El operativo comenzó luego de que policías observaran a cuatro personas agrediendo a un hombre dentro de un automóvil. Hubo seguimiento terrestre, drones y cámaras del 911. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

Una persecución policial que atravesó distintos barrios de San Salvador de Jujuy terminó con cuatro personas aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia.

El procedimiento comenzó durante la mañana, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos observaron una situación sospechosa en inmediaciones de la rotonda de Río Bamba y Ruta Nacional 9.

Según explicó una vocera policial, los efectivos detectaron a cuatro personas que estaban agrediendo a un hombre dentro de su automóvil.

Cuando los policías se aproximaron, los sospechosos advirtieron su presencia, abordaron otro vehículo y escaparon a alta velocidad.

Ante esa situación, los efectivos solicitaron apoyo de otras unidades y se inició una persecución.

Utilizaron drones para seguir el vehículo

El procedimiento contó además con apoyo aéreo mediante drones, que permitieron realizar el seguimiento del automóvil durante parte del recorrido.

La persecución atravesó sectores de Coronel Arias y San Pedrito, hasta que finalmente los ocupantes del vehículo ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Malvinas.

Allí fueron aprehendidos.

La víctima realizó posteriormente la denuncia y, de acuerdo con la información policial, pudo reconocer a sus presuntos agresores.

En total fueron aprehendidas cuatro personas, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Maniobras peligrosas y alcoholemia positiva

La Policía aclaró que durante la persecución no se registraron accidentes ni otros incidentes.

Sin embargo, las imágenes obtenidas mediante los drones y las cámaras del sistema 911 habrían permitido observar que el vehículo circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas.

Según la vocera, esas maniobras pusieron en riesgo a otros conductores que circulaban por la zona.

Al conductor se le realizó además un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

Las cuatro personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia y se iniciaron también las actuaciones contravencionales correspondientes.

La Oficial Principal Emilce Ceballos indicó que Seguridad Vial informó que durante los controles realizados en distintos puntos de la provincia se confeccionaron 873 actas. También hubo infracciones por documentación y exceso de velocidad. Así lo indicó al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy.

Los operativos desplegados durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia de Jujuy dejaron como resultado 69 actas por alcoholemia, según los datos proporcionados por una vocera policial.

Los controles estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial y se realizaron en diferentes sectores del territorio provincial.

En total, según la información proporcionada durante la entrevista, se labraron 873 actas.

Del total informado, 794 correspondieron a infracciones vinculadas con la documentación y otras faltas detectadas durante los controles, mientras que otras 69 fueron confeccionadas por alcoholemia.

Además, se registraron 10 actas por exceso de velocidad.

Los procedimientos forman parte de los operativos y controles de tránsito desplegados durante el fin de semana en rutas y caminos de la provincia.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, presentó un pedido de informe para que el Gobierno de Jujuy detalle cuánto percibió la ministra de Educación desde que asumió, cómo se componen sus haberes y qué conceptos integran cada liquidación mensual. El legislador sostuvo que, si surgieran irregularidades, podrían evaluarse pedidos de devolución de fondos y hasta una eventual denuncia penal.

El diputado provincial Kevin Ballesty, de La Libertad Avanza, presentó en la Legislatura de Jujuy un pedido de informe dirigido al Gobierno provincial para que remita documentación oficial y detallada sobre los haberes percibidos por la ministra de Educación, Daniela Teseira, desde el inicio de su gestión.

En declaraciones al diario Urgente Jujuy, Ballesty explicó que la intención es que la Legislatura pueda ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y acceder a información precisa acerca de cuánto cobró la funcionaria mes a mes, tanto en valores brutos como netos, y cuáles fueron los rubros e ítems que conformaron cada liquidación salarial.

“Queremos tener un conocimiento pormenorizado y, sobre todo, oficial”, señaló el legislador.

Ballesty enmarcó el pedido en la polémica generada en las últimas semanas por versiones públicas que atribuyeron a la ministra haberes mensuales del orden de los 15 o 16 millones de pesos.

El diputado aclaró que justamente el objetivo de la presentación es determinar oficialmente si esas cifras son correctas, cómo se conformaron y bajo qué conceptos fueron liquidadas.

“Hay que traer claridad”

Ballesty consideró que la controversia adquiere una dimensión mayor por la situación salarial que atraviesan los docentes jujeños.

