El abogado de los ex empleados aseguró que la causa fue remitida al fuero federal tras advertirse una posible afectación a la administración pública. También reclamó avances en la investigación por presuntas amenazas denunciadas por los trabajadores.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de un grupo de mecánicos y choferes despedidos de la empresa de transporte Santa Ana, informó que la denuncia vinculada a presuntas irregularidades en las declaraciones juradas presentadas ante la ANSES fue remitida a la Justicia Federal, donde continuará la investigación por un posible fraude en perjuicio de la administración pública.

Según explicó el letrado, la causa se originó luego de que los trabajadores intentaran acceder al fondo de desempleo tras ser desvinculados de la empresa y se encontraran con una situación inesperada.

"Esta semana hemos tenido novedades respecto de las denuncias que se habían realizado por este fraude en perjuicio de la administración pública", expresó Espada.

El abogado recordó que, al presentarse ante la ANSES para tramitar la prestación por desempleo, los exempleados figuraban en las declaraciones juradas como si ya hubieran percibido la totalidad de sus liquidaciones finales.

"Cuando fueron a la ANSES a tratar de cobrar las prestaciones correspondientes al desempleo, se encontraron con la noticia de que figuraban como que ya habían percibido su liquidación final. Esto obviamente es absolutamente falso", afirmó.

Espada explicó que la denuncia fue presentada inicialmente ante la Justicia provincial, aunque posteriormente se resolvió que la investigación debía tramitar en el ámbito federal.

"Se determinó que era incompetente la Justicia provincial y, al tratarse de un posible delito contra la administración pública, la causa fue remitida a la Justicia Federal, que ahora deberá investigar si, como nosotros creemos, estamos frente a la presencia de un delito", sostuvo.

El representante legal valoró que la denuncia no haya sido rechazada de manera inmediata y consideró que ello demuestra que existen elementos que justifican avanzar con la investigación.

"Lo importante para nosotros es que la denuncia no fue archivada in limine. Existe una presunción de cierta verosimilitud en lo que estamos diciendo, porque no se trata de un solo trabajador, sino de numerosos empleados que aparecían como si hubieran cobrado liquidaciones que nunca percibieron", manifestó.

Espada señaló que esa situación generó un perjuicio directo para los despedidos.

"Esa información les impidió inicialmente acceder al fondo de desempleo, porque figuraban como si ya hubieran recibido importantes sumas de dinero, cuando eso jamás ocurrió", indicó.

La causa por presuntas amenazas continúa pendiente

Durante la conferencia de prensa, el abogado también se refirió a la otra causa penal iniciada por los trabajadores, relacionada con presuntas amenazas recibidas antes de los despidos.

Espada recordó que esa investigación fue archivada en dos oportunidades y que actualmente se encuentra bajo análisis de la Procuración General.

"Ya vamos a cumplir un mes desde que presentamos una nueva oposición al archivo de la denuncia. Esperamos que la Procuración General resuelva cuanto antes porque los trabajadores vienen reclamando justicia", afirmó.

Según relató, la denuncia sostiene que los empleados fueron advertidos de que, si no desistían del reclamo salarial iniciado contra la empresa, serían despedidos y no volverían a conseguir empleo dentro del transporte urbano.

"La amenaza se cumplió. Les dijeron que si no retiraban el reclamo iban a ser despedidos y que nunca más conseguirían trabajo en el transporte. Hoy siguen presentando currículums en distintas empresas y no son incorporados", expresó.

Finalmente, Espada reiteró que continuará impulsando ambas investigaciones para que se esclarezcan los hechos denunciados y se determinen las eventuales responsabilidades.

El conflicto

El conflicto involucra a siete trabajadores —entre mecánicos y choferes— que fueron despedidos por la empresa Santa Ana luego de reclamar el pago de diferencias salariales conforme a la escala nacional de la UTA, según sostienen los denunciantes. Los empleados aseguran que antes de las desvinculaciones fueron convocados a una reunión en la que habrían recibido advertencias para que desistieran de sus reclamos judiciales.

