El abogado Carlos Sebastián Espada, representante de la familia Pinto, confirmó que la Fiscalía modificó la imputación que inicialmente investigaba el hecho como homicidio culposo. Ahora, el conductor está imputado por doble homicidio con dolo eventual consumado y lesiones graves. Informes accidentológicos y elementos vinculados con el uso de teléfonos celulares forman parte de las pruebas analizadas en la investigación.

La investigación por el siniestro vial en el que murieron José Ignacio Pinto y su esposa, mientras que sus dos hijas resultaron gravemente heridas, tuvo un importante avance con la modificación de la imputación penal contra el conductor investigado.

En una entrevista con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, el abogado Carlos Sebastián Espada, quien representa a la familia de las víctimas, confirmó que la Fiscalía dejó atrás la calificación inicial vinculada al homicidio culposo y avanzó hacia una figura considerablemente más grave: doble homicidio con dolo eventual, además de las lesiones graves sufridas por las jóvenes.

“Ha habido un cambio en lo que hace a la investigación penal preparatoria. Se ha modificado la imputación”, explicó Espada.

El hecho ocurrió en mayo de este año sobre la autopista de la Ruta Nacional 66. Según relató el abogado, una camioneta salió de su carril, invadió el sentido contrario de circulación e impactó frontalmente contra el vehículo en el que viajaba el matrimonio Pinto junto a sus dos hijas.

Como consecuencia del violento impacto, el matrimonio falleció, mientras que las jóvenes que viajaban en el asiento trasero sufrieron lesiones de gravedad y continúan atravesando su proceso de recuperación.

De homicidio culposo a dolo eventual

Espada explicó que inicialmente la investigación había comenzado bajo una calificación culposa. Sin embargo, a medida que avanzaron las actuaciones y fueron incorporándose nuevas pruebas, la querella transmitió al fiscal su posición respecto de la gravedad de las conductas que estaban siendo analizadas.

“Decidimos hacer notar nuestro parecer respecto de algunas pruebas, pruebas que son contundentes en cuanto a que no se trata de un simple siniestro”, afirmó.

Para el representante de la familia, existen elementos que permiten sostener, en esta instancia de la investigación, que el conductor habría comprendido el riesgo generado por su conducta y la posibilidad de provocar consecuencias fatales.

“Podemos afirmar en esta etapa inicial que esta persona comprendía el peligro de su accionar, comprendía que con este accionar podía terminar causando el fallecimiento de una persona”, sostuvo.

En ese contexto, Espada valoró la decisión adoptada por el Ministerio Público de la Acusación.

“Entendemos muy acertada la medida por parte del fiscal”, manifestó, al referirse al cambio hacia la imputación por doble homicidio con dolo eventual y lesiones graves.

Una diferencia sustancial en la escala penal

Durante la entrevista, Espada explicó que la diferencia entre investigar un homicidio culposo y un homicidio simple cometido con dolo eventual no es solamente conceptual, sino que también tiene una incidencia sustancial sobre una eventual pena.

Según indicó, mientras las figuras culposas contemplan escalas considerablemente menores, el homicidio simple previsto en el artículo 79 del Código Penal tiene una pena que parte de los ocho años de prisión.

“La escala penal y lo que tiene que ver con el reproche del injusto penal varía notablemente cuando estamos frente a un homicidio culposo y un homicidio simple con dolo eventual”, explicó.

No obstante, el abogado reconoció que el dolo eventual en materia de siniestros viales constituye una figura cuya acreditación requiere un análisis particularmente riguroso.

“Sabemos que son situaciones de difícil configuración, pero tenemos algunos precedentes judiciales donde, en ciertos siniestros, se ha demostrado que se va más allá de lo que se entiende por culpa”, sostuvo.

Para la querella, justamente ese será uno de los aspectos centrales que deberá discutirse cuando la causa llegue a juicio.

Informes accidentológicos y análisis de teléfonos celulares

Otro de los puntos relevantes revelados por Espada tiene que ver con las pruebas que permitieron avanzar en la reconstrucción de los momentos previos al impacto.

