administración de los fondos.
“Los intendentes no administraban”, señaló Fernández durante la entrevista.
Según explicó, los recursos llegaban a los municipios y existían plazos muy breves para efectuar los pagos correspondientes. También estaba prevista la intervención municipal en certificaciones de obra, aunque posteriormente debía existir control de otros organismos.
Fernández describió que esas certificaciones quedaban sujetas a la intervención del IVUJ y de Nación y puso un ejemplo para dimensionar el problema: controlar técnicamente cientos de viviendas en pocos días resultaba materialmente difícil.
Su explicación es relevante porque la figura investigada en buena parte de la causa fue la administración fraudulenta.
Fernández explicó que para determinar responsabilidades debía analizarse quién tenía a su cargo la administración del patrimonio y qué obligaciones concretas correspondían a cada uno de los involucrados.
Sobreseimiento no significa necesariamente reconstruir todo lo que ocurrió
Aquí aparece una distinción necesaria.
Una resolución de sobreseimiento determina la situación penal de una persona respecto de las imputaciones sometidas al juez. No necesariamente responde todas las preguntas políticas, administrativas o históricas que pueden formularse sobre cómo funcionaba un sistema.
Y esa diferencia adquiere relevancia en una causa que investigó durante aproximadamente una década el destino de enormes cantidades de recursos destinados a viviendas sociales.
Fernández señaló durante la entrevista que el monto investigado rondaba los $1.500 millones a valores históricos, cifra que, según aclaró, debería ser actualizada.
Pero fue todavía más contundente al describir quiénes considera que terminaron afectados:
“Acá no se perjudicó solamente a la administración pública; se perjudicó a gente vulnerable.”
El juez recordó que aquellos programas perseguían dos objetivos centrales: proporcionar trabajo y vivienda a sectores que tenían dificultades para acceder a una solución habitacional.
¿Qué sabían quienes estaban en los municipios?
Aquí aparece una pregunta que el resultado judicial, por sí mismo, no permite responder.
Durante aquellos años, los municipios recibieron fondos, participaron de circuitos administrativos y tuvieron intervención en determinadas certificaciones relacionadas con las obras.
Que esas circunstancias no hayan resultado suficientes para sostener determinadas imputaciones penales contra los intendentes no permite afirmar que hayan cometido delitos.
Pero tampoco impide que periodísticamente pueda reconstruirse cómo funcionaba el mecanismo administrativo y qué información recibía cada autoridad.
¿Qué documentación llegaba a los municipios?
¿Quién certificaba físicamente el avance de las viviendas?
¿Los intendentes recibieron advertencias sobre irregularidades?
¿Existieron funcionarios municipales que plantearan objeciones?
¿Quién ordenaba efectuar los pagos?
¿Podían los municipios negarse?
¿Hubo comunicaciones entre municipios, Provincia, Nación y organizaciones sociales respecto de obras que presentaban atrasos o problemas?
Esas preguntas no equivalen a una acusación penal. Son preguntas sobre responsabilidad institucional y funcionamiento del Estado.
Una causa también está condicionada por aquello que se acusa
Existe además una cuestión jurídica que muchas veces queda fuera de la discusión pública.
Un juez no puede reconstruir libremente una causa y condenar a alguien por cualquier conducta que considere reprochable. Debe resolver sobre hechos, personas y calificaciones jurídicas que ingresaron válidamente al proceso, respetando el derecho de defensa.
Por eso resulta relevante preguntarse si, a lo largo de los años, se investigaron todas las hipótesis posibles alrededor del circuito de los fondos o si la investigación quedó concentrada en determinadas figuras penales.
La Megacausa comenzó en 2016 a partir de una denuncia por el presunto desvío de recursos destinados a viviendas y llegó a involucrar a más de veinte personas.
Diez años después, algunos quedaron fuera y otros continuaron sometidos al proceso.
La Justicia determina responsabilidades penales; el periodismo todavía puede reconstruir qué ocurrió
Ese quizá sea uno de los interrogantes que deja la Megacausa.
Una persona puede no reunir los elementos necesarios para responder penalmente por una determinada acusación y, al mismo tiempo, seguir existiendo preguntas legítimas sobre cómo funcionaron las instituciones que estaban bajo su responsabilidad.
