El diputado Santiago Jubert sostuvo que la iniciativa necesita un nuevo análisis antes de avanzar en la Legislatura. Aclaró que no está dirigida contra la prensa ni contra quienes generan opinión pública y confirmó que todavía no tiene estado parlamentario.
Juan Quispe | Urgente Jujuy | 28 de octubre de 2026
El diputado provincial Santiago Jubert se refirió al proyecto de prevención y erradicación de la violencia digital, una iniciativa que generó cuestionamientos por sus posibles implicancias sobre la libertad de expresión y las sanciones contempladas en el texto que trascendió públicamente.
Consultado por Urgente Jujuy sobre la posibilidad de que la propuesta sea incorporada a la próxima sesión legislativa, Jubert reconoció que será necesario revisar su contenido antes de avanzar con su tratamiento.
“Eso fue una idea que se tiró. Creo que hay que trabajarlo de una manera diferente”, expresó el legislador.
La iniciativa generó interrogantes debido a disposiciones que contemplaban sanciones de hasta 15 días de arresto, multas o trabajo comunitario para determinadas conductas realizadas a través de medios digitales. Entre las expresiones que motivaron cuestionamientos se encuentra la referencia a afectar el honor de las personas, por sus posibles alcances sobre las opiniones y críticas difundidas en redes sociales.
En ese contexto, Jubert negó que la propuesta tenga como destinatarios a los medios de comunicación o a quienes participan del debate público.
“No está direccionado a la prensa ni está direccionado a los que generan opinión pública”, aseguró.
El diputado explicó que el objetivo de la iniciativa es prevenir determinadas conductas que pueden desencadenarse a partir de publicaciones digitales, especialmente cuando no se conoce el origen o la identidad de sus responsables.
Sin embargo, consideró necesario abrir una nueva instancia de análisis antes de definir su futuro legislativo.
“Lo que debemos hacer nosotros, haciéndonos cargo de esta parte, es sentarnos, compartir bien el proyecto, analizarlo nuevamente y ver si está en condiciones de que ingrese como tema en la Legislatura”, manifestó.
Finalmente, Jubert confirmó que la iniciativa todavía no tiene estado parlamentario ni fue ingresada formalmente, según explicó durante la entrevista.
Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de una reformulación del proyecto, aunque no precisó si se eliminarán o modificarán las disposiciones referidas al honor y a las sanciones de arresto que generaron cuestionamientos.
Por el momento, tampoco confirmó una fecha para su eventual presentación o tratamiento en el recinto legislativo.
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El diputado Santiago Jubert evitó profundizar en las declaraciones del ministro Federico Posadas sobre un supuesto doble comando en el oficialismo. Aseguró que el bloque legislativo continúa unido, aunque reconoció diferencias naturales entre sus 25 integrantes.
Juan Quispe | Urgente Jujuy | 28 de octubre de 2026
En medio de las versiones sobre diferencias internas en el oficialismo provincial, el diputado Santiago Jubert se refirió a la situación del bloque legislativo de Jujuy Crece y aseguró que sus integrantes continúan trabajando juntos, pese a los distintos posicionamientos que pueden surgir dentro del espacio político.
Consultado por las declaraciones del ministro Federico Posadas, quien hizo referencia a la existencia de un supuesto doble comando en el oficialismo, Jubert evitó profundizar en la polémica y respondió: “Es una expresión del ministro, deberían preguntarle a él a qué se refiere con el doble comando”.
El legislador defendió la continuidad del proyecto político que gobierna Jujuy y recordó que viene participando de ese espacio desde antes de 2015.
“Nosotros trabajamos por un proyecto, lo venimos haciendo desde antes del 2015 y es el proyecto que hoy gobierna la provincia”, manifestó.
En ese sentido, reafirmó su acompañamiento a la gestión provincial y destacó la continuidad política entre el gobierno del exmandatario Gerardo Morales y el actual gobernador Carlos Sadir.
