El abogado Carlos Sebastián Espada confirmó que realizó una presentación ante la Fiscalía para solicitar nuevas medidas y la imputación de personal médico que intervino en la atención de Ayelén Ríos. La querella sostiene que las eventuales responsabilidades deben analizarse desde el 24 de julio, cuando la joven, con un embarazo de casi 38 semanas, concurrió al Hospital Materno Infantil con un cuadro de sangrado.

La investigación por la muerte de Salvador, el bebé de Ayelén Ríos, sumó un nuevo capítulo. El abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, informó este lunes que presentó ante la Fiscalía un pedido para avanzar con nuevas medidas investigativas y analizar la imputación de integrantes del personal de salud que tuvieron intervención durante la atención de la joven. Así lo confirmó al diario Urgente Jujuy.

La presentación se produce luego de la incorporación de los estudios anatomopatológicos realizados sobre la placenta, cuyos resultados, según había informado anteriormente la querella, permitieron vincular el sangrado que presentaba Ayelén con un desprendimiento parcial de placenta.

Para Espada, la investigación debe reconstruir lo sucedido no solamente durante las horas previas a la muerte del bebé, el 25 de julio, sino también desde la primera consulta realizada por Ayelén el día anterior.

“Nosotros entendemos que hay responsabilidad compartida desde el momento en que Ayelén ingresa el día 24 y presenta este sangrado”, manifestó el abogado.

Según explicó, la joven se encontraba prácticamente en la semana 38 de gestación y la querella cuestiona que, ante ese primer episodio, no se hubieran realizado los estudios complementarios que permitieran establecer el origen del sangrado.

Al día siguiente, Ayelén regresó al Hospital Materno Infantil con una pérdida de sangre considerable. La existencia de cuestionamientos por presuntas demoras durante esa segunda atención forma parte de la causa desde sus comienzos y motivó la denuncia presentada por la familia.

“Ya cuando llega el día siguiente con muestras del sangrado que eran evidentes y notaban la urgencia y el peligro que implicaba no solamente para el bebé de Ayelén, sino también para la misma Ayelén, esto no fue tratado con la urgencia que el caso merecía”, sostuvo Espada.

La querella solicitó imputaciones

La principal novedad comunicada por el abogado es la presentación realizada ante la Fiscalía.

“Nosotros ya hemos realizado una presentación solicitando no solamente medidas, sino también incluso estamos solicitando la imputación de parte del personal médico que entendemos que no ha actuado conforme a todos los protocolos médicos y no ha dado la urgencia que el caso requería”, afirmó.

Espada señaló además que, desde la perspectiva de la querella, debería analizarse al menos un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto de una profesional que habría intervenido en la atención, aunque será la Fiscalía la que deberá evaluar la evidencia y determinar si corresponde formular alguna imputación y bajo qué calificación legal.

El abogado también manifestó que la querella aguarda que el Cuerpo Médico Forense realice la valoración de los estudios anatomopatológicos incorporados a la investigación.

Este punto resulta relevante porque, a comienzos de agosto, los resultados preliminares de la autopsia todavía consignaban como indefinida la causa del fallecimiento y se aguardaban precisamente los análisis histopatológicos para profundizar científicamente la investigación.

Espada informó sobre medidas administrativas

Durante sus declaraciones, Espada aseguró además que tomó conocimiento de la existencia de una resolución administrativa mediante la cual se habría dispuesto preventivamente el apartamiento de personal médico que tuvo contacto con Ayelén durante su atención.

El letrado puso especial énfasis en la actuación de dos profesionales vinculadas a lo ocurrido el 25 de julio y señaló que las actuaciones administrativas describirían un período temporal sobre el cual, según su interpretación, todavía resta determinar con precisión qué atención recibió la paciente.

La investigación administrativa es independiente de la causa penal. Ya en agosto se había informado públicamente que el Ministerio de Salud llevaba adelante actuaciones internas para revisar la conducta del personal que intervino en el caso.

Ayelén: “Todavía sigo esperando que se me pueda hacer justicia”

Luego de las declaraciones de Espada, la propia Ayelén Ríos habló sobre cómo atraviesa estos casi dos meses desde la muerte de Salvador.

“Yo todavía sigo esperando que se me pueda hacer justicia. Estoy tratando de salir, de despejar mi mente, pero todas estas cosas me hacen muy mal”, expresó.

La joven recordó el impacto que todavía le provoca regresar a un hospital y aseguró que encuentra fuerzas en su hija.

“Todos los días me levanto y le doy gracias a Dios porque puedo estar yo viva, aunque no esté mi bebé. Pude sobrevivir yo y estoy con mi hijita, que todos los días me pide que la lleve para ver al hermanito”, relató.