No corresponde afirmar, sin pruebas, que los intendentes sobreseídos participaron del presunto fraude, recibieron beneficios o conocieron maniobras ilícitas.
Pero sí resulta legítimo preguntar qué sabían, qué podían controlar, qué firmaron y qué hicieron frente a aquello que ocurría con las viviendas en sus respectivas localidades.
Porque detrás de expedientes, certificaciones, convenios y millones de pesos había un objetivo concreto: construir viviendas para familias que las necesitaban.
Y el propio juez Fernández lo sintetizó de una manera que devuelve la discusión al punto de partida:
“Se perjudicó a gente vulnerable.”
Por Juan Quispe - diario Urgente Jujuy - 7 octubre del 2026
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El diputado de LLA confirmó que el ministro de Cultura y Turismo deberá presentarse el jueves 15 ante la Legislatura. Aclaró que la interpelación será amplia y que los legisladores podrán preguntar no solo por el recital de La Renga, sino también por toda la gestión de la cartera.
El diputado provincial Federico Canedi (La Libertad Avanza) confirmó que el próximo jueves 15 se realizará en la Legislatura de Jujuy la interpelación al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, una convocatoria que tendrá como punto de partida los cuestionamientos surgidos en torno a información vinculada al recital de La Renga, pero que se extenderá a diferentes aspectos de la gestión del funcionario.
En diálogo con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, Canedi explicó que durante Labor Parlamentaria se resolvió establecer la fecha luego de que, en la última sesión, el pleno de la Cámara aprobara la interpelación y encomendara definir cuándo debía concretarse.
“Se ha resuelto convocar para el próximo jueves a una sesión especial con motivo de lo que se resolvió en la última sesión, donde el pleno encomendó a Labor Parlamentaria que fije una fecha para que se presente el ministro de Turismo y Cultura y sea interpelado”, señaló.
El legislador indicó además que, de acuerdo con los plazos establecidos para la convocatoria, Posadas deberá ser notificado previamente. Ese mismo jueves también está prevista la realización de una sesión plenaria.
Una interpelación que irá más allá del recital de La Renga
Si bien la convocatoria al ministro surgió a partir de cuestionamientos sobre manifestaciones y cifras relacionadas con el recital de La Renga, Canedi anticipó que la interpelación no quedará limitada a ese episodio.
Según explicó, los diputados tendrán la posibilidad de formular preguntas sobre diferentes áreas bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y Turismo.
“Se dispuso la interpelación por una serie de manifestaciones que aparentemente carecían de fundamentos vinculadas no solamente a la recaudación con motivo de un recital y la capacidad hotelera”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que la intención es avanzar también sobre un informe general de gestión de la cartera.
“Va a ser amplia, o sea que no va a tener restricciones respecto a las preguntas. Todos los legisladores vamos a poder consultar sobre todas las cuestiones atinentes a la gestión”, afirmó Canedi.
De esta manera, además de las consultas vinculadas con La Renga, podrán plantearse interrogantes relacionados con las políticas de turismo y cultura implementadas en la provincia.
“El ministro tiene la obligación de presentarse”
Uno de los puntos más contundentes de las declaraciones de Canedi estuvo relacionado con una eventual ausencia del ministro a la convocatoria.
El diputado sostuvo que Posadas tiene la obligación de concurrir a la Legislatura y afirmó que, ante una eventual inasistencia, el Poder Legislativo cuenta con mecanismos para exigir su comparecencia.
“El ministro tiene la obligación de presentarse y, si no concurre, hasta podemos disponer que se lo convoque con la fuerza pública”, expresó.
Canedi enmarcó la interpelación dentro de las facultades de control que posee el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y sostuvo que la presencia del funcionario permitirá que los diputados puedan despejar dudas sobre el funcionamiento de su área.
“La idea es que sea una apertura, que todos los legisladores puedan sacar y dejar todas las dudas del informe, con un informe de gestión de lo que ha hecho esa cartera ministerial”, explicó.
Qué podría ocurrir después de la interpelación
Consultado sobre las consecuencias que podría tener una eventual falta de respuestas o información considerada insuficiente durante la exposición, Canedi señaló que la responsabilidad política del gabinete alcanza al gobernador de la provincia.
“El responsable principal del gabinete es el gobernador”, manifestó.