“El bloque está compacto”
Ante las consultas sobre una posible ruptura dentro del oficialismo, Jubert rechazó esa interpretación y aseguró que el espacio legislativo mantiene su funcionamiento habitual.
“El bloque está compacto, trabajando con las diferencias naturales que tiene un bloque de 25 integrantes con distintos pensamientos”, expresó.
Además, señaló que recientemente se realizó una reunión de bloque en la que participaron todos los integrantes, con excepción de dos legisladores que se encontraban de licencia.
Jubert explicó que el espacio está conformado por representantes de distintas fuerzas políticas y que esa diversidad genera debates internos sobre los proyectos que llegan a la Legislatura.
“Cada uno hace su aporte o ve de cada proyecto qué le gusta, qué no le gusta, y eso se debe debatir en los bloques como corresponde para poder salir todos juntos a trabajar”, sostuvo.
Las declaraciones del diputado se producen en un contexto de cuestionamientos y diferencias públicas dentro del oficialismo jujeño. Sin embargo, Jubert buscó transmitir una posición de continuidad política y funcionamiento conjunto del bloque, sin profundizar en las expresiones del ministro Posadas sobre la conducción del espacio.
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El diputado provincial de La Libertad Avanza cuestionó la reacción de funcionarios ante las críticas y reclamó mayor transparencia en el manejo de fondos públicos. También se refirió al financiamiento de la travesía urbana, las tarifas de EJESA y la próxima sesión legislativa.
Juan Quispe | Urgente Jujuy | 28 de octubre de 2026
El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, cuestionó la falta de información pública sobre el funcionamiento de las empresas estatales de Jujuy y confirmó que su bloque continuará impulsando pedidos de informes, particularmente sobre Cannava, en medio de las repercusiones por la carta documento recibida por la dirigente Cristina Guzmán.
“No entiendo por qué los funcionarios públicos o los directivos de empresas del Estado se ponen en esa postura cuando se les pide información pública o cuando se hacen críticas”, expresó el legislador en diálogo con Urgente Jujuy.
Ballesty sostuvo que las empresas constituidas con recursos públicos deben rendir cuentas sobre su administración y consideró que sus autoridades tienen la obligación de responder los cuestionamientos. En ese sentido, recordó un desembolso de 2.600 millones de pesos que, según sus declaraciones, recibió Cannava el año pasado y reclamó explicaciones sobre el destino y la utilización de esos fondos.
El diputado también cuestionó el desempeño económico de distintas empresas provinciales, a las que calificó como deficitarias. Sus afirmaciones sobre la administración y los resultados financieros de estas sociedades requieren ser contrastadas con sus balances y la información oficial correspondiente.
Travesía urbana: el financiamiento todavía no ingresó al temario
Por otra parte, Ballesty informó que la próxima sesión de la Legislatura se realizará el jueves 5 de noviembre, a las 10 de la mañana, aunque el orden del día permanecerá abierto hasta el martes previo.
Respecto del proyecto de financiamiento de la travesía urbana, señaló que, hasta el momento de la entrevista, no estaba incluido en el temario. Sin embargo, consideró que podría incorporarse si el oficialismo consigue los votos necesarios.
Reclamo por las tarifas de EJESA
El legislador también pidió retomar el plenario pendiente para convocar a representantes de EJESA y de la SUSEPU, con el objetivo de analizar los costos de las facturas eléctricas.
Cuestionó especialmente la incidencia de impuestos y tasas provinciales y municipales en las boletas, y sostuvo que el tema debe recuperar prioridad en la agenda parlamentaria.
Finalmente, consultado sobre las diferencias internas del oficialismo provincial, evitó pronunciarse sobre las disputas partidarias y aseguró que, independientemente de cómo se resuelvan, La Libertad Avanza continuará con su trabajo legislativo.