El abogado señaló que buena parte de los elementos incorporados no surgieron solamente de declaraciones testimoniales, sino fundamentalmente de informes técnicos.

“Se ha realizado una pericia accidentológica y también una serie de informes en lo que tiene que ver con los teléfonos celulares”, explicó.

De acuerdo con Espada, esos elementos habrían permitido establecer que, al momento del hecho, el conductor realizaba actividades incompatibles con la concentración necesaria para conducir en una autopista.

“Se ha podido demostrar que esta persona, al momento del hecho, venía realizando actividades que no eran propias de una persona que viene manejando por la autopista”, afirmó.

El abogado evitó revelar mayores detalles sobre esas actividades debido a que la investigación todavía se encuentra en curso, pero sostuvo que el conductor “no venía concentrado” en la conducción de una camioneta de gran porte y a la velocidad propia de una autopista.

“Entendemos que vamos por un buen camino”

Espada manifestó que la familia recibió favorablemente el avance de la investigación y destacó que la nueva imputación se aproxima al planteo que venían sosteniendo respecto de la gravedad del hecho.

“Entendemos que vamos por un buen camino, que la investigación y la imputación apuntan precisamente hacia lo que quiere la familia de las víctimas”, expresó.

La investigación penal preparatoria todavía no está concluida. Según adelantó el abogado, resta incorporar prueba y se encuentra prevista una nueva declaración testimonial.

La expectativa de la querella es que, una vez completadas esas medidas, pueda cerrarse la etapa preparatoria y la causa avance hacia el debate oral.

“Estamos conformes y esperamos que la investigación termine pronto y que podamos avanzar hacia el juicio”, concluyó Espada.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, presentó un proyecto de ley para crear un Registro Unificado de la Primera Infancia. La iniciativa busca integrar información que actualmente se encuentra distribuida entre distintas áreas del Estado para facilitar la actuación de los centros que trabajan con niños.

El diputado provincial Federico Canedi (LLA) presentó esta semana en la Legislatura de Jujuy un proyecto para crear un Registro Unificado de la Primera Infancia, con el objetivo de concentrar información relevante sobre los niños y su entorno familiar que actualmente, según explicó, se encuentra dispersa en diferentes organismos y sistemas.

Canedi señaló al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy que la iniciativa surgió a partir de recorridos realizados por distintos espacios dedicados a la atención y asistencia durante los primeros años de vida.

“Hemos visitado muchos lugares donde se presta asistencia a la primera infancia y hemos notado que, si bien existe información, esta se encuentra dispersa”, explicó el legislador.

Según indicó, quienes trabajan en estos establecimientos pueden encontrarse sin acceso inmediato a datos importantes relacionados con la situación familiar, educativa o sanitaria de los niños que tienen bajo su cuidado.

Integrar información de Salud y Educación

La propuesta apunta a crear un sistema que permita unificar información ya existente, y no a generar datos nuevos, aclaró Canedi.

“Hoy existe esa información, no es información que se crea, pero está dispersa en todo el sistema”, sostuvo.

El proyecto contempla, de acuerdo con las declaraciones del diputado, integrar datos provenientes de los sistemas de Salud y Educación, además de información relacionada con la situación de los padres o responsables legales.

Entre los aspectos mencionados por Canedi aparecen la información sanitaria y educativa del menor, la situación parental de sus responsables y la determinación de quién se encuentra legalmente autorizado para ejercer su cuidado.

El legislador también mencionó información sobre eventuales antecedentes penales de los padres, uno de los aspectos que deberá ser analizado durante el tratamiento legislativo por tratarse de datos personales sensibles y por los alcances que tendría su incorporación al registro.

Evitar situaciones de riesgo en los centros de primera infancia

Canedi explicó que uno de los problemas que busca atender el proyecto aparece cuando una persona intenta retirar a un niño de una institución sin contar con la correspondiente responsabilidad parental o autorización.

“Muchas veces pasa que se presenta a retirar a un menor alguien que no tiene la responsabilidad parental, y eso deja desprevenidos a muchos docentes”, señaló.