Según el legislador, si durante la interpelación se produjera una situación en la que el ministro “falsea información, no responde o responde de manera deficiente”, la Legislatura podría requerir al gobernador que adopte medidas.
Canedi recordó que entre las atribuciones del Poder Legislativo se encuentra precisamente el control sobre el Poder Ejecutivo, además de la sanción de leyes y la prestación de acuerdos.
“Si el ministro falsea o no cumple, habrá que pedirle al gobernador que tome medidas”, sostuvo.
También habrá sesión plenaria
La jornada del jueves 15 no estará limitada a la interpelación. Canedi confirmó que también se convocará a una sesión plenaria, aunque todavía resta conocer cuáles serán los proyectos incluidos definitivamente en el orden del día.
Ante la consulta sobre la posibilidad de que avance el tratamiento de iniciativas vinculadas a la multitrocha, el diputado señaló que hasta el momento no tenía conocimiento de que existiera un despacho de comisión que permitiera anticipar su llegada al recinto.
“Habría que ver con la inclusión del orden del día, que eso hasta el día previo a la sesión puede incorporarse”, explicó.
Canedi agregó que existen numerosos proyectos pendientes de tomar estado parlamentario y que posteriormente deberán ser girados a las respectivas comisiones para continuar con su tratamiento.
Así, la Legislatura de Jujuy se prepara para una jornada con dos instancias legislativas, con la interpelación a Federico Posadas como uno de los principales puntos de atención. El ministro deberá responder por los cuestionamientos que originaron su convocatoria, mientras que los diputados tendrán abierta la posibilidad de extender las preguntas al conjunto de la gestión de Turismo y Cultura.
Por Juan Quispe- Diario Urgente Jujuy - 7 octubre del 2026
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El diputado de LLA insistió en eliminar tasas, impuestos y otros conceptos que, según afirmó, encarecen la factura eléctrica. Además, adelantó que el ministro Federico Posadas deberá brindar explicaciones en la Legislatura por las cifras y contrataciones vinculadas al recital de La Renga.
El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, volvió a cuestionar la composición de las facturas de energía eléctrica en Jujuy y confirmó que su espacio continuará impulsando la eliminación de tasas, impuestos y otros conceptos que se cobran a través de la boleta de EJESA.
En declaraciones al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, el legislador explicó que el proyecto ya tomó estado parlamentario y señaló que la intención es avanzar con una discusión sobre aquellos componentes de la factura que, según su postura, no guardan relación directa con el consumo energético de las familias y los comercios.
“Nosotros insistimos con que la Provincia y los municipios deben dejar de cobrar tasas e impuestos y todo tipo de rubros y conceptos en las boletas de EJESA que no hacen al consumo energético”, expresó Ballesty.
Ballesty volvió a cuestionar la recaudación a través de EJESA
El legislador sostuvo que detrás de esos cargos existe una política recaudatoria tanto de la Provincia como de los municipios y volvió a plantear fuertes cuestionamientos sobre el destino de esos recursos.
Según Ballesty, en algunos casos los conceptos adicionales pueden representar una parte considerable del monto final que pagan los usuarios.
“Hoy por hoy casi el 50% de lo que se está pagando en la boleta de EJESA obedece a tasas e impuestos provinciales y municipales, también a fondos, rubros o conceptos que son totalmente ajenos” al consumo energético, aseguró.
El diputado ejemplificó con familias que afrontan facturas mensuales de $300.000, $400.000 o $500.000 y sostuvo que una proporción importante correspondería a estos componentes.
Las cifras y proporciones señaladas corresponden a las afirmaciones realizadas por Ballesty durante la entrevista y pueden variar de acuerdo con el consumo, la jurisdicción y los conceptos aplicados a cada usuario.
Advirtió sobre el impacto de los aumentos
Ballesty también puso el foco en la forma en que se calculan determinados cargos y aseguró que algunos no constituyen montos fijos, sino que se encuentran vinculados al valor del servicio.
Por ese motivo, explicó que un incremento en el costo energético puede repercutir también sobre esos conceptos.
“Esos montos no son montos fijos, son montos que están atados al consumo energético. Es decir, si el consumo energético se encarece o aumenta en la casa, por ende también esos montos van a seguir creciendo”, afirmó.
En ese contexto, el diputado calificó el esquema como un “negocio redondo” para los gobiernos provincial y municipales y sostuvo que representa “una caja formidable”.