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El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de Gisela Ayelén Ríos, acudió a la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación para reclamar avances en la investigación. A tres meses de los hechos denunciados, la causa continuaba sin imputaciones, según la presentación judicial.
El abogado Carlos Sebastián Espada presentó un recurso de queja por retardo de justicia ante la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, en representación de Gisela Ayelén Ríos, quien perdió a su bebé por nacer, de aproximadamente 38 semanas de gestación, tras recibir atención médica en el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, de San Salvador de Jujuy.
La presentación cuestiona la demora en la investigación penal iniciada a partir de la denuncia formulada el 27 de julio de 2026 y advierte que, transcurridos aproximadamente tres meses desde los hechos, no se habían formulado imputaciones.
Los hechos denunciados
De acuerdo con el escrito presentado por Espada, el 24 de julio Gisela Ayelén Ríos acudió a la guardia del Hospital Materno Infantil por dolores abdominales y en sus miembros inferiores. Según la denuncia, fue examinada por una médica y posteriormente enviada a su domicilio.
Al día siguiente, mientras se encontraba en una parada de colectivos, sufrió una hemorragia y debió ser trasladada de urgencia al mismo establecimiento sanitario.
La presentación judicial sostiene que durante su internación se habrían producido demoras y dificultades en la atención. Posteriormente, el personal médico constató la ausencia de latidos fetales y se practicó una cesárea.
Según el certificado de defunción mencionado en el recurso, la causa consignada fue un desprendimiento prematuro de placenta.
Estas circunstancias forman parte de los hechos denunciados y deberán ser esclarecidas mediante la investigación correspondiente.
Una suspensión preventiva y pedidos de imputación
En su presentación, el abogado hizo referencia a la Resolución N.º 1511/26 del Ministerio de Salud provincial, mediante la cual se dispuso la suspensión preventiva, por 60 días y sin prestación de servicios, de una licenciada en Obstetricia que se desempeñaba en el establecimiento.
La medida administrativa fue incorporada como antecedente al expediente, junto con documentación médica complementaria.
Espada señaló que, pese a estos elementos y a los pedidos formulados por la representación de Gisela Ayelén Ríos, hasta el momento de interponer el recurso no se habían concretado imputaciones.
Reclamo ante la Procuración General
El abogado indicó que el 17 de octubre presentó un pedido de pronto despacho para obtener una respuesta de la Unidad Fiscal interviniente.
Sin embargo, según expuso en el recurso, la Fiscalía no se pronunció dentro del plazo legal invocado por la querella.
Además, cuestionó que la respuesta anterior de la Unidad Fiscal hiciera referencia a la existencia de medidas pendientes, sin precisar cuáles eran, en qué estado se encontraban ni cuándo podrían concretarse.
Frente a esta situación, Espada solicitó a la Procuración General que requiera un informe a la Fiscalía, disponga las medidas necesarias para impulsar la investigación y ordene, si todavía no se realizó, la intervención del Cuerpo Médico Forense para evaluar la atención brindada y su posible relación con el fallecimiento.
También pidió que, una vez cumplidas las medidas investigativas correspondientes, se resuelva sobre las imputaciones solicitadas por la representación legal.
La familia de Gisela Ayelén Ríos espera respuestas
Uno de los argumentos centrales del recurso es la necesidad de preservar la documentación médica, los registros de atención, el monitoreo fetal y otros elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer lo sucedido.
La presentación advierte que el paso del tiempo sin asegurar esas pruebas podría comprometer el desarrollo de la investigación.
Para la representación legal, el reclamo busca garantizar el derecho de Gisela Ayelén Ríos a conocer el avance de la causa y obtener una investigación diligente dentro de un plazo razonable.
La presentación no implica que se haya determinado responsabilidad penal de los profesionales intervinientes. Precisamente, la representación legal solicita que se profundice la investigación y se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.
El recurso fue dirigido a la Procuración General del MPA, a fin de que se pronuncie sobre los planteos formulados por el abogado de la familia.
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