Otro de los ejemplos mencionados está relacionado con la administración de medicamentos o tratamientos, situaciones en las que consideró fundamental que quienes están al cuidado del niño puedan contar con información sanitaria adecuada.

Para el diputado, disponer de esos datos permitiría reforzar la protección de los menores y, al mismo tiempo, brindar mayores herramientas y seguridad a docentes y responsables de los centros de primera infancia.

Protección de los niños y manejo de datos personales

La iniciativa abre también una discusión sobre cómo debería administrarse y protegerse información de carácter personal, familiar, educativo y sanitario, así como quiénes estarían autorizados a consultarla.

Esos aspectos serán centrales a la hora de analizar el proyecto y determinar los mecanismos de acceso, confidencialidad y protección de los datos que eventualmente formen parte del registro.

Canedi sostuvo que la finalidad de la propuesta es que los diferentes organismos dejen de manejar información de manera aislada y puedan contar con un sistema articulado que contribuya a resguardar a los niños durante la primera infancia y facilitar la tarea de quienes tienen a su cargo su atención y cuidado.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, presentó una iniciativa para modificar la Carta Orgánica de la Superintendencia de Servicios Públicos. El proyecto busca impedir que el costo de la tasa destinada al control de las empresas prestadoras sea trasladado a los usuarios finales.

El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Federico Canedi, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y dio a conocer uno de los proyectos que impulsa esta semana en la Legislatura de Jujuy y que apunta a modificar el esquema de financiamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU).

Según explicó el legislador, la propuesta plantea una readecuación de la Carta Orgánica del organismo y pone particularmente bajo discusión la tasa vinculada a las tareas de control y fiscalización de los servicios públicos.

Canedi recordó que la SUSEPU adquirió rango constitucional con la reforma de la Constitución provincial y señaló que actualmente cuenta con una partida presupuestaria, aunque además percibe recursos provenientes de una tasa asociada a los servicios que controla.

“Actualmente tiene una partida presupuestaria; sin embargo, continúa cobrando una tasa por el servicio que presta”, sostuvo.

Que el costo no recaiga sobre el usuario

Uno de los puntos centrales de la iniciativa consiste en establecer expresamente que, cuando corresponda el cobro de la tasa de control, ese costo no pueda ser trasladado al usuario final.

Canedi consideró que la obligación debería recaer sobre las empresas concesionarias sometidas a fiscalización.

“Creemos que la tasa, así como está prevista, no debería pagarla el usuario, sino que debería pagarla la empresa concesionaria”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el proyecto establece una prohibición de transferir el costo del control al destinatario final del servicio.

“Deberá quedar, en caso de que se siga estableciendo, en cabeza de la empresa concesionaria”, agregó.

Canedi también puso el foco en Agua Potable

El diputado libertario planteó además una situación particular respecto de Agua Potable de Jujuy Sociedad del Estado.

Según su interpretación, la normativa de la Superintendencia contempla el cobro de la tasa respecto de empresas concesionarias, mientras que Agua Potable funciona bajo la figura de una sociedad del Estado.

Para Canedi, esta situación obliga a revisar el fundamento bajo el cual se aplica actualmente el concepto destinado a financiar las tareas de control y auditoría del servicio de agua potable.

Cuestionamientos al control del servicio eléctrico

Durante sus declaraciones, el legislador también vinculó la propuesta con la situación del servicio de energía eléctrica y cuestionó la efectividad de los controles realizados sobre las obligaciones de las empresas prestadoras.

Canedi hizo referencia a antecedentes en los que la propia autoridad de control aplicó sanciones ante incumplimientos vinculados a planes de obras.

En ese contexto, insistió en diferenciar dos cuestiones: por un lado, la obligación del Estado de controlar la calidad y el cumplimiento de los servicios públicos y, por otro, quién debe afrontar económicamente ese control.

La iniciativa que impulsa el diputado de LLA apunta precisamente a este último punto: que el costo de fiscalizar a una concesionaria no termine incorporándose a la factura que paga el usuario jujeño.