Según planteó, existe un fuerte contraste entre las cifras atribuidas a los haberes de la titular de la cartera educativa y los reclamos salariales que mantiene el sector docente.

“Los docentes hoy vienen cobrando muy poco y cada vez que tienen que sentarse a discutir paritarias, lo que se retoca sigue siendo muy poquito”, sostuvo.

En ese contexto, calificó como “hiriente” que circule públicamente información sobre remuneraciones de 15 o 16 millones de pesos para una funcionaria del área educativa sin que, hasta el momento, exista una explicación oficial detallada sobre cómo se conformaron esos montos.

Por ello, insistió en que el Gobierno debe remitir la documentación correspondiente para esclarecer la situación.

Ballesty cree que el Gobierno está dilatando las explicaciones

Consultado sobre por qué la documentación no habría sido presentada hasta ahora, Ballesty atribuyó la demora a una posible estrategia política del Ejecutivo.

“Esta situación no le hace bien al Gobierno, no le hace bien a la ministra de Educación”, afirmó.

El diputado consideró que podría existir una intención de dilatar las respuestas a la espera de que el tema pierda centralidad en la opinión pública.

Se trata de una interpretación política del legislador y no de un hecho acreditado hasta el momento.

Podría pedir la interpelación de la ministra

Ballesty anticipó además que evalúa impulsar un pedido de interpelación para que Teseira concurra a la Legislatura y brinde explicaciones.

“Algo básico que puede pasar es que se solicite la interpelación de la ministra de Educación, algo que creo que vamos a estar haciendo también en el transcurso de estas jornadas”, adelantó.

El diputado sostuvo que cualquier paso posterior dependerá de lo que revele la documentación oficial.

En caso de comprobarse que existieron pagos que legalmente no correspondían, Ballesty planteó que debería analizarse la restitución de esos fondos al Estado.

“En el eventual caso de que eso se hubiese dado, lo que correspondería es que se reintegre al Estado lo que el Estado pagó de más o pagó mal”, sostuvo.

El legislador fue cuidadoso en señalar que no está afirmando que actualmente exista una irregularidad, sino planteando qué consecuencias podrían corresponder si la investigación administrativa demostrara pagos indebidos.

No descartó una denuncia penal si hubiera elementos

Ballesty añadió que, si del análisis de la documentación surgiera algún incumplimiento que pudiera encuadrar en normas penales, también debería evaluarse una presentación ante la Justicia.

“Si ha habido algún incumplimiento a normas o artículos del Código Penal, también se debería evaluar la correspondiente denuncia penal, en el caso de que estén configurados todos los requisitos”, manifestó.

De esta manera, el diputado diferenció entre las sospechas y versiones actualmente en circulación y las conclusiones que eventualmente puedan extraerse una vez que se disponga de documentación oficial.

Una eventual renuncia no cerraría el tema

Ante la consulta sobre qué ocurriría si la ministra dejara su cargo, Ballesty sostuvo que una eventual renuncia no eliminaría la obligación de responder sobre actos realizados durante el ejercicio de la función pública.

“Si la ministra renunciara a su cargo, no la exime de dar todas las explicaciones correspondientes, porque las decisiones que se tomaron fueron en el ejercicio de su función”, expresó.

Ballesty insistió finalmente en que el pedido de informe busca que el Ejecutivo provincial presente documentación verificable y permita determinar con precisión cuánto cobró Teseira, bajo qué conceptos y si todos los componentes de sus haberes se ajustaron a la normativa vigente.

La presentación abre así un nuevo frente de control legislativo sobre el Ministerio de Educación, en un contexto atravesado por la discusión salarial docente y por la polémica pública en torno a los ingresos de la funcionaria.

El juez federal Esteban Hansen confirmó su resolución del 21 de agosto luego de realizar el análisis individualizado ordenado por la Cámara Nacional Electoral. Consideró que las modificaciones efectuadas por la Lista N.º 2 excedieron una simple subsanación y constituyeron “una nueva conformación de la nómina”.

La interna del Partido Justicialista de Jujuy sumó este lunes un nuevo y trascendente capítulo judicial. El juez federal con competencia electoral Esteban Eduardo Hansen confirmó la resolución dictada el pasado 21 de agosto en el expediente iniciado por la Lista N.º 2 Celeste y Blanca, espacio encabezado por Rubén Rivarola, contra la Resolución N.º 22 de la Junta Electoral partidaria.

