La diputada provincial de La Libertad Avanza Laura Tomé Gámez confirmó la presentación de un pedido de interpelación a la ministra de Educación, Daniela Teseira. La legisladora sostuvo que busca obtener respuestas y documentación sobre procedimientos administrativos vinculados a los Institutos de Educación Superior, concursos, docentes alcanzados por sumarios y descuentos salariales, además de decisiones relacionadas con suplementos para cargos jerárquicos. En paralelo, destacó el trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales para impulsar el deporte mediante el patrocinio privado.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy volvió a reunirse con una agenda que incluyó iniciativas vinculadas al deporte y, en el plano educativo, los cuestionamientos planteados por Tomé Gámez sobre distintas actuaciones del Ministerio de Educación.

Durante la entrevista con Urgente Jujuy, la diputada explicó que la comisión recibió al legislador Emiliano Vera Robinson, quien presentó una iniciativa relacionada con el mecenazgo y el patrocinio deportivo.

Según detalló Tomé Gámez, la propuesta apunta a generar mecanismos que incentiven al sector privado a aportar recursos tanto a grandes y pequeñas instituciones deportivas como a deportistas que requieren asistencia para competir.

La legisladora ejemplificó que un joven ajedrecista puede necesitar recursos para afrontar un pasaje para participar de una competencia y remarcó la importancia de que las políticas deportivas alcancen a diferentes puntos del territorio provincial.

Pedido de interpelación a la ministra de Educación

En otro tramo de la entrevista, Tomé Gámez se refirió al proyecto que presentó para que la ministra Daniela Teseira comparezca ante la Legislatura. La iniciativa contiene un amplio pliego de preguntas sobre salarios, concursos, funcionamiento e intervención de los IES y distintos procedimientos administrativos.

La diputada sostuvo que existen actuaciones y decretos a los que, según afirmó, los legisladores no han podido acceder y consideró necesario que la funcionaria brinde explicaciones ante la Cámara.

Uno de sus cuestionamientos está relacionado con la situación del IES N.º 9 de San Pedro y la designación de una figura de intervención. Tomé Gámez planteó dudas sobre el procedimiento utilizado y reclamó acceso al instrumento administrativo correspondiente para poder determinar bajo qué normativa y fundamentos se adoptó esa decisión.

El Ministerio de Educación, durante una reunión anterior con la Comisión de Educación, informó que en el IES N.º 9 existe un procedimiento de investigación iniciado a partir de una denuncia surgida en la institución y que las actuaciones continúan para establecer si corresponden sanciones al personal directivo apartado temporalmente de sus funciones.

Los “asteriscos” y los docentes investigados

Tomé Gámez también volvió sobre la controversia generada por los docentes identificados con “asteriscos” y cuestionó lo que considera diferencias en los tiempos y criterios aplicados en distintos expedientes.

“Por un lado están los asteriscos, el asterisco de la ministra, que se ocupa en menos de 24 horas, y por otro lado están los descuentos que le están haciendo a los docentes sumariados”, manifestó.

La legisladora reclamó además conocer qué actuaciones se iniciaron para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con certificados y documentación.

La situación de los listados ya fue abordada durante la presencia de Teseira ante la Comisión de Educación. En esa oportunidad se informó que el análisis comprende la posible venta o falsificación de documentación, la eventual participación de institutos de educación superior y de integrantes de la Junta Provincial de Calificación Docente, además de la continuidad de los procedimientos administrativos respecto de los docentes involucrados.

Concursos y funcionamiento de los IES

Otro de los interrogantes planteados por Tomé Gámez apunta a las vacantes y concursos dentro del sistema de Educación Superior.

La diputada afirmó que existen docentes interesados en concursar para mejorar su situación y ascender, por lo que pretende conocer cuántas vacantes existen, cuáles fueron efectivamente convocadas y qué ocurrió con las restantes.

También pidió determinar si los procedimientos administrativos en curso tuvieron consecuencias sobre la actividad académica de los Institutos de Educación Superior.

