La investigación por la muerte de Yamila Cháves volvió a ocupar el centro de la escena este miércoles por la noche, cuando familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales realizaron una concentración en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, seguida de una marcha por las principales calles del centro para reclamar el pronto esclarecimiento del caso.

La movilización se desarrolló en un clima de profundo respeto y emoción. Con carteles, fotografías de la joven madre y velas encendidas, los presentes reclamaron que la investigación avance hasta determinar todas las responsabilidades por el fallecimiento de Yamila, ocurrido luego de haber concurrido al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero con fuertes dolores abdominales.

Durante la manifestación también estuvo presente el abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia, quien continúa acompañando a sus seres queridos desde el inicio de la causa judicial.

En sus últimas declaraciones públicas, el letrado sostuvo que la investigación ya permitió acreditar importantes aspectos sobre lo sucedido.

"La causa está muy clara. Hubo un diagnóstico tardío y un tratamiento tardío. Eso fue lo que terminó costándole la vida a Yamila", había expresado Espada tras la audiencia imputativa realizada días atrás.

El abogado también recordó que la querella continuará impulsando nuevas medidas probatorias y no descartó solicitar una modificación en la calificación jurídica conforme avance la investigación.

"Si entendemos que existen fundamentos para una acusación distinta, la vamos a solicitar", manifestó.

Mientras tanto, la familia insistió en que el reclamo no busca únicamente justicia por Yamila, sino también evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En una de las últimas manifestaciones públicas, la hermana de la joven expresó que el mayor dolor hoy lo viven los dos pequeños hijos que quedaron sin su madre.

"Hoy le tocó a mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona", había señalado durante una movilización anterior.

La investigación continúa

La causa se encuentra actualmente en etapa de investigación penal. Días atrás fueron formalmente imputados dos profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio culposo, mientras continúan incorporándose pruebas periciales y testimoniales.

La querella, encabezada por el abogado Carlos Sebastián Espada, sostiene que las demoras registradas durante la atención médica fueron determinantes para el desenlace fatal y mantiene abierta la posibilidad de solicitar una calificación penal más grave si las pruebas que se incorporen durante la investigación así lo justifican.

El caso

Yamila Cháves, madre de dos niños, ingresó el 31 de mayo de 2026 al Hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero con intensos dolores abdominales. Según la investigación, recién varias horas después se detectó que cursaba un embarazo ectópico. Cuando finalmente fue derivada al quirófano, presentaba una hemorragia interna masiva.

La autopsia estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por esa hemorragia. A partir de esos resultados, la Fiscalía imputó a dos médicos que intervinieron en su atención, mientras el Ministerio de Salud inició actuaciones administrativas y dispuso la suspensión preventiva de los profesionales involucrados.

Después del fallecimiento, la familia continúa movilizándose en las calles de Jujuy para mantener vivo el reclamo y exigir que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La concejal de La Libertad Avanza, Dra. Anahí Paredes, presentó formalmente en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy un proyecto de ordenanza denominado "Alerta Loan", una iniciativa que busca establecer un protocolo municipal de actuación inmediata ante la desaparición o extravío de niños, niñas y adolescentes. El expediente ya ingresó para su tratamiento legislativo.

En diálogo con Urgente Jujuy, la edil explicó que la propuesta no pretende quedarse únicamente en una declaración de buenas intenciones, sino que apunta a convertirse en una herramienta concreta de gestión que deba ser ejecutada por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Según manifestó Paredes, "este proyecto de ordenanza tiene un proyecto de ejecución. No se limita a lo legislativo. La idea es que el Gobierno municipal, una vez aprobado por el Concejo, lo efectivice", remarcando que el objetivo central es que el protocolo funcione realmente cuando una familia atraviese la desesperación por la desaparición de un menor.

La iniciativa propone la creación del Protocolo de Búsqueda Inmediata "Alerta Loan", mediante el cual la Municipalidad coordine de manera automática todos sus recursos humanos, tecnológicos y logísticos desde el momento en que exista una denuncia formal. Entre las medidas previstas se encuentran la difusión inmediata de la fotografía y datos del menor en pantallas públicas, redes sociales oficiales y medios adheridos; el monitoreo prioritario de cámaras de seguridad; el despliegue de inspectores de tránsito y Guardia Urbana; y la activación de una red de centros vecinales y dependencias municipales para ampliar la búsqueda.

Para la concejal, las primeras horas posteriores a una desaparición son determinantes. En ese sentido, sostuvo que el Estado municipal también debe asumir un rol activo y coordinado con la Provincia y las fuerzas de seguridad, evitando demoras burocráticas que puedan reducir las posibilidades de encontrar al menor.