Consultada sobre qué espera de la investigación, fue contundente: pidió que las pruebas permitan esclarecer rápidamente lo sucedido y que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Ayelén también volvió sobre las horas que pasó en el establecimiento sanitario y describió la sensación de desprotección que, según su testimonio, experimentó durante la atención.

“Lo que a mí me hicieron no se lo merece nadie. El abandono que sufrí en esa sala sola, porque estuve sola, nadie se lo merece”, afirmó.

“Salvador va a salvar a muchas personas”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se produjo cuando Ayelén habló de su hijo y explicó el significado que hoy tiene para ella su nombre.

“Salvador, yo creo que él va a salvar a muchas personas y ojalá que a nadie más le tenga que pasar lo que pasé yo”, expresó.

Su reclamo, explicó, no se limita a obtener una respuesta sobre su propio caso. También espera que lo sucedido permita revisar procedimientos y evitar que otra mujer atraviese una situación similar.

“Quiero que se haga justicia”, sostuvo.

La causa comenzó a fines de julio después de que la familia denunciara presuntas demoras en la atención que recibió Ayelén, quien cursaba un embarazo de aproximadamente 38 semanas. Posteriormente, la Justicia dispuso la exhumación del cuerpo de Salvador y la realización de una autopsia, seguida de estudios anatomopatológicos que fueron incorporando nuevos elementos a la investigación.

Ahora, con la presentación efectuada por la querella, la investigación ingresa en una nueva instancia: la Fiscalía deberá evaluar los elementos reunidos y determinar si corresponde avanzar con nuevas imputaciones sobre integrantes del personal de salud que participaron en la atención de Ayelén Ríos.

El diputado Manuel Quintar destacó la llegada del Transmontaña a Jujuy y aseguró que la realización de una de las competencias de enduro más importantes de Latinoamérica podría generar un movimiento económico de entre $2.000 y $3.000 millones en la provincia, dependiendo de la cantidad final de participantes. Así lo indicó al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy.

Las declaraciones fueron realizadas luego de la declaración de interés legislativo vinculada a la competencia, oportunidad en la que el legislador puso el foco no solamente en la importancia deportiva del evento, sino también en su potencial turístico y económico.

“Estamos trayendo un evento que va a dejar mucho turismo en Jujuy. Se estima un movimiento financiero de unos 3.000 millones de pesos que quedan en la provincia, entre 2.000 y 3.000 millones según la cantidad de inscriptos”, sostuvo Quintar.

Según explicó, a casi un mes de la carrera ya se registraban cerca de 300 pilotos inscriptos, una cifra que consideró significativa teniendo en cuenta que gran parte de las inscripciones suele concretarse durante las últimas semanas.

Quintar recordó además la dimensión alcanzada por el Transmontaña en ediciones anteriores. Señaló que la competencia llegó a reunir 1.580 corredores y destacó que Jujuy será sede durante los próximos tres años, con la expectativa de que el evento continúe creciendo.

Un circuito de hasta 110 kilómetros

El recorrido tendrá como uno de sus principales escenarios a San Pedro de Jujuy y atravesará sectores vinculados al Cerro Zapla, Río Grande y las yungas jujeñas, para finalizar en Ciudad Cultural.

De acuerdo con lo detallado por el legislador, el circuito largo tendrá aproximadamente 110 kilómetros de sendas, mientras que las categorías inferiores dispondrán de un trazado de alrededor de 70 kilómetros.

La actividad se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre. El 9 estará destinado al reconocimiento de los sectores habilitados del circuito; el 10 se realizará un prólogo en Ciudad Cultural para ordenar la clasificación de las categorías más rápidas; y el 11, desde las 7 de la mañana, se producirá la largada desde San Pedro de Jujuy.

Hoteles, gastronomía y turismo

Quintar consideró que uno de los principales efectos de la competencia se observará en la actividad hotelera y gastronómica, debido a que los pilotos suelen trasladarse acompañados por equipos, familiares y personas encargadas de su asistencia.

“Seguramente vamos a saturar la plaza hotelera, vamos a saturar los restaurantes”, afirmó, al considerar que este tipo de acontecimientos permiten generar turismo a partir de actividades deportivas y culturales.

También remarcó que, según indicó, la organización es privada y no utiliza fondos estatales.

En ese sentido, destacó el acompañamiento brindado por el Gobierno provincial para facilitar la organización y diferenció esa actitud de situaciones en las que, según planteó, las exigencias burocráticas terminan dificultando iniciativas privadas.