En los últimos días, el Ministerio de Educación informó nuevas convocatorias para cubrir espacios curriculares vacantes en los IES N.º 1 y N.º 9, mediante procedimientos de terna y presentación de proyectos.

Tomé pidió conocer cuánto representan los suplementos sobre los salarios

Finalmente, la legisladora puso el foco en el denominado “Suplemento por Función de Responsabilidad Jerárquica”, incluido entre los puntos de su pedido de interpelación. El proyecto presentado solicita información sobre los fundamentos administrativos, financieros y presupuestarios del esquema y qué variación porcentual implica sobre las remuneraciones correspondientes.

Tomé Gámez cuestionó que, en un contexto que definió como de “austeridad salarial” para los empleados públicos, existan adicionales vinculados con cargos de conducción política y administrativa sin que los legisladores conozcan con precisión qué proporción representan sobre el salario total.

“Que venga a dar las explicaciones sobre las actuaciones que viene llevando a cabo”, sintetizó la diputada al explicar el objetivo de la interpelación.

El pedido deberá atravesar el trámite legislativo correspondiente. En caso de obtener la aprobación de la Cámara, Teseira deberá comparecer para responder las preguntas formuladas por los diputados en torno a los procedimientos administrativos, concursos, funcionamiento de los IES, cuestiones salariales y demás puntos incluidos en el proyecto

Fue arrestado en El Carmen con dosis de cocaína y/o pasta base presuntamente destinadas a la comercialización, dinero y un arma blanca. Tras la audiencia imputativa, la Justicia dispuso que permanezca alojado durante 20 días en un Centro de Menores. El caso se tramita bajo la nueva Ley Nacional 27.801.

La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil comienza a tener consecuencias concretas en Jujuy. Un adolescente fue arrestado en la ciudad de El Carmen en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo y, luego de ser imputado, la Justicia dispuso una medida cautelar que establece su alojamiento durante 20 días en un Centro de Menores.

El procedimiento se realizó el 10 de septiembre de 2026 y comenzó con la intervención de la Fiscalía con competencia en Narcomenudeo N.º 4 de Perico y El Carmen, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Según el parte oficial, efectivos dependientes de la Seccional N.º 8 realizaron un procedimiento en la vía pública en el que arrestaron al adolescente y encontraron en su poder dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base que, de acuerdo con la investigación, presuntamente estaban destinadas a la comercialización.

Además de los estupefacientes, durante el operativo fueron secuestrados dinero en efectivo y un arma blanca.

Posteriormente tomó intervención personal de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico para continuar con las tareas investigativas.

La causa pasó al fuero especializado por tratarse de un adolescente

Las actuaciones estuvieron inicialmente bajo las directivas del fiscal Luis Marcelo De Aparici, con intervención del ayudante fiscal Damián Caro.

Sin embargo, al establecerse que la persona involucrada era menor de edad, intervino la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, encabezada por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, en el marco de la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La Fiscalía especializada continuó entonces con las actuaciones y solicitó ante el Juzgado de Menores de turno las correspondientes medidas judiciales.

Audiencia, imputación y 20 días en un Centro de Menores

El sábado se desarrolló la audiencia imputativa, instancia en la que la Fiscalía solicitó la aplicación de una medida cautelar.

El Juzgado competente hizo lugar al planteo fiscal y resolvió que el adolescente permanezca alojado en un Centro de Menores durante 20 días, mientras avanza la investigación.

De esta manera, el adolescente no fue enviado a una cárcel destinada a adultos, sino a un establecimiento específico para menores, conforme al tratamiento diferenciado previsto para adolescentes sometidos a un proceso penal.

El caso adquiere particular relevancia porque muestra cómo comienza a funcionar en la práctica en Jujuy el nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil: ante la sospecha de participación de un adolescente alcanzado por el régimen en un hecho delictivo, puede iniciarse un proceso penal, formularse una imputación y solicitarse judicialmente una medida cautelar privativa de la libertad, siempre bajo las garantías y procedimientos específicos establecidos para menores.