El proyecto también establece que la autoridad de aplicación deberá trabajar en articulación con el Ministerio de Seguridad de Jujuy, la Policía provincial y el sistema nacional Alerta Sofía, además de capacitar obligatoriamente al personal municipal que desempeña tareas en la vía pública para preservar información útil y brindar una respuesta adecuada a las familias afectadas.

Paredes señaló que la propuesta fue pensada para que la Municipalidad cuente con un protocolo claro y obligatorio, evitando improvisaciones ante situaciones de extrema urgencia. Asimismo, invita a comercios, empresas de transporte urbano y plataformas de transporte privado a colaborar con la difusión inmediata de las alertas, ampliando el alcance del sistema dentro de la ciudad.

La edil destacó que el proyecto surge con una mirada preventiva y de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la participación coordinada de las distintas áreas municipales puede resultar determinante durante las primeras horas de búsqueda.

Anexo: ¿Quién es Loan Peña y por qué nació esta iniciativa?

El proyecto toma como referencia el caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Su desaparición generó una profunda conmoción nacional y dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata y la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Precisamente, el texto presentado por la concejal Anahí Paredes sostiene que, a dos años de aquel hecho, resulta indispensable que los municipios también cuenten con protocolos propios que permitan actuar sin pérdida de tiempo y complementen los sistemas provinciales y nacionales.

En Argentina ya funciona el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y la Alerta Sofía, creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2019 para casos de desaparición de niños considerados de alto riesgo. Además, distintos municipios del país han comenzado a desarrollar protocolos locales para reforzar la capacidad de reacción de sus gobiernos, entendiendo que la rapidez en las primeras horas suele ser decisiva para el éxito de la búsqueda.

Con la presentación de la "Alerta Loan", Anahí Emilce Paredes busca que San Salvador de Jujuy se incorpore a esa línea de trabajo, dotando al Municipio de un mecanismo propio, inmediato y coordinado que permita actuar desde el primer minuto ante la desaparición de un niño, niña o adolescente.

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Además de establecer el protocolo, la concejal Dra. Anahí Paredes explicó a Urgente Jujuy que el proyecto fue elaborado con una visión de gestión y ejecución territorial. En ese sentido, aclaró que cada ordenanza impulsada desde su banca es acompañada por un proyecto de ejecución, pensado para que la norma pueda implementarse efectivamente una vez aprobada y no quede limitada únicamente al plano legislativo.

"La idea es que el Ejecutivo municipal tenga las herramientas para ponerla en práctica. Cada ordenanza que presentamos cuenta con un proyecto de ejecución para que pueda desarrollarse en el territorio", sostuvo la edil.

Paredes agregó que el texto de la ordenanza fija un marco general, pero que será el Departamento Ejecutivo Municipal quien tendrá la posibilidad de ampliar, especificar y reglamentar las funciones, el alcance operativo, las vinculaciones institucionales y los convenios necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema de búsqueda inmediata.

La concejal también aclaró que la iniciativa no pretende reemplazar el trabajo de la Justicia, la Policía ni los organismos especializados, sino fortalecer la respuesta estatal desde el ámbito municipal. El Municipio aportará su despliegue territorial mediante inspectores de tránsito, Guardia Urbana, centros de monitoreo, la Terminal de Ómnibus, ferias, mercados y otras áreas con presencia permanente en la ciudad. El objetivo es convertir a esos agentes en "ojos multiplicadores" que colaboren durante las primeras horas de una desaparición, optimizando recursos de prevención, logística y comunicación comunitaria sin generar superposición de funciones ni mayores costos para el Estado.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, cuestionó el lanzamiento del programa "Cuidemos Jujuy" y aseguró que la iniciativa surge como consecuencia del fracaso de la política provincial de gestión integral de residuos. En declaraciones brindadas a Urgente Jujuy, el legislador pidió que los organismos de control actúen con igualdad y no limiten las denuncias únicamente a los ciudadanos.

"Entiendo que este nuevo programa 'Cuidemos Jujuy' es una derivación del fracaso de la ley GIRSU y de la empresa GIRSU Sociedad del Estado", afirmó.

Ballesty sostuvo que la puesta en marcha de nuevos controles debe ir acompañada por una actuación imparcial del Estado, alcanzando a todos los actores involucrados en la gestión de residuos urbanos.

"Acá hay que ver si tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio Público de la Acusación van a tener la misma vara con los vecinos, con los ciudadanos de a pie, como también con los municipios y las empresas más grandes", expresó.

El diputado recordó que durante los últimos años existieron cuestionamientos sobre la forma en que distintos municipios gestionaron los residuos sólidos urbanos y consideró que esos antecedentes también deben ser objeto de investigación.

