Canedi, Ballesty y Remy plantearon diferentes cuestionamientos al proyecto: prioridades presupuestarias, costo de la obra, garantías y condiciones del crédito. El Gobierno había anunciado un financiamiento internacional por US$105 millones, de los cuales US$85 millones serían destinados a la Ruta 9 y US$20 millones al Hospital Oscar Orías. Ahora Pablo Civetta informó que la única oferta presentada para ejecutar la obra ronda los US$78 millones.

Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, tomó las declaraciones del diputado Federico Canedi de LLA, de Gastón Remy del FIT y del diputado Kevin Ballesty de LLA y comparó sus declaraciones con las de Pablo Civetta.

El proyecto para transformar en multitrocha un tramo de la Ruta Nacional 9 comenzó a concentrar cuestionamientos de distintos sectores de la oposición en la Legislatura de Jujuy, principalmente alrededor del endeudamiento que deberá autorizarse para financiar la intervención.

Las observaciones no apuntan todas al mismo aspecto. Los diputados Federico Canedi y Kevin Ballesty, de La Libertad Avanza, y Gastón Remy, del Frente de Izquierda, fueron planteando interrogantes sobre las prioridades presupuestarias, el costo de la obra, las garantías, el procedimiento y las condiciones financieras que asumirá la Provincia.

El debate adquirió una nueva dimensión después de conocerse la oferta económica presentada en la licitación.

En agosto, el Gobierno había anunciado que trabajaba sobre un financiamiento internacional por US$105 millones, distribuidos en US$85 millones para la transformación de la Ruta 9 y US$20 millones para el equipamiento integral del Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. El Ejecutivo mencionó entonces a FONPLATA como organismo con el cual se gestionaba la operación.

Ahora, el presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana, Pablo Civetta, informó que el presupuesto oficial de la obra rondaba los US$83 millones, mientras que la propuesta presentada por la empresa se ubica aproximadamente en US$78 millones.

La diferencia entre los aproximadamente US$78 millones correspondientes a la oferta y los US$85 millones previstos para el componente Ruta 9 del financiamiento no demuestra por sí misma una irregularidad ni significa necesariamente que sobren US$7 millones. Son conceptos que pueden comprender componentes diferentes. Precisamente, uno de los interrogantes que queda pendiente es conocer detalladamente qué conceptos cubrirá el financiamiento solicitado además del contrato de obra.

Canedi: ¿es ésta la prioridad para endeudar a Jujuy?

Uno de los primeros legisladores opositores en cuestionar el proyecto fue Federico Canedi.

Su planteo se concentró principalmente en las prioridades que debería establecer el Estado provincial antes de asumir un nuevo compromiso financiero en dólares.

Canedi aclaró que no se opone a la realización de obras para Jujuy, pero cuestionó que se comprometan recursos durante años mientras existen demandas vinculadas con hospitales, educación, seguridad, salarios estatales y el funcionamiento de la obra social provincial.

“Estamos endeudando a la provincia por muchísimo tiempo”, había advertido.

Y resumió su posición con una pregunta:

“¿Necesitamos esto o que los hospitales funcionen? ¿Cuándo va a cobrar bien un docente jujeño?”

También expresó preocupación por las garantías que podrían respaldar el financiamiento y reclamó conocer qué recursos provinciales quedarían comprometidos.

El cuestionamiento de Canedi, por lo tanto, no estuvo centrado únicamente en cuánto cuesta la multitrocha, sino en si ésta debe ser la prioridad para asumir un endeudamiento de semejante magnitud.

Ballesty puso el foco sobre el costo y las condiciones financieras

Kevin Ballesty incorporó posteriormente otro cuestionamiento.

El diputado reclamó conocer el monto definitivo del crédito, tasa de interés, plazo de devolución, período de gracia y garantías antes de que la Legislatura otorgue la autorización correspondiente.

Ballesty sostuvo que las explicaciones recibidas inicialmente desde Hacienda habían sido insuficientes respecto del esquema financiero.

“El Ministerio de Hacienda fue muy suave, muy leve y muy escueto a la hora de brindar detalles de cuál sería el financiamiento, cuál sería el monto final, la tasa de interés, los plazos y el plazo de gracia”, había cuestionado.

También comparó el costo proyectado de la Ruta 9 con obras desarrolladas sobre la Ruta Nacional 34 y sostuvo que estas últimas tendrían una envergadura superior y un costo menor.

Esa comparación constituye el planteo del legislador y no permite por sí sola establecer que la Ruta 9 sea más cara, debido a que sería necesario comparar técnicamente extensión, características de cada intervención, expropiaciones, obras complementarias, estructuras, servicios afectados, valores y condiciones contractuales.

Desde el oficialismo, el diputado Ramón Neyra respondió precisamente que el financiamiento no debería compararse únicamente con el costo físico del pavimento y mencionó conceptos como expropiaciones, traslado de servicios, garantías, seguros, administración y previsiones financieras. Esa constituye la explicación política ofrecida desde el oficialismo y también deberá contrastarse con el detalle definitivo del proyecto financiero.

Remy: “Estamos yendo como con un cheque en blanco”

Tras las últimas reuniones con Hacienda y Civetta, Gastón Remy agregó un tercer cuestionamiento.

El legislador reconoció directamente que considera necesaria la intervención de la Ruta 9.

“La obra es indispensable para todos los que transitamos”, manifestó.

Su objeción apunta al procedimiento mediante el cual se estructuró el proyecto y, fundamentalmente, al orden en que se pretende avanzar con el financiamiento.

Según Remy, de las explicaciones recibidas se desprende que la Legislatura debería autorizar primero el endeudamiento para que posteriormente se terminen de negociar las condiciones financieras.

“Estamos yendo medio como con un cheque en blanco a tomar deuda para que después te digan la tasa de interés final cuál va a ser, los plazos de devolución”, cuestionó.

Remy también planteó dudas sobre el hecho de que el proyecto surgiera mediante una iniciativa privada y que posteriormente la misma empresa terminara siendo la única oferente.

La documentación oficial confirma que JUMI SRL fue la única empresa que presentó una oferta en la licitación. Eso no constituye por sí mismo una irregularidad: la propuesta quedó sometida a evaluación de los organismos técnicos antes de una eventual adjudicación.

De US$105 millones de financiamiento a una obra ofertada en US$78 millones

El punto que ahora atraviesa los cuestionamientos opositores es la composición final de los números.

El esquema anunciado públicamente por el Gobierno contemplaba:

• US$105 millones de financiamiento internacional.
• US$85 millones destinados a la intervención de Ruta 9.
• US$20 millones para equipar el Hospital Oscar Orías.
• US$83 millones, aproximadamente, como presupuesto oficial de la obra según Civetta.
• US$78 millones, aproximadamente, como oferta presentada para su ejecución.

El proceso licitatorio tuvo un único oferente y la propuesta continúa atravesando las instancias administrativas correspondientes.

La Legislatura, mientras tanto, continúa analizando el financiamiento por aproximadamente US$85 millones correspondiente a la obra vial.

La discusión que llegará al recinto

Las posiciones de Canedi, Ballesty y Remy parten de espacios políticos diferentes, pero confluyen en exigir mayores precisiones antes de autorizar el endeudamiento.

Canedi