El Tribunal del Trabajo de Jujuy dictó sentencia favorable en la demanda promovida por la familia del profesor Carlos Gaite, al hacer lugar al reclamo iniciado contra el Estado Provincial en una causa donde se discutía si el contagio de COVID-19 que derivó en su fallecimiento debía ser considerado una enfermedad profesional.

La resolución fue dictada en el expediente C-225497/23, caratulado "Enfermedad/Accidente de Trabajo: Cruz, Liliana Graciela c/ Estado Provincial – Ministerio de Educación", que tramitó ante el Tribunal del Trabajo – Sala II – Vocalía 5.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y destacó que durante todo el proceso sostuvieron que el contagio se produjo mientras el docente cumplía funciones laborales.

"Nosotros sosteníamos que se trataba de una enfermedad laboral, una enfermedad profesional, y reclamamos contra el Estado Provincial. Obviamente el Estado decía que no."

El letrado explicó que la principal dificultad consistió en demostrar el nexo causal entre la actividad laboral y el contagio.

"Fue una investigación muy difícil, pero logramos acreditar que, durante unas jornadas institucionales, los docentes habían sido divididos en comisiones y que el compañero que estaba sentado al lado del profesor Gaite tenía COVID."

Para ello, indicó que la querella impulsó una serie de medidas probatorias.

"Solicitamos informes al SAME, al COE y a los organismos que participaron durante la pandemia. Con esa prueba logramos demostrar que ese compañero había contraído COVID y que fue quien contagió al profesor Gaite."

Espada explicó que, mientras el compañero logró recuperarse, el profesor desarrolló un cuadro grave que terminó con su fallecimiento.

"El compañero solamente enfermó. El profesor Gaite fue contagiado y lamentablemente falleció como consecuencia de esa enfermedad."

El abogado consideró que la sentencia constituye un reconocimiento a la verdad sostenida por la familia desde el inicio del proceso y un antecedente relevante en materia de enfermedades profesionales derivadas del COVID-19.

Contexto del caso

Carlos Gaite era docente de la provincia de Jujuy y falleció durante la pandemia de COVID-19, hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y motivó manifestaciones de colegas y familiares que reclamaban mayores medidas de protección sanitaria.

Tras su muerte, la familia inició una demanda laboral sosteniendo que el contagio ocurrió mientras el profesor participaba de actividades institucionales organizadas por el sistema educativo. Con la sentencia conocida recientemente, el Tribunal del Trabajo hizo lugar al reclamo, luego de valorar las pruebas impulsadas por la querella.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, presentó este martes una demanda judicial contra el Estado provincial y la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica, mediante una acción de clase, con el objetivo de que la Justicia ordene el cese inmediato de los cargos, tasas y otros conceptos que, según sostiene, incrementan de manera irregular el costo de la tarifa para los usuarios jujeños.

En diálogo con el periodista Juan Quispe, de Urgente Jujuy, el legislador explicó que la presentación busca proteger los derechos de todos los usuarios del servicio eléctrico, especialmente de aquellos cuyos reclamos individuales no justificarían iniciar una demanda particular.

"La acción de clase busca que aquellos intereses individuales o homogéneos de contenido patrimonial, cuyo monto no justifique el inicio de una acción, no queden desprotegidos y que no se prive a las personas de la defensa de sus derechos", sostuvo Canedi.

El legislador indicó que la demanda solicita que la Justicia convoque a todos los usuarios del servicio eléctrico para que puedan adherirse al reclamo y requirió que se ordene "el cese inmediato de aquellos cargos, tasas y contrataciones que importan un aumento en el monto de la tarifa".

Durante la entrevista, Canedi cuestionó la composición del valor que pagan los consumidores por el servicio eléctrico y afirmó que una parte importante corresponde a impuestos y otros conceptos adicionales.

"La tarifa de energía eléctrica está compuesta en un 47% por impuestos provinciales, tasas municipales y contratos que incrementan el costo de la energía", manifestó.

Además, el diputado aseguró que en presentaciones anteriores ya había denunciado la existencia de contrataciones que, a su criterio, perjudican económicamente a los usuarios. En ese sentido, señaló que una empresa generadora vendería energía a EJESA a un valor superior al del mercado mayorista y que esa diferencia terminaría trasladándose a la factura que pagan los consumidores.

"Lo que se está pidiendo a través de esta demanda judicial es el cese de estas medidas irregulares que importan un detrimento del patrimonio de los usuarios y el restablecimiento de sus derechos", afirmó.

Canedi también remarcó que decidió impulsar la vía judicial al considerar que la política no puede permanecer al margen del reclamo social por el aumento del costo de la energía.

"La política no puede estar ajena a esta situación. Si seguimos esperando los tiempos de la política, seguramente no vamos a dar una solución", expresó.

Respecto a la participación de los usuarios, explicó que la representación legal será asumida por el equipo impulsor de la demanda y que la adhesión no requerirá que cada ciudadano afronte costos judiciales individuales. Adelantó que, a través de sus redes sociales, se informará el procedimiento para incorporarse al registro de la acción colectiva una vez que el trámite avance en sede judicial.

De esta manera, el legislador de la oposición busca que la Justicia analice la legalidad de los conceptos cuestionados en la tarifa eléctrica y determine si corresponde ordenar su suspensión, en una causa que, de prosperar, podría alcanzar a la totalidad de los usuarios del servicio en la provincia.

La investigación por la muerte del bebé Salvador, hijo de Ayelén Ríos, registró un nuevo avance luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia realizada por orden de la Justicia. El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia, informó al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy que el informe inicial descartó la principal hipótesis que figuraba en la historia clínica y confirmó que ahora serán determinantes los estudios histopatológicos para establecer la verdadera causa del fallecimiento.

En declaraciones a la prensa, Espada explicó que tanto el médico del Ministerio Público de la Acusación como la médica de parte que representa a la familia participaron de la autopsia.

"Todavía no contamos con los informes finales del médico del Ministerio Público de la Acusación ni de la médica que intervino por parte de la familia, pero sí tenemos un informe preliminar."

El letrado señaló que ese informe establece que, por el momento, la causa del fallecimiento continúa siendo indefinida.

"El informe preliminar da cuenta de que la causa del fallecimiento del bebé es de carácter indefinido."

Según explicó, la hipótesis inicial asentada en la historia clínica vinculaba el fallecimiento con un desprendimiento de placenta que habría provocado falta de oxígeno y de irrigación sanguínea al bebé. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada durante la autopsia.

"La presunta causa que figuraba en la historia clínica, relacionada con el desprendimiento de placenta, en este momento se encuentra absolutamente descartada."

Frente a ese resultado, se dispusieron nuevos estudios especializados.

"Se ordenaron estudios histopatológicos, que son análisis a nivel celular sobre la placenta y otros órganos esenciales para determinar realmente cuál fue la causa del fallecimiento."

Espada sostuvo que existe un aspecto de la investigación que ya considera acreditado.

"Lo que sí tenemos acreditado es que hubo una demora absolutamente injustificada en la atención de Ayelén y de su bebé."

No obstante, aclaró que será necesario esperar el resultado definitivo de las pericias para determinar si esa demora tuvo incidencia directa en la muerte del niño.

"Si la causa del fallecimiento está relacionada con esa demora injustificada, seguramente estaremos hablando de alguna figura penal, como eventualmente un homicidio culposo. Si no existe esa relación, estaremos frente a otro supuesto que también deberá ser evaluado por la investigación."

El abogado destacó que el objetivo de la querella es conocer con precisión qué ocurrió y establecer las responsabilidades que pudieran surgir.

"Hoy lo importante es que la presunta causa de fallecimiento que figuraba en la historia clínica quedó descartada. Ahora requerimos que se completen cuanto antes los estudios histopatológicos para conocer la verdad sobre qué pasó con Salvador, por qué falleció y si esa demora tuvo relación con su muerte."

Contexto del caso

La causa se inició luego de la denuncia presentada por la familia de Ayelén Ríos, quien cursaba un embarazo de 38 semanas cuando concurrió al Hospital Materno Infantil de Jujuy con un importante sangrado. Según la denuncia impulsada por la querella, la mujer habría permanecido varias horas sin recibir la atención que requería su estado de salud, mientras el bebé finalmente nació sin vida.

A raíz de esa presentación judicial, la Justicia ordenó la exhumación del cuerpo del bebé Salvador para realizar la autopsia, una medida considerada clave para determinar científicamente la causa del fallecimiento y establecer si existió alguna relación entre la demora denunciada por la familia y el desenlace del caso.

La causa que investiga la muerte de Yamila Cháves registró un nuevo avance luego de que el abogado Carlos Sebastián Espada solicitara la incorporación de un testigo presencial y asegurara que la investigación penal preparatoria se encuentra prácticamente concluida.

Las declaraciones fueron realizadas al periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, durante una concentración en Plaza Belgrano, donde familiares y allegados de la joven volvieron a reclamar justicia por su fallecimiento.

Espada recordó que actualmente dos médicos permanecen imputados dentro de la investigación penal y sostuvo que restan pocas medidas probatorias para concluir la etapa investigativa.

"Independientemente de que existe un proceso penal en marcha, con dos médicos imputados por este hecho, a mi punto de vista la investigación ya se encuentra prácticamente concluida", manifestó.

El abogado explicó que solamente resta incorporarse el resultado de una pericia informática sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

"Tan solo faltan los resultados de una pericia informática vinculada a la información contenida en los teléfonos celulares de estos médicos."

Asimismo, informó que la querella solicitó una nueva medida de prueba que considera determinante para el esclarecimiento de los hechos.

"Pedimos que sea llamada a declarar una paciente que estuvo presente en la guardia del Hospital Snopek mientras Yamila era atendida. Nos parece un testigo muy importante porque presenció todo el padecimiento que sufrió durante esas horas y los reiterados reclamos que realizaba."

Espada sostuvo que ese testimonio podría aportar elementos relevantes para reconstruir lo ocurrido durante la atención médica.

"Se trata de un testigo presencial que puede dar cuenta de todo lo que vivió Yamila en la guardia. Una vez incorporada esa prueba, entendemos que estaremos en condiciones de dar por concluida la investigación penal preparatoria."

Finalmente, aclaró que será el Ministerio Público de la Acusación quien determine el cierre formal de la etapa investigativa.

"Obviamente esa es una decisión que corresponde a la Fiscalía, pero entendemos que ya estaríamos en condiciones de llegar a esa instancia."

El dolor de la familia: "Hoy tendríamos que estar festejando su cumpleaños"

Durante la jornada también tomó la palabra la abuela de Yamila Cháves, quien recordó que la joven habría cumplido 28 años y expresó el profundo dolor que atraviesa toda la familia.

"Hoy tendría que estar cumpliendo 28 años. Tendríamos que estar festejando en mi casa, preparando como todos los años su comida, y en cambio tengo que estar acá pidiendo justicia por mi niña."

Visiblemente emocionada, pidió que la investigación avance hasta determinar todas las responsabilidades.

"Le pido al fiscal que sea claro, que investigue más porque sabemos que hay más culpables. Mi hija tendría que estar hoy acá. Ellos tienen la culpa de haberle quitado la vida."

Por su parte, Silvana Suárez, madre de Yamila, acompañó el reclamo de familiares y allegados durante la manifestación, reiterando el pedido de justicia y el acompañamiento permanente a la investigación para que se determinen todas las responsabilidades por la muerte de su hija.

Contexto del caso

Yamila Cháves falleció tras concurrir al Hospital Carlos Snopek con fuertes dolores abdominales. De acuerdo con la investigación, la causa de muerte fue una hemorragia provocada por un embarazo ectópico, situación que, según sostiene la querella, habría estado vinculada a un diagnóstico y tratamiento tardíos.

La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación y actualmente dos médicos se encuentran imputados, mientras la querella continúa impulsando nuevas medidas probatorias para esclarecer completamente lo ocurrido.