Además del reclamo laboral, los exempleados denunciaron que al intentar acceder al fondo de desempleo descubrieron que figuraban ante la ANSES como si ya hubieran percibido sus liquidaciones finales, situación que inicialmente les impidió cobrar ese beneficio. La investigación sobre esa presunta maniobra fue derivada recientemente a la Justicia Federal, mientras que la causa por las supuestas amenazas continúa pendiente de resolución en la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación.

El abogado de la familia sostuvo  que la información preliminar de la médica del equipo del estudio jurídico, confirmó una asfixia por ahorcamiento, pero remarcó que existen otras lesiones en el cuerpo del joven que "son absolutamente extrañas a la causa de fallecimiento" y que deberán ser investigadas.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia de Valentín Llampa, brindó una conferencia de prensa luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia practicada al joven hallado sin vida en la ciudad de Palpalá.

Durante su exposición, el letrado confirmó que el estudio forense determinó como causa de muerte una asfixia por ahorcamiento, aunque aclaró que el caso continúa bajo investigación debido a la existencia de otros elementos que generan serias dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

"El martes se llevó adelante la autopsia con la finalidad de detectar cuál había sido la causa del fallecimiento de Valentín, porque la verdad es que había muchas hipótesis dando vueltas. Si bien hoy podemos confirmar que la causa de muerte es una asfixia por ahorcamiento, también podemos afirmar que estamos frente a lo que se conoce como una muerte dudosa", expresó.

Espada explicó que esa conclusión surge de las primeras observaciones realizadas durante la autopsia.

"Se han podido detectar lesiones que son absolutamente extrañas a la causa de fallecimiento en otras zonas del cuerpo y que, posiblemente, ya hablando en potencial, podrían dar lugar a la participación de una tercera persona", sostuvo.

Consultado sobre el tipo de lesiones detectadas, el abogado evitó brindar mayores precisiones para no entorpecer la investigación, aunque confirmó que las mismas se encuentran distribuidas en distintas partes del cuerpo.

"Tenemos un informe preliminar y somos muy cautelosos con las conclusiones. Sí podemos decir que existen lesiones en distintas partes del cuerpo que no están vinculadas con la asfixia por ahorcamiento", manifestó.

En ese sentido, indicó que ya fueron solicitadas diversas medidas probatorias para reconstruir las últimas horas con vida del joven.

"Se han solicitado numerosos testimonios para establecer con quién estuvo Valentín, qué ocurrió en los minutos previos a su desaparición y qué pasó antes de que fuera encontrado sin vida en ese domicilio", señaló.

Respecto de una posible participación de otras personas, Espada aclaró que todavía no existen elementos suficientes para formular una afirmación categórica.

"Hoy no tenemos una prueba que nos permita afirmar de manera contundente si hay uno, dos o más involucrados. Lo que sí podemos decir es que existen lesiones en el cuerpo de Valentín que son absolutamente extrañas a la causa del fallecimiento", afirmó.

El representante legal de la familia también hizo referencia a las versiones que circularon en los primeros días de la investigación respecto de una presunta decisión voluntaria del joven.

"Se habló mucho de que se trató de un acto voluntario. Sin embargo, toda la familia y sus compañeros salieron a reclamar porque conocían la historia de vida de Valentín y no había ningún motivo para sospechar que se hubiera quitado la vida por sus propios medios", expresó.

Y agregó: "Esta autopsia viene, de alguna manera, a corroborar que algún tipo de violencia sufrió Valentín antes de perder la vida".

Finalmente, Espada aseguró que  trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para esclarecer completamente los hechos.