“El Estado tiene que estar para acompañar”, expresó Quintar, quien señaló que la reducción de obstáculos administrativos permite concentrar los esfuerzos en mejorar el circuito, conseguir patrocinadores y brindar mejores servicios a quienes lleguen a Jujuy por la competencia.

Finalmente, el diputado destacó las condiciones naturales de la provincia para la práctica del enduro y recordó la experiencia acumulada con campeonatos argentinos y diferentes ediciones del Enduro Urbano.

Para Quintar, los valles y las yungas constituyen uno de los principales atractivos para corredores provenientes de otras provincias, especialmente por la posibilidad de combinar montaña, selva, ríos y distintos tipos de terreno dentro de un mismo recorrido.

El diputado provincial de La Libertad Avanza cuestionó la falta de precisiones sobre el crédito previsto para financiar la obra vial y reclamó conocer el monto definitivo, la tasa de interés, los plazos y las garantías. Además, planteó diferencias de costos con obras sobre la Ruta 34 y anticipó que buscará llevar la discusión al recinto.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, planteó cuestionamientos sobre el financiamiento previsto para el proyecto de obra vial sobre la Ruta Nacional 9 y reclamó que el Gobierno de Jujuy brinde mayores precisiones antes de avanzar con una nueva operación de crédito.

En declaraciones a Urgente Jujuy, Ballesty explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Finanzas de la Legislatura y recordó que semanas atrás se realizó una reunión conjunta con la Comisión de Obras Públicas, en la que participaron representantes de los ministerios de Infraestructura y Hacienda.

Según el legislador, durante aquel encuentro Infraestructura brindó detalles relacionados con las características de la obra, pero consideró insuficiente la información proporcionada respecto del esquema financiero.

“El Ministerio de Hacienda fue muy suave, muy leve y muy escueto a la hora de brindar detalles de cuál sería el financiamiento, cuál sería el monto final, la tasa de interés, los plazos y el plazo de gracia”, cuestionó Ballesty.

Pidió precisiones sobre la garantía de coparticipación

Uno de los puntos que Ballesty considera centrales es determinar qué garantías respaldarían el eventual crédito.

El diputado sostuvo que todavía deben aclararse las condiciones de la operación y particularmente si existe autorización o conformidad de Nación para una eventual utilización de recursos provenientes de la coparticipación federal como garantía.

Para el legislador libertario, esos datos resultan indispensables antes de que la Legislatura avance con la autorización de un nuevo endeudamiento.

Ballesty vinculó además esta discusión con sus anteriores cuestionamientos sobre la deuda pública provincial.

“La Provincia de Jujuy viene con un grave problema de deuda pública. La gestión de Gerardo Morales se apalancó en mucha deuda, tanto en dólares como en euros”, afirmó.

Se trata de la valoración política y financiera realizada por Ballesty sobre el endeudamiento provincial, tema sobre el cual viene reclamando un análisis de sustentabilidad y mayor información oficial.

Ballesty comparó los costos con la Ruta 34

El diputado también puso el foco en el costo proyectado de la obra y realizó una comparación con intervenciones sobre la Ruta Nacional 34.

Según su planteo, pese a considerar que la obra sobre Ruta 34 tiene una envergadura mayor, su costo sería inferior al previsto para el proyecto de Ruta 9.

“Llama la atención que, por un lado, este proyecto se presenta como algo urgente, pero todavía no ha sido tratado en comisión como corresponde”, manifestó.

Y agregó que, al realizar un paralelismo con Ruta 34, observa que se trata de una obra “de una envergadura mucho más grande, pero que llamativamente es mucho más barata” que el proyecto previsto sobre Ruta 9.

Ballesty no precisó durante estas declaraciones los presupuestos comparativos de ambas obras, por lo que reclamó que esas diferencias sean analizadas técnicamente durante el tratamiento legislativo.

Quiere llevar el debate al recinto

El diputado anticipó que espera que el proyecto vuelva a ser analizado en comisión y que allí puedan obtenerse respuestas concretas sobre el costo definitivo de la obra, las condiciones del crédito, los intereses, los plazos de devolución, el período de gracia y las garantías comprometidas.

“Estas cuestiones son las que queremos que se traten en las comisiones”, sostuvo.

Ballesty adelantó además que pretende que la discusión no quede circunscripta a ese ámbito.

“También queremos llevar este debate al recinto de sesiones”, afirmó.

De esta manera, el legislador de La Libertad Avanza volvió a colocar el endeudamiento provincial en el centro de sus cuestionamientos y reclamó que, antes de autorizar el financiamiento de la obra sobre Ruta 9, la Legislatura cuente con información detallada sobre cuánto terminará pagando Jujuy y bajo qué condiciones financieras se asumiría la nueva deuda.