Ballesty fue incluso más allá y vinculó políticamente esa recaudación con el próximo escenario electoral, al considerar que podría servir para sostener estructuras del oficialismo de cara a la campaña.
Se trata de una acusación política formulada por el legislador: durante la entrevista no presentó documentación que permita establecer que los fondos recaudados mediante esos conceptos sean utilizados efectivamente para financiar campañas electorales.
Posadas deberá responder por los números de La Renga
En otro tramo de la entrevista, Ballesty se refirió a la situación del ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, y anticipó que la Legislatura avanzará con su interpelación.
El pedido está relacionado con las cifras difundidas sobre el impacto turístico y económico que habría generado el recital de La Renga, particularmente en materia de visitantes, ocupación hotelera y gastronómica, movimiento económico y contrataciones vinculadas con el evento.
Ballesty puso en duda algunos de esos datos.
“A priori y a simple vista son un poco exagerados y no guardan relación con la real ocupación hotelera y gastronómica”, sostuvo.
El diputado consideró que la presencia del ministro en la Legislatura deberá servir también para transparentar las contrataciones realizadas y conocer la documentación que respalda los números difundidos.
“Esperemos que el oficialismo se brinde a dar todo tipo de información y ponga en la mesa todos los papeles que correspondan”, manifestó.
“A simple vista no cierran los números”
Para Ballesty, la interpelación representa una oportunidad para determinar cuál fue efectivamente el impacto económico del recital y contrastar los datos oficiales con la documentación correspondiente.
“Queremos transparentar un poco cómo se han realizado las contrataciones para ese festival”, señaló.
El diputado insistió en que será necesario conocer “cuáles son los números reales” y cerró con una nueva crítica a las cifras que se dieron a conocer tras el espectáculo: “A simple vista no cierran los números y parece que ha sido un poco exagerado lo que se ha comunicado oportunamente”.
De esta manera, Ballesty mantiene abiertos dos cuestionamientos diferentes hacia la gestión provincial: por un lado, busca llevar a la discusión legislativa los cargos adicionales incluidos en las facturas de EJESA; por otro, espera que la interpelación a Posadas permita esclarecer las cifras y contrataciones relacionadas con el recital de La Renga.
Por Juan Quispe - Diario Urgente Jujuy - 7 octubre 2026
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El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy destacó los indicadores sociales de la provincia y afirmó que tiene “el índice de pobreza más bajo de todo el país, o uno de los índices más bajos”. Los últimos datos muestran una mejora importante para Jujuy-Palpalá y un registro inferior al promedio nacional, aunque no ocupa el primer lugar. Además, la medición no representa a toda la provincia.
Por Juan Quispe – Urgente Jujuy
El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, destacó la situación de la provincia al referirse a los indicadores de pobreza durante una presentación vinculada a la próxima exposición productiva y empresarial.
En medio de su exposición, en el marco de la Expojuy 2026, y luego de hacer referencia a la difícil situación económica nacional, el funcionario realizó una afirmación que sobresalió del resto de los anuncios.
“Jujuy sigue estando en los números top de las provincias de todo el país, en este caso con el índice de pobreza más bajo de todo el país, o uno de los índices de pobreza más bajos de todo el país”.
Pero, ¿qué muestran los últimos números oficiales?
La respuesta requiere algunos matices.
Jujuy mejoró, pero no tiene la pobreza más baja del país
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, determinaron que el 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados en Argentina se encontraba debajo de la línea de pobreza. La indigencia alcanzó al 7,5%.
En el caso de Jujuy-Palpalá, la pobreza fue del 27,6% de las personas, por lo que efectivamente se ubicó por debajo del promedio nacional.
Además, existe otro elemento: un año antes, durante el primer semestre de 2025, el indicador para el mismo aglomerado había sido del 31,2%. Esto significa una reducción interanual de 3,6 puntos porcentuales.
Hasta allí, los números acompañan una parte de la valoración realizada por Abud Robles: el indicador mejoró y quedó por debajo del promedio nacional.
Sin embargo, Jujuy-Palpalá no registró la pobreza más baja de la Argentina.
El propio relevamiento muestra que existen distintos aglomerados urbanos con porcentajes inferiores. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 11,1%; Neuquén-Plottier, 19,6%; Mar del Plata, 20,4%; Gran Rosario, 23,1%; y Río Cuarto, 23,6%, entre otros.