Un debate que llega a la Legislatura

La propuesta se incorpora a la agenda legislativa en momentos en que las tarifas de los servicios públicos y los distintos conceptos incluidos en las facturas mantienen una fuerte presencia en la discusión pública provincial.

Canedi adelantó que este proyecto forma parte de un paquete de tres iniciativas que comenzó a impulsar esta semana en la Legislatura, aunque en esta oportunidad concentró sus declaraciones en la modificación vinculada a la SUSEPU.

La diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para que la ministra de Educación, Daniela Teseira, comparezca ante el pleno legislativo. El extenso pliego incluye preguntas sobre un suplemento salarial para autoridades de la cartera, concursos docentes, intervenciones en institutos superiores, actuaciones ante presuntas adulteraciones documentales y procedimientos administrativos.

La diputada provincial de La Libertad Avanza Laura Tomé Gámez presentó un proyecto para citar a la ministra de Educación de Jujuy, Daniela Alejandra Teseira, a la Legislatura provincial, con el objetivo de que brinde explicaciones y responda un amplio pliego de preguntas relacionadas con diferentes decisiones adoptadas dentro de su cartera.

La iniciativa propone que Teseira comparezca ante el pleno de la Legislatura en un plazo no mayor a cinco días desde la eventual aprobación de la resolución, de acuerdo con los artículos 139 y 164 de la Constitución Provincial mencionados en el proyecto.

La ministra debería responder verbalmente las preguntas incluidas en el anexo y las aclaraciones adicionales que pudieran formularle los diputados sobre la marcha del Ministerio de Educación.

El proyecto presentado por Tomé concentra sus cuestionamientos en ocho grandes ejes, que abarcan desde cuestiones salariales y presupuestarias hasta concursos docentes, intervenciones de Institutos de Educación Superior (IES) y procedimientos administrativos ante presuntas irregularidades documentales.

Piden explicaciones por un suplemento salarial

Uno de los principales puntos está relacionado con el Decreto N.º 5096-HF-2026 y la creación de un denominado “Suplemento por Función de Responsabilidad Jerárquica”, que, de acuerdo con lo expuesto en el proyecto, estaría destinado a cargos de conducción política y administrativa del Ministerio.

Tomé solicita que la ministra informe la trazabilidad de las actuaciones administrativas que dieron sustento al decreto, incluyendo expedientes y dictámenes jurídicos.

Además, requiere conocer cuáles fueron los fundamentos para establecer el suplemento para cargos como ministra, secretarías y distintas direcciones de niveles educativos.

La legisladora también pretende que se exhiban los informes de factibilidad financiera y presupuestaria, se determine de qué partida salen los recursos y se expliquen los fundamentos técnicos del esquema adoptado.

Otro de los interrogantes apunta directamente al impacto económico: Tomé solicita conocer qué variación porcentual representa el nuevo esquema salarial respecto de la remuneración vigente hasta el 16 de marzo de 2026.

El legajo de Teseira y una observación que habría sido solucionada en 24 horas

El proyecto incorpora además preguntas relacionadas con el propio legajo de la ministra.

La diputada pide conocer qué motivos técnicos permitieron que una observación identificada mediante un “asterisco” fuera removida, según sostiene, en un plazo de 24 horas mediante la Resolución N.º 0146-JPCD-S.Sec-2025.

Tomé pregunta también por qué esa observación continuaría apareciendo en registros oficiales pese a la resolución y si se realizó una auditoría informática destinada a establecer el origen del presunto error y descartar un eventual tratamiento diferencial.

Se trata, nuevamente, de interrogantes formulados por la legisladora que deberán ser explicados y documentados por las autoridades correspondientes.

Ponen la lupa sobre las intervenciones de los IES

Otro capítulo importante está relacionado con los IES N.º 2, N.º 6 y N.º 9.

Tomé pretende que Teseira explique cuál fue el sustento normativo utilizado para recurrir a la figura del “interventor” en esas instituciones.