El diputado provincial Federico Canedi presentó una nueva iniciativa vinculada al régimen de las cuentas judiciales en Jujuy. Como continuidad de su propuesta sobre los fondos destinados a la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores, ahora plantea modificar la Ley 4160, eliminar la obligación de canalizar las cuentas judiciales a través de una única entidad bancaria y reducir de diez a cinco años el plazo de inmovilización para que determinados fondos tengan como destino la CAPSAP.

El diputado provincial Federico Canedi habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y contó que avanzó con una nueva propuesta legislativa relacionada con las cuentas judiciales y el financiamiento de la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de Jujuy (CAPSAP).

La iniciativa constituye una continuidad del proyecto presentado anteriormente por el legislador, mediante el cual propuso agilizar las transferencias de fondos residuales de cuentas judiciales hacia la Caja y establecer consecuencias ante demoras en el cumplimiento.

Esta vez, Canedi puso el foco sobre la Ley Provincial 4160, sancionada en 1985, que regula el régimen de cuentas y depósitos judiciales. La norma establece que los depósitos vinculados a actuaciones judiciales deben realizarse en el entonces Banco de la Provincia de Jujuy.

Según explicó el diputado, la desaparición de aquella entidad financiera provincial obliga a revisar un esquema que considera desactualizado.

“Lo que estamos proponiendo es que las cuentas judiciales no se abran obligatoriamente en el Banco Macro, porque ya no es el Banco Provincia. El Banco Provincia ya no existe”, expresó Canedi.

Que los profesionales puedan elegir el banco

Uno de los puntos centrales de la propuesta consiste en habilitar la posibilidad de que cada profesional pueda elegir la entidad bancaria en la cual se gestione la correspondiente cuenta judicial, en lugar de mantener su concentración en Banco Macro.

Canedi vinculó esta modificación con el planteo que ya había realizado respecto de los recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, deben contribuir al financiamiento previsional de abogados y procuradores.

La Ley 4764 creó la CAPSAP y contempla entre sus recursos el dinero de determinadas cuentas judiciales que permanezcan inmovilizadas durante diez años o más. La norma dispone que esos fondos sean acreditados a la Caja, con la obligación de restituirlos cuando posteriormente exista una orden judicial de pago.

Un pedido de informes a la Corte

Paralelamente, Canedi adelantó que impulsa un pedido de informes dirigido a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para conocer qué ocurrió con los recursos provenientes de cuentas judiciales inmovilizadas.

“Estamos pidiendo un informe para que la Corte de la Provincia informe a la Legislatura cuánto dinero ha recibido de las cuentas judiciales que están inmovilizadas”, manifestó.

La consulta está relacionada con la convivencia histórica de las leyes 4160 y 4764. La primera estableció que los depósitos judiciales no extraídos después de diez años fueran transferidos definitivamente a una cuenta cuyos recursos se destinaban al equipamiento y funcionamiento del Poder Judicial. Posteriormente, la Ley 4764 incorporó entre los recursos de CAPSAP determinados fondos de cuentas judiciales inmovilizadas durante diez años o más.

De diez a cinco años

Canedi propone además modificar el plazo actualmente previsto para esos fondos.

“Hoy ese dinero que está indisponible por un determinado tiempo, proponemos que sea cinco años, debiera tener como destinatario final a la Caja de Abogados”, señaló.

De avanzar el proyecto en los términos explicados por el legislador, el plazo se reduciría entonces de diez a cinco años para los fondos alcanzados por la modificación propuesta.

La CAPSAP constituye el régimen previsional específico de abogados y procuradores matriculados en Jujuy y fue creada mediante la Ley 4764, sancionada en 1994.

Una segunda etapa del planteo de Canedi

La nueva iniciativa amplía así el planteo que Canedi había formulado semanas atrás. Mientras aquella propuesta se concentraba en acelerar la transferencia de fondos hacia CAPSAP, el nuevo proyecto apunta directamente al régimen legal bajo el cual funcionan las cuentas judiciales.

El debate que propone ahora incluye tres puntos centrales: la posibilidad de elegir la entidad bancaria para las cuentas judiciales, conocer mediante un pedido de informes el destino y volumen de los fondos inmovilizados y reducir a cinco años el plazo para que los recursos alcanzados tengan como destinataria a CAPSAP.

De esta manera, el diputado busca llevar a la Legislatura una revisión más amplia del sistema de cuentas judiciales vigente en Jujuy y de su relación con el financiamiento previsional de los profesionales del derecho.