"Tenemos antecedentes de municipios que durante años realizaron una gestión inadecuada de los residuos urbanos y terminaron depositándolos fuera de sus propios ejidos municipales", señaló.

En ese contexto, Ballesty reclamó que las políticas ambientales se apliquen con el mismo rigor independientemente del tamaño o el poder de quienes puedan estar incumpliendo la normativa.

"Así como se espera que existan denuncias contra vecinos particulares, también queremos ver si el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público de la Acusación tendrán la misma sintonía y la misma firmeza para denunciar a aquellos municipios o empresas de gran porte que estén realizando una gestión inadecuada de los residuos", manifestó.

Para el legislador, el verdadero desafío no pasa únicamente por fortalecer las campañas de concientización o las sanciones dirigidas a la ciudadanía, sino también por garantizar que las autoridades provinciales ejerzan un control efectivo sobre todos los responsables de la generación y disposición final de los residuos.

Con estas declaraciones, Ballesty planteó un llamado a que las políticas ambientales de Jujuy se desarrollen bajo el principio de igualdad ante la ley, evitando que las exigencias recaigan exclusivamente sobre los vecinos mientras las responsabilidades de organismos públicos o grandes empresas queden sin el mismo nivel de fiscalización.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, cuestionó el resultado de la política ambiental implementada en Jujuy y pidió que el Gobierno provincial brinde explicaciones sobre el destino de los recursos internacionales obtenidos para financiar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

En declaraciones concedidas a Urgente Jujuy, el legislador sostuvo que, mientras continúa el debate sobre nuevas medidas ambientales, todavía persisten interrogantes sobre los créditos y subsidios que recibió la provincia para erradicar los basurales a cielo abierto.

"Lo que sí sigue firme son los millones de euros y dólares que pidió el Estado, cuando justamente este plan tenía como objetivo eliminar los más de 400 basurales existentes", expresó.

Ballesty recordó que el financiamiento internacional fue presentado como una herramienta para transformar el sistema de gestión de residuos y avanzar en políticas vinculadas al cuidado del ambiente.

"No nos tenemos que olvidar que la provincia solicitó un crédito al Banco Europeo de Inversiones, además de un subsidio de la Unión Europea y posteriormente fue incorporando nuevos créditos con distintos componentes ambientales", afirmó.

Según explicó, esos recursos fueron gestionados con la finalidad de sanear los basurales y desarrollar acciones relacionadas con la protección ambiental y el cambio climático.

"Todos esos fondos tenían como objetivo trabajar en el saneamiento de los basurales y avanzar en políticas contra el cambio climático. Cada vez que se solicitaba un nuevo crédito se incorporaban nuevos componentes ambientales dentro de esos programas", señaló.

Para el legislador, el debate actual sobre la gestión de residuos no puede desvincularse de los importantes compromisos financieros asumidos por la Provincia durante los últimos años.

En ese sentido, consideró que resulta necesario conocer qué resultados concretos dejaron esas inversiones y cuál fue el impacto real de los recursos internacionales destinados a resolver una problemática ambiental que, según sostuvo, continúa afectando a distintos puntos de Jujuy.

Las declaraciones de Ballesty vuelven a instalar el debate sobre la administración de los fondos públicos destinados a políticas ambientales y la necesidad de que el Gobierno provincial informe con claridad el grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos al momento de gestionar créditos y subsidios internacionales. Para el diputado, antes de impulsar nuevas estrategias o programas, corresponde evaluar qué ocurrió con las inversiones ya realizadas y cuáles fueron los resultados obtenidos en la eliminación de los basurales y la mejora del sistema de gestión de residuos en la provincia.

El programa "Pachamama, Yo Te Cuido" fue impulsado por el Ministerio de Ambiente de Jujuy como una política de concientización destinada a promover el cuidado del patrimonio natural y cultural de la provincia, especialmente durante eventos de gran convocatoria turística como el Carnaval.

La iniciativa quedó incorporada al esquema provincial de gestión ambiental mediante la Ley Provincial N.º 5954, vinculada al sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del impacto ambiental en zonas sensibles, como la Quebrada de Humahuaca, la coordinación de acciones entre el Gobierno provincial y los municipios para mejorar el manejo de los residuos, y la promoción de prácticas de conservación y respeto por la Madre Tierra durante festividades populares.

Sin embargo, las declaraciones del diputado Kevin Ballesty ponen nuevamente bajo debate los resultados obtenidos por estas políticas ambientales y el cumplimiento de los objetivos planteados desde su implementación, especialmente en lo referido a la erradicación de basurales y la utilización de los recursos públicos destinados a ese fin.