La decisión fue adoptada luego de que la Cámara Nacional Electoral ordenara realizar una nueva revisión de la situación de la Lista Celeste y Blanca. El tribunal superior había requerido que se efectuara una verificación “concreta e individualizada” de los requisitos formales y sustanciales de oficialización de las nóminas y que se fundamentaran las razones del resultado de ese control.

La Cámara no había dispuesto la oficialización automática de la Celeste y Blanca, sino que había ordenado volver a analizar las correcciones presentadas por ese sector antes de resolver su situación electoral.

El juez volvió a revisar las presentaciones

En cumplimiento de esa orden, Hansen realizó un extenso análisis de las diferentes categorías y departamentos incluidos en la presentación de la Lista N.º 2.

Entre las observaciones consignadas por el magistrado aparecen errores en números de DNI, documentación faltante, candidatos sin afiliación vigente o sin la antigüedad partidaria requerida, cargos vacantes, candidaturas duplicadas y diferencias entre las nóminas presentadas en formato físico y digital.

El fallo también describe situaciones particulares en distintos departamentos. En algunos casos se constató la ausencia de nóminas en soporte físico; en otros, sustituciones de candidatos, vacancias o irregularidades que, según el análisis judicial, continuaron sin ser subsanadas.

Las 12 horas y el punto central de la resolución

Uno de los aspectos centrales del nuevo pronunciamiento está relacionado con el alcance de las 12 horas que la Justicia había otorgado anteriormente a la Lista Celeste y Blanca para subsanar las observaciones.

Hansen recordó que esa posibilidad excepcional había sido concedida, entre otros motivos, para garantizar condiciones equivalentes de participación, debido a que la otra lista había recibido también un plazo para realizar correcciones. Además, al momento de aquella decisión todavía se encontraba vigente el período de tachas y sustituciones.

Sin embargo, el magistrado estableció ahora una diferenciación que resultó determinante para resolver el conflicto: subsanar una presentación no significa tener la posibilidad de conformar una nueva nómina de candidatos.

En ese sentido, sostuvo que el plazo otorgado no había abierto “un nuevo período para la presentación o conformación de listas”, ni autorizaba a reemplazar, modificar o incorporar libremente candidaturas hasta obtener una nómina sustancialmente diferente de la originalmente presentada.

El juez fue todavía más explícito al señalar:

“No puede, por ello, confundirse la posibilidad de subsanar una presentación con la habilitación para efectuar una nueva conformación de la nómina”.

“Una nueva conformación de la nómina”

Después de revisar las presentaciones, Hansen concluyó que las modificaciones realizadas por la Lista Celeste y Blanca tuvieron una entidad que excedió la corrección de errores.

Según expresa la resolución, “las modificaciones efectuadas constituyeron una nueva conformación de la nómina y no verdaderas subsanaciones de la presentación original, por su entidad, naturaleza y alcance”.

Ese razonamiento constituye uno de los puntos principales de la decisión conocida este 7 de septiembre y sostiene la ratificación de lo resuelto anteriormente por el Juzgado Federal.

Hansen confirmó su resolución del 21 de agosto

Finalmente, el magistrado dispuso cumplir con lo ordenado por la Cámara Nacional Electoral, confirmar su resolución del 21 de agosto de 2026, notificar a las partes y, oportunamente, archivar las actuaciones.

La decisión vuelve así a impactar de lleno en la interna del PJ jujeño, donde se encuentran enfrentados los sectores Generación Valiente, que tiene como referente política a la senadora Carolina Moisés, y Celeste y Blanca, encabezado por Rubén Rivarola.

La situación judicial de la Lista N.º 2 atravesó diferentes instancias durante las últimas semanas. El 3 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral había dejado sin efecto el rechazo anterior y ordenado efectuar la revisión individualizada que ahora realizó Hansen.

Con el nuevo pronunciamiento del Juzgado Federal, el escenario vuelve a modificarse y la resolución conocida este lunes representa una definición adversa para la Lista Celeste y Blanca.

No obstante, resulta prudente diferenciar esta decisión judicial de la definición política definitiva de la conducción partidaria: el propio expediente resuelve confirmar la decisión anterior, notificar y oportunamente archivar las actuaciones, mientras que los pasos posteriores del proceso interno deberán ajustarse a las decisiones que correspondan en el ámbito electoral y partidario.