"Lo que queremos remarcar es que la causa del fallecimiento de Valentín no está clara y obedece a una muerte dudosa. Vamos a solicitar todas las medidas probatorias que sean necesarias y entendemos que la Fiscalía de Palpalá también continuará avanzando con distintas diligencias para esclarecer qué ocurrió antes de su muerte", concluyó.

Datos del caso

Valentín Llampa fue encontrado sin vida en una vivienda de la ciudad de Palpalá, hecho que generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos.

Desde un primer momento, la familia cuestionó la hipótesis inicial que apuntaba a una muerte voluntaria y reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En ese marco, el Ministerio Público de la Acusación ordenó la realización de la autopsia y distintas medidas investigativas. Tras conocerse el informe preliminar, el representante legal sostiene que existen elementos objetivos que justifican profundizar la investigación, al considerar que las lesiones detectadas en el cuerpo del joven no serían compatibles únicamente con la causa de muerte determinada y podrían abrir nuevas líneas de investigación.

La causa continúa en etapa investigativa y se esperan los informes periciales definitivos, junto con la incorporación de nuevos testimonios y otras medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía y la querella.

El incumplimiento de una orden judicial dictada por el Juzgado Ambiental derivó en una condena penal, en un caso que refleja la articulación entre ambos fueros para garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones en materia ambiental.

El Juzgado Penal Unipersonal a cargo del Dr. Martín de Athayde Moncorvo, condenó a un hombre a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta por el plazo de dos años, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “desobediencia judicial” previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El fallo, dictado el 18 de junio de 2026, tuvo origen en el incumplimiento una de sentencia ambiental firme dictada por la jueza Dra. Laura Flores, que ordenaba al condenado a cesar la acumulación y quema de residuos en un inmueble y remediar el predio afectado.

El origen del caso en el Juzgado Ambiental

El expediente se inició a partir de un reclamo de vecinos de la zona, quienes denunciaron que en un inmueble lindero se acumulaban neumáticos, motocicletas en desuso, chatarra, colchones y otros residuos, además de realizarse quemas frecuentes que generaban humo, olores molestos y afectaciones a la calidad de vida de las familias de la zona.

Tras analizar las pruebas producidas, la Jueza Ambiental dictó sentencia el 30 de mayo de 2022, ordenando al demandado cesar de manera inmediata el depósito, enterramiento y quema de residuos en el inmueble. Asimismo, dispuso que iniciara tareas de limpieza y remediación del predio, debiendo dejarlo libre de residuos y chatarras potencialmente contaminantes. La resolución estableció expresamente que, en caso de incumplimiento, podrían imponerse sanciones y remitirse las actuaciones a la justicia penal.

El incumplimiento persistente y la derivación a la justicia penal

Posteriormente, se realizaron diversas inspecciones por el Cuerpo Interdisciplinario de Expertos del Juzgado Ambiental en el lugar, que permitieron constatar que la situación persistía y que las medidas ordenadas no habían sido cumplidas. En consecuencia, mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2023, la Dra. Flores impuso al demandado una sanción monetaria, hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia, y dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía especializada en materia ambiental.

A pesar de las intimaciones judiciales y de las sanciones económicas impuestas, el incumplimiento continuó siendo verificado mediante informes técnicos e inspecciones posteriores del equipo especializado del Juzgado Ambiental.

La condena Penal

En su resolución, el Dr. Martín de Athayde Moncorvo, entre las reglas de conducta impuestas, dispuso dar estricto cumplimiento a la sentencia ambiental dictada en 2022, disponiendo la limpieza integral del inmueble en un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.

La resolución evidencia que el incumplimiento de una sentencia ambiental puede generar consecuencias que exceden el ámbito civil. Cuando una orden judicial firme es desobedecida de manera persistente, la conducta puede dar lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio de las sanciones económicas y medidas de ejecución dispuestas para asegurar la protección efectiva del ambiente y los derechos de las personas afectadas.