La medida de 20 días no constituye una condena ni una pena definitiva. Se trata de una medida cautelar adoptada mientras continúa la investigación y deberá diferenciarse de la eventual responsabilidad penal que pueda determinarse posteriormente.

El procedimiento de El Carmen se produce en momentos en que Jujuy avanza en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y vuelve tangible una discusión que hasta hace poco se desarrollaba principalmente en el terreno legislativo.

El abogado Carlos Sebastián Espada se reunió nuevamente con los trabajadores despedidos de la empresa Santa Ana y advirtió que mientras en el ámbito federal se estarían llevando adelante distintas medidas, la denuncia por presuntas amenazas presentada ante la Justicia provincial lleva, según afirmó, entre dos y tres meses sin novedades.

El abogado Carlos Sebastián Espada  mantuvo en las últimas horas una nueva reunión con trabajadores despedidos de la empresa de transporte Santa Ana, a quienes representa en diferentes actuaciones iniciadas a partir del conflicto laboral que mantienen con la firma.

Tras el encuentro, el letrado habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y volvió a poner el foco sobre el estado de las investigaciones judiciales y particularmente sobre lo que considera una marcada diferencia entre el avance de las actuaciones en el fuero federal y la situación de la denuncia por presuntas amenazas radicada en el ámbito provincial.

“Mientras la Fiscalía Federal está investigando la denuncia y está llevando adelante una serie de medidas, el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia, en donde hicimos la denuncia por amenazas, ya van como dos o tres meses que guarda absoluto silencio”, manifestó Espada.

Dos investigaciones vinculadas al conflicto

El planteo del abogado hace referencia a dos aristas diferentes que surgieron luego del conflicto entre los trabajadores y la empresa.

Una de ellas está relacionada con una denuncia que terminó bajo investigación de la Justicia Federal, luego de que los exempleados advirtieran presuntas inconsistencias vinculadas con sus liquidaciones finales y la información que figuraría ante organismos nacionales.

De acuerdo con lo manifestado anteriormente por Espada, los trabajadores sostuvieron que aparecían registradas liquidaciones finales por importantes sumas de dinero que, según denunciaron, no habrían percibido efectivamente. La situación también habría provocado inconvenientes al momento de gestionar prestaciones ante ANSES.

Es sobre esta investigación que el abogado señaló ahora que la Fiscalía Federal se encuentra avanzando y disponiendo distintas medidas para esclarecer lo sucedido.

La denuncia por presuntas amenazas

Distinta es, según Espada, la situación de la denuncia presentada en la Justicia provincial a raíz de lo que habría ocurrido durante una reunión mantenida con un grupo de trabajadores el 30 de marzo.

Según los antecedentes expuestos por los exempleados y su representación legal, durante aquel encuentro se habrían producido advertencias y presiones para que desistieran de sus reclamos por diferencias salariales.

Entre las situaciones denunciadas se encontraba la presunta advertencia de que podían perder sus puestos de trabajo y posteriormente tener dificultades para conseguir empleo en otras empresas.

Los trabajadores aseguraron además que aquella conversación habría sido grabada, material que fue señalado por la representación legal como uno de los elementos aportados para respaldar la denuncia.

Posteriormente se produjeron los despidos de los trabajadores involucrados.

Espada reclama avances en la investigación provincial

Luego de reunirse nuevamente con sus representados, Espada manifestó su preocupación porque, mientras observa movimiento en la investigación federal, sostiene que no existen novedades desde hace varios meses respecto de la denuncia por las presuntas amenazas.

El cuestionamiento adquiere especial relevancia porque la representación de los trabajadores ya había reclamado anteriormente que los hechos denunciados fueran analizados desde una perspectiva penal y no quedaran reducidos exclusivamente al conflicto laboral existente con la empresa.