Por lo tanto, la afirmación de que Jujuy tiene “el índice de pobreza más bajo de todo el país” no coincide con los datos disponibles para el primer semestre de 2026.
El dato favorable aparece en el NOA
La posición de Jujuy cambia cuando la comparación se realiza dentro del Noroeste argentino.
Jujuy-Palpalá registró 27,6%, mientras que Gran Tucumán-Tafí Viejo alcanzó 27,9%; Salta, 29,7%; Gran Catamarca, 37,3%; La Rioja, 38,4%; y Santiago del Estero-La Banda, 38,5%.
De esta manera, Jujuy-Palpalá presentó el porcentaje más bajo de pobreza entre los aglomerados del NOA en esta medición.
Por lo tanto, esta es una diferencia importante, ya que estar primero dentro de la región no equivale a registrar la menor pobreza de todo el país, tal cual se anunció en el discurso en la Casa de Gobierno de Jujuy.
Unas 101 mil personas continúan debajo de la línea de pobreza
Existe además otra manera de observar el 27,6%.
El porcentaje representa aproximadamente 101 mil personas del aglomerado Jujuy-Palpalá cuyos ingresos no alcanzaban para superar la línea de pobreza durante el período analizado. También se estimaron alrededor de 24 mil hogares en esa condición.
Es decir, la disminución del indicador constituye una mejora estadística respecto del año anterior, pero el número continúa involucrando a más de una cuarta parte de la población del aglomerado.
Este contraste permite dimensionar el dato más allá de su utilización en el discurso político: Jujuy-Palpalá está por debajo del promedio nacional y mejoró interanualmente, pero todavía unas 101 mil personas permanecen bajo la línea de pobreza.
¿Confundió pobreza con indigencia?
Existe otro dato que podría explicar la afirmación del ministro, aunque Abud Robles no hizo esa distinción durante sus declaraciones.
En indigencia, Jujuy-Palpalá registró un porcentaje particularmente bajo: 1,4% de las personas, equivalente aproximadamente a 5 mil habitantes. En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos del país, el indicador fue del 7,5%.
Pobreza e indigencia, sin embargo, son indicadores diferentes.
La pobreza se determina comparando los ingresos del hogar con la Canasta Básica Total (CBT), que contempla necesidades alimentarias y no alimentarias. La indigencia toma como referencia la Canasta Básica Alimentaria (CBA). La propia DiPEC explica esta diferencia metodológica.
Por eso no corresponde utilizar ambos conceptos indistintamente.
Otro detalle: el dato no comprende a toda la provincia
Hay además una precisión metodológica fundamental.
Cuando se habla del 27,6% de pobreza en Jujuy, no se está midiendo de manera directa a todos los habitantes de la provincia.
La Encuesta Permanente de Hogares utilizada para esta medición trabaja en Jujuy sobre una muestra de viviendas ubicadas en San Salvador de Jujuy y Palpalá, según explica la propia Dirección Provincial de Estadística y Censos.
Por lo tanto, el porcentaje no puede trasladarse automáticamente a localidades como La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Libertador General San Martín, San Pedro, Perico o El Carmen.
Esto también vuelve imprecisa una comparación formulada directamente entre “provincias”, cuando los datos publicados corresponden a aglomerados urbanos relevados por la EPH.
Los números muestran una mejora, pero no exactamente la posición que describió el ministro
Las estadísticas permiten reconocer un resultado favorable para Jujuy-Palpalá: la pobreza descendió hasta el 27,6%, quedó por debajo del 32,3% registrado para el conjunto de los 31 aglomerados y presentó el menor porcentaje entre los aglomerados del NOA.
Pero los mismos números también permiten poner en contexto las declaraciones de Abud Robles.
Jujuy-Palpalá no tiene el índice de pobreza más bajo de la Argentina, el dato corresponde específicamente al aglomerado conformado por San Salvador de Jujuy y Palpalá y alrededor de 101 mil personas continúan debajo de la línea de pobreza.
Así, detrás de una afirmación política optimista aparece una realidad estadística más compleja: hubo una mejora concreta y significativa, pero los datos oficiales no ubican a Jujuy en el lugar exacto que describió el ministro.
Diario Urgente Jujuy 5 de octubre del 2026
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