En su presentación, la diputada plantea que el Decreto N.º 7320-G-03 no contemplaría esa figura y señala que su artículo 51 establecería otro mecanismo frente a una situación de acefalía del Rectorado.

Por ese motivo, solicita conocer por qué se optó por las intervenciones, quiénes fueron designados, cuáles son sus plazos y en qué estado se encuentran las auditorías realizadas en cada institución.

Presuntas adulteraciones documentales y denuncias penales

El proyecto dedica además un apartado a las actuaciones adoptadas ante presuntas irregularidades documentales.

Tomé menciona la detección de firmas presuntamente adulteradas vinculadas con la Resolución N.º 5521-DESec/2026 y una presunta falsificación de libros matrices en el IES N.º 9.

Frente a estas situaciones, la legisladora quiere saber si se efectuaron denuncias penales, cuándo fueron radicadas, cuáles son los números de expediente y qué fiscalías del Ministerio Público de la Acusación intervienen.

También solicita explicaciones sobre los sumarios iniciados contra docentes y pregunta si se dispusieron medidas preventivas o auditorías sobre personal directivo, entidades capacitadoras y vocales de la Junta Calificadora que hubieran participado en procesos de convalidación de títulos y puntajes.

Asimismo, incorpora un pedido para conocer el estado de rendición de cuentas de fondos recaudados por los IES mediante programas de extensión y horas cátedra extraordinarias.

Preguntas por un concurso en el que participó Teseira

Otro de los puntos que podría generar repercusión está relacionado con el concurso de ascenso a Vicedirector de Secundaria Orientada, correspondiente a la Resolución N.º 2370-E/2024.

Tomé pregunta cuáles fueron los fundamentos para que en julio de 2025 se otorgara una prórroga para diferir un examen recuperatorio de Teseira en el marco de ese concurso.

La diputada solicita conocer cuál fue finalmente el resultado del procedimiento, por qué —según plantea— permanece paralizado, si se realizaron ofrecimientos de cargos a docentes que integraban la lista de mérito y cuándo se prevé reactivar los concursos de ascenso.

La designación del interventor del IES N.º 6

La iniciativa también dedica un apartado específico a la designación del  interventor del IES N.º 6.

Tomé solicita conocer el encuadre normativo y el acto administrativo mediante el cual se concretó la designación, quién fue la autoridad responsable de suscribirla y qué criterios técnicos y de idoneidad se tuvieron en cuenta.

Además, el proyecto pregunta si existió alguna intervención directa o indirecta de la ministra durante la tramitación administrativa y si se evaluó un eventual deber de excusación ante una relación de parentesco mencionada en el propio pliego.

El documento remitido no precisa en ese apartado cuál sería concretamente ese vínculo familiar, por lo que ese aspecto deberá ser aclarado y acreditado dentro de las actuaciones correspondientes.

Sanciones a docentes y autoridades

Tomé también reclama información discriminada sobre sumarios administrativos, suspensiones preventivas y descuentos salariales aplicados dentro de los IES.

La legisladora pretende comparar las medidas adoptadas respecto del personal directivo o de conducción con aquellas que alcanzaron a docentes de base.

También pregunta cuáles fueron los actos administrativos que autorizaron eventuales retenciones de haberes y si esas medidas fueron precedidas por procedimientos sumariales o aplicadas directamente con carácter cautelar.

Una citación que deberá tratar la Legislatura

El proyecto abre ahora una discusión política dentro de la Legislatura. Para que Teseira tenga que presentarse en los términos planteados por Tomé, la iniciativa deberá ser aprobada.

De prosperar, la ministra tendría que comparecer ante los diputados para responder personalmente el extenso cuestionario y brindar las explicaciones y documentación solicitadas.

La presentación de Tomé pone así nuevamente bajo debate legislativo diferentes aspectos de la gestión educativa provincial y busca trasladar esas respuestas al recinto, con preguntas que involucran manejo presupuestario, estructura salarial, concursos docentes, funcionamiento de los IES, procedimientos administrativos y decisiones adoptadas por la conducción del Ministerio de Educación.