La resolución penal aún no se encuentra firme y podría ser objeto de los recursos previstos por la legislación vigente

El abogado Carlos Sebastián Espada informó que la Justicia Laboral dictó una sentencia favorable para la familia de Mayra Tolaba, la joven agente de la Policía de Jujuy que falleció en noviembre de 2022 luego de sufrir un grave accidente de tránsito cuando regresaba a su domicilio tras cumplir funciones laborales.

La resolución fue notificada el pasado 18 de junio en el expediente caratulado “Tolaba, Abdón y Valdez, Ana c/ Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy”, que tramita ante la Sala II del Tribunal del Trabajo. Si bien la sentencia aún no se encuentra firme, representa un importante avance para los familiares de la joven.

Espada resaltó que la familia recibirá aproximadamente 100 millones de pesos como indemnización reconocida a la familia, y la Justicia logró desvirtuar la versión sostenida por el Estado durante el proceso judicial.

“Lo más importante es que pudimos superar el argumento que intentaba responsabilizar a Mayra por lo ocurrido. La familia cargó durante años con esa situación y hoy la Justicia reconoció que los hechos sucedieron de una manera muy distinta”, sostuvo el letrado.

Durante el juicio, una de las posiciones planteadas fue que el accidente no guardaba relación con las obligaciones laborales de la agente. Sin embargo, la prueba producida permitió acreditar que Mayra Tolaba había sido convocada a cumplir un recargo de servicio en la localidad de Santa Clara y que, al finalizar sus tareas durante la madrugada, no contaba con transporte público para regresar a su domicilio en La Mendieta.

La sentencia destaca que la joven inició el regreso a su hogar utilizando distintos medios de transporte, siendo trasladada en una primera instancia por un móvil policial hasta la zona del puente San Pedro y completando posteriormente el trayecto en motocicleta junto a un familiar.

En ese sentido, el Tribunal entendió que esta circunstancia no interrumpió el nexo entre el trabajo y el accidente. Por el contrario, valoró que la utilización de distintos medios de traslado estuvo directamente relacionada con la inexistencia de transporte público en ese horario.

Entre sus fundamentos, la Justicia señaló que “la prueba producida demuestra que luego de finalizar el recargo policial la agente inició el regreso hacia su domicilio, siendo trasladada parcialmente en un móvil policial y completando posteriormente dicho recorrido mediante la ayuda de un familiar, circunstancia que aparece razonablemente vinculada con la inexistencia de transporte público durante la madrugada”.

Asimismo, remarcó que “la mera circunstancia de haber utilizado más de un medio de transporte no configura por sí misma una interrupción relevante del trayecto ni resulta apta para quebrar el nexo causal protegido por la ley”.

Para Espada, la decisión judicial implica una reivindicación para los seres queridos de la joven policía.

“Durante mucho tiempo la familia tuvo que escuchar versiones que trasladaban la responsabilidad a la propia víctima e incluso al familiar que intentó ayudarla a regresar a su casa. Hoy la Justicia reconoció que Mayra estaba volviendo de cumplir con su trabajo y que las circunstancias que rodearon el accidente estaban vinculadas a esa realidad”, expresó.

El caso

Mayra Tolaba era una joven agente de la Policía de la Provincia de Jujuy con residencia en La Mendieta. El accidente ocurrió durante la madrugada del 4 de noviembre de 2022, luego de que finalizara un servicio adicional en la localidad de Santa Clara.

Tras ser trasladada por un móvil policial hasta la zona del puente San Pedro, continuó viaje hacia su domicilio en una motocicleta conducida por un primo. Cuando circulaban por la Ruta Provincial Nº 56, el rodado derrapó y la joven sufrió gravísimas lesiones.

Mayra permaneció internada en estado crítico, pero finalmente falleció horas después.

A partir de entonces, su familia inició un reclamo judicial que culminó con esta sentencia favorable, considerada por su representante legal como un paso fundamental para restablecer la verdad de lo ocurrido y reivindicar la memoria de la joven agente.