Ahora, Espada vuelve a pedir respuestas sobre el estado de esas actuaciones y que se determine qué ocurrió con la denuncia presentada por sus clientes.

Mientras tanto, los trabajadores despedidos continúan siguiendo ambas investigaciones junto a su abogado, a la espera de que las distintas instancias judiciales permitan determinar eventuales responsabilidades.

Camila Gaviria se pronunció luego del arresto del documentalista mexicano, director de “Colombia: Fábrica de niños trans”. La dirigente sostuvo que el caso “enciende todas las alarmas” y reclamó que el Congreso colombiano avance en una regulación sobre tratamientos de transición de género en menores.

La concejal de Medellín Camila Gaviria Barreneche se pronunció sobre la detención en Colombia del documentalista mexicano Samuel Adrián y planteó cuestionamientos sobre el alcance de las decisiones judiciales, la libertad de expresión y los procedimientos médicos vinculados a la transición de género en menores.

Gaviria integra actualmente el Concejo de Medellín y su perfil institucional señala como uno de sus principales ejes de trabajo la protección de la niñez y las familias.

“Esto es gravísimo”, sostuvo la concejal al referirse al caso, y consideró que lo ocurrido “enciende todas las alarmas sobre la libertad de expresión y la protección de nuestros niños y niñas”.

¿Por qué fue detenido Samuel Adrián?

Samuel Adrián es un creador de contenido y documentalista mexicano que dirigió “Colombia: Fábrica de niños trans”, una producción que aborda críticamente protocolos y tratamientos médicos relacionados con la transición de género de menores en Colombia.

El mexicano fue detenido el domingo 13 de septiembre al arribar al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. La medida responde a una orden emitida por un juzgado de Cali dentro de un proceso de desacato. Según la información difundida por la Policía, no se trató de una captura por la comisión de un delito penal.

La sanción contempla 10 días de arresto. Antes de ingresar al país, el propio documentalista había anticipado públicamente que podía ser privado de su libertad por incumplir una decisión judicial relacionada con contenidos de su producción.

Este punto resulta relevante porque Gaviria interpreta el episodio desde la perspectiva de la libertad de expresión, mientras que formalmente la detención se produjo por el desacato a una orden judicial.

Gaviria abrió el debate sobre los menores

La concejal llevó además la discusión hacia el contenido que originó la controversia.

“¿Hasta dónde deben llegar las decisiones médicas irreversibles cuando estamos hablando de menores de edad?”, preguntó.

Según Gaviria, la autonomía progresiva de niños y adolescentes no debería implicar dejarlos sin protección frente a procedimientos que puedan tener consecuencias permanentes. También sostuvo que deben considerarse la patria potestad y la prevalencia de los derechos de la niñez.

La discusión es controvertida en Colombia. Mientras sectores políticos promueven restricciones a determinados tratamientos de afirmación de género en menores, especialistas y organizaciones que cuestionan esas propuestas sostienen, entre otros puntos, que se están agrupando bajo una misma discusión intervenciones médicas diferentes y rechazan algunas de las caracterizaciones utilizadas en el debate político.

Pedido al Congreso colombiano

Gaviria respaldó que el tema llegue al ámbito legislativo y reclamó una intervención del Congreso.

“Llegó la hora de que el Congreso de la República legisle con urgencia para fijar límites claros y prohibiciones sobre estos procedimientos en menores”, expresó.

La concejal cerró su planteo poniendo el foco en la protección de niños y adolescentes: “Cuando se trata de nuestros niños, su salud, su protección y su bienestar tienen que estar primero que cualquier cosa”.

El caso de Samuel Adrián trascendió así la controversia judicial que derivó en su arresto y volvió a instalar en Colombia dos discusiones diferentes pero conectadas: hasta dónde puede llegar una orden judicial frente a la publicación de un documental y qué regulación debe existir sobre tratamientos relacionados con la transición de género durante la minoría de edad.