Luego de que el Tribunal Oral Federal diera a conocer la condena de 17 años de prisión para el gendarme Walter Álvarez por el homicidio de Ivo Torres, el abogado querellante Carlos Sebastián Espada brindó declaraciones en las que destacó la responsabilidad penal determinada por la Justicia y anticipó que la familia analizará el contenido completo de la sentencia para definir los pasos a seguir.

Espada recordó que la resolución conocida corresponde a una primera instancia y explicó que aún quedan etapas procesales pendientes. “Todavía este es un fallo en primera instancia. Obviamente es objeto de ser recurrido, de ser impugnado”, señaló.

Asimismo, informó que Álvarez continuará bajo prisión preventiva mientras la sentencia no adquiera firmeza. Según explicó, la medida cautelar ya había sido dispuesta con anterioridad y seguirá vigente hasta que el fallo quede firme o eventualmente sea modificado por instancias superiores.

Espada adelantó que la querella evaluará especialmente la posibilidad de cuestionar la calificación jurídica aplicada por el tribunal. “Entendemos que cuando se había dictado la sentencia de responsabilidad penal había un fallo dividido, porque entendemos nosotros que se trata de un homicidio agravado y seguramente esto será algo que analizaremos seriamente”, sostuvo.

Respecto de la condena impuesta, el letrado manifestó conformidad con la decisión judicial, aunque aclaró que no coincide plenamente con el planteo realizado por la querella durante el juicio.

“Finalmente fue declarado responsable penalmente por el homicidio y con una pena que entendemos nosotros que es elevada. No es la que habíamos requerido, pero sí entendemos que es elevada, de diecisiete años”, afirmó.

Finalmente, Espada explicó que al momento de computar el cumplimiento de la pena se tendrá en cuenta todo el tiempo que Álvarez permaneció privado de su libertad durante el proceso judicial.

DATOS DEL CASO

Ivo Torres era un joven jujeño que murió tras recibir un disparo efectuado por el gendarme Walter Álvarez durante un procedimiento ocurrido en febrero de 2023 en la zona de La Quiaca. El caso generó una fuerte conmoción social y motivó numerosos pedidos de justicia por parte de familiares, organizaciones sociales y sectores de la comunidad. Durante el juicio, la querella sostuvo que se trató de un homicidio agravado, mientras que el Tribunal Oral Federal finalmente condenó a Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio del joven.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura jujeña, Federico Canedi, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y expresó su preocupación por la estructura de costos que impacta en las facturas de energía eléctrica de los usuarios y apuntó especialmente contra el modelo implementado por el Estado provincial a través de JEMSE.

Durante sus declaraciones, el legislador sostuvo que uno de los aspectos que debe analizarse es el peso de los impuestos y tasas municipales y provinciales que se incluyen en las boletas de EJESA. En ese sentido, afirmó que "hoy llega hasta un 47% los tributos y tasas que afectan de alguna manera la factura total del servicio de energía", situación que consideró preocupante.

Sin embargo, el principal cuestionamiento estuvo dirigido al costo de la energía renovable adquirida por la distribuidora provincial. Según explicó, existe una diferencia significativa entre el precio de la energía que se compra en el mercado mayorista y la que se adquiere a través de JEMSE.

"Tenemos entendido que JEMSE le vende energía renovable a un 25% más del costo de lo que compra el mercado mayorista de energía", señaló Canedi. A su entender, esto genera un impacto directo en el costo final que termina afrontando el usuario.

El diputado sostuvo que el distribuidor eléctrico debe absorber un costo superior por la energía adquirida a la empresa provincial y que esa diferencia finalmente se traslada a las tarifas. "Tenemos que estar pagando muchas veces el impacto de que el distribuidor paga un mayor costo de energía por comprar a la provincia energía renovable", afirmó.

Asimismo, consideró contradictorio que esta situación ocurra en una provincia que impulsó durante años el desarrollo del Parque Solar Cauchari como una de las principales apuestas energéticas de la gestión anterior.

"La gran promesa de Cauchari era que bajaba el costo de la energía", recordó el legislador. Sin embargo, aseguró que los números que hoy observan muestran una realidad distinta. "Vemos que cuando se compone el costo del insumo principal que te vende la distribuidora, que tiene que ver con la energía, en el mix entre la energía renovable y la energía que compra la mayorista, paga JEMSE 79 dólares mientras que la mayorista 53 dólares o 59 dólares. Cuando se hace el combo termina siendo un impacto que aumenta el costo de energía en vez de disminuirlo", remarcó.

En tanto el legislador habló acerca del proyecto presentado por el Diputado Kevin Ballesty, sobre la quita de tasas y otros impuestos en la factura de ejesa, para alivianar el costo que termina pagando el vecino.

¿Qué es JEMSE y cumple con sus objetivos?

JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) fue creada por el Gobierno de Jujuy con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo de la provincia mediante alianzas público-privadas en áreas estratégicas como la minería y las energías renovables. Entre sus metas institucionales figuran la promoción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de proyectos que permitan una transformación productiva sustentable para la provincia.

La empresa tuvo un rol central en proyectos emblemáticos como el Parque Solar Cauchari y en diversos emprendimientos vinculados a la explotación de litio. Desde la propia compañía sostienen que el modelo de asociación entre el Estado y el sector privado permitió atraer inversiones y posicionar a Jujuy como referente nacional en energías renovables y minería.

No obstante, las declaraciones de Canedi vuelven a poner sobre la mesa un debate de fondo: si los proyectos impulsados por JEMSE están logrando traducirse en beneficios concretos para los jujeños. Mientras la empresa sostiene que su objetivo es generar desarrollo y mejorar la competitividad energética de la provincia, sectores de la oposición cuestionan si esos resultados efectivamente se reflejan en una reducción de costos para los usuarios y en un impacto económico favorable para la población

Durante una recorrida por la ciudad de San Pedro, Canedi dialogó con vecinos que aseguran haber comenzado a organizarse ante el aumento de robos y la preocupación por el avance de las drogas.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y volvió a poner el foco sobre la situación de seguridad que atraviesa Jujuy y sostuvo que se trata de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En ese marco, recordó que uno de sus primeros proyectos legislativos fue la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública y remarcó la necesidad de fortalecer tanto a las fuerzas de seguridad como a las herramientas de prevención del delito.

"El tema de la seguridad es una cuestión prioritaria. Por eso uno de mis primeros proyectos fue la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública, porque entendemos la importancia de dotar a la fuerza de recursos y, al mismo tiempo, acompañar a una ciudadanía que atraviesa una grave situación de inseguridad", expresó el legislador.

Canedi explicó que, además de ese proyecto, presentó diversos pedidos de informe relacionados con la seguridad en la provincia y manifestó especial interés en el crecimiento de iniciativas impulsadas por vecinos que buscan organizarse para proteger sus barrios.

"Hemos detectado que muchos vecinos se están organizando para hacer tareas de prevención y seguridad en los barrios. Fue en ese contexto que visitamos la ciudad de San Pedro, donde existen grupos que surgieron por la preocupación de los propios vecinos frente a los hechos delictivos y el avance de las drogas", señaló.

Durante esa recorrida, el diputado dialogó con Fernando Sergio, un vecino que participa de tareas de vigilancia comunitaria en distintos sectores de San Pedro. Según relató, la iniciativa nació por el cansancio de los habitantes ante la reiteración de robos y situaciones vinculadas al narcotráfico.

"Los vecinos ya estaban hartos de tantos robos. No podían salir tranquilos ni siquiera para llevar a los chicos a la escuela. Por eso decidieron organizarse y me convocaron porque tengo experiencia en tareas de seguridad en eventos y bailes", explicó Fernando al medio digital provincial.

Fernando, indicó al diario Urgente Jujuy que actualmente colabora en tareas preventivas en barrios como Presidente Perón, 15 Hectáreas, Quinta Soledad, 4 de Diciembre, Patricios, Urquiza, sectores de 9 de Julio y San Francisco.

Asimismo, aseguró que la presencia de vecinos organizados comenzó a generar resultados positivos en la comunidad.

"Los vecinos nos agradecen porque sienten más tranquilidad. Se nota una disminución de algunos hechos y del movimiento de personas que antes andaban robando en los barrios", afirmó.

Por su parte, Canedi consideró que estas experiencias son una respuesta social ante una problemática que preocupa cada vez más a las familias jujeñas.

"Cuando el Estado no logra dar respuestas plenas, la sociedad busca mecanismos para organizarse. Lo que vemos aquí son vecinos comprometidos con el cuidado de sus comunidades y que intentan cubrir una necesidad real que hoy existe en muchos barrios", sostuvo.

No obstante, aclaró que estas iniciativas no deben reemplazar el rol de las fuerzas de seguridad, sino complementarse con una mayor presencia estatal. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de capacitación y acompañamiento.

"Tenemos que encontrar herramientas para brindar capacitación, recursos y algún tipo de cobertura a estos vecinos que colaboran con la prevención. No estamos hablando de una fuerza de seguridad, sino de ciudadanos que buscan aportar a la tranquilidad de sus barrios", concluyó.

Las declaraciones del legislador se producen en un contexto donde la seguridad se ha instalado como una de las principales demandas de la población, especialmente en ciudades del interior provincial donde los vecinos manifiestan preocupación por los hechos delictivos y el crecimiento del consumo de drogas.

En el marco de los reclamos por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y agua potable en Jujuy, el diputado provincial Kevin Ballesty, del bloque La Libertad Avanza, aseguró al diario Urgente Jujuy, que desde el espacio al que el pertenece, presentó un proyecto de ley destinado a eliminar el cobro de tasas, impuestos y otros conceptos provinciales y municipales incluidos en las facturas de los servicios públicos.

Las declaraciones fueron realizadas luego de una reunión mantenida en la Legislatura provincial con representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), quienes expusieron su preocupación por el impacto de las tarifas en la economía de los usuarios.

Según explicó el legislador, el bloque libertario no fue notificado formalmente sobre la convocatoria a la reunión, por lo que tomaron conocimiento de la misma a partir del acercamiento de los referentes sindicales. No obstante, valoró el diálogo mantenido y manifestó la predisposición de su espacio para participar en futuras instancias de debate.

Ballesty indicó que el proyecto impulsado por La Libertad Avanza busca desglosar y eliminar de las boletas de EJESA y Agua Potable aquellos conceptos que no corresponden estrictamente al consumo de los servicios. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa coincide con el objetivo planteado por los sectores que reclaman una reducción en el costo de las facturas.

Respecto a los incrementos tarifarios, el diputado reconoció que existen componentes que dependen de decisiones nacionales, aunque remarcó que la Legislatura provincial tiene competencia para intervenir sobre los tributos y cargos que se aplican dentro del territorio jujeño.

Asimismo, señaló que uno de los planteos surgidos durante la reunión estuvo vinculado a la necesidad de evitar cortes de servicios por falta de pago. En ese contexto, consideró que una reducción de los cargos incluidos en las boletas permitiría a muchos usuarios afrontar los costos sin poner en riesgo la continuidad de las prestaciones.

Finalmente, Ballesty cuestionó la composición de algunas facturas de servicios públicos y sostuvo que, en numerosos casos, una parte importante del monto total corresponde a tasas, impuestos y otros conceptos ajenos al consumo efectivo de energía eléctrica o agua potable. El legislador reiteró la intención de su bloque de impulsar el debate legislativo sobre la materia y convocó a distintos sectores a participar de la discusión.