En un fuerte comunicado, la Asociación de Médicos de La República Argentina sede Jujuy, expresaron su descontento ante un comunicado de la obra social jujeña, sobre los coseguros. "Expresamos nuestro más enérgico y absoluto repudio a la publicación realizada por la Obra Social Provincial (ISJ) respecto a supuestas sanciones a profesionales por el cobro indebido de coseguros", indicaron.

A el cual agregraon que el comunicado de la obra social ISJ no solo resultó ofensivo y estigmatizante, sino que además constituyó una maniobra irresponsable que pretende culpar y exponer públicamente a los médicos, cuando en realidad la raíz del problema es la *desactualización crónica de aranceles, los **retrasos sistemáticos en los pagos* y la *falta de diálogo genuino* con los representantes de los profesionales de la salud, puntualizaron.

En otro párrafo señalaron que, "no aceptamos que se nos trate como delincuentes. Los médicos somos garantes de la salud y del derecho a la atención de la población, y no seremos el blanco fácil de campañas que buscan desviar la responsabilidad institucional".

Al finalizar el texto remarcaron que: "Exigimos la *inmediata rectificación de la publicación*, el cese de las amenazas y sanciones arbitrarias, y la apertura de una mesa de negociación seria que priorice el respeto a la labor médica y garantice condiciones dignas para poder seguir ejerciendo nuestra tarea".

El vocal del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Diego Chacón, se refirió a la ley de discapacidad a nivel nacional y explicó cómo se aplica en la provincia. En ese marco, remarcó que en Jujuy el financiamiento de la cobertura para personas con discapacidad es total, y aclaró que este esquema de asistencia no sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, garantizando así la continuidad en la atención.

Actualmente, el ISJ cuenta con 3.500 afiliados con discapacidad, quienes acceden a los distintos servicios de salud y prestaciones previstas. Chacón detalló que, hace aproximadamente un mes, el organismo realizó una actualización de aranceles a las prestadoras, con el fin de sostener la calidad del servicio y acompañar el contexto económico.

En relación con el nomenclador nacional, explicó que la provincia trabaja bajo esos parámetros y que existe un compromiso firme de mantener el diálogo con las instituciones prestadoras, generando instancias de encuentro y consenso. “La cobertura es íntegra y vamos a seguir acompañando a cada familia que lo necesite”, subrayó el funcionario, destacando la

Desde prensa del poder judicial de la provincia de Jujuy, volcaron un comunicado oficial en relación a la decisión de la vocal de la  Suprema Corte de Justicia, ante la divulgación de legajos que terminaron involucrándola en un caso de un sacerdote imputado por abuso sexual, según un informe periodístico.

La jueza de la Suprema Corte de Justicia Dra. Laura Lamas González, en razón de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación que la mencionan y relacionadas con la causa que involucra al sacerdote Atilio Luis Bruno -investigado por el presunto delito de abuso sexual-, ha puesto en conocimiento del Alto Tribunal que integra, que hoy -25 de septiembre de 2025- ha iniciado formal proceso de Vindicación en cumplimiento de la obligación prevista en el Artículo 62 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Jujuy, mediante la respectiva presentación efectuada ante la Oficina de Gestión Judicial.

La citada norma constitucional establece que “El funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución”.

Asimismo, la Dra. Lamas González ha solicitado el uso de licencia hasta tanto culmine el aludido proceso de Vindicación y cumpla acabadamente con la obligación impuesta constitucionalmente.

De igual manera, comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de tan mendaces acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado, propalado y/o facilitado una información falsa y engañosa, reclamando –además- los daños y perjuicios.

En su caso, las acciones se extenderán hacia el o los responsables que hubieran ordenado el actuar malicioso y tendencioso hacia su oficio y responsabilidad.

El procurador de la provincia de Jujuy, realizó declaraciones respecto al caso, indicando que existe una denuncia en curso en contra de la jueza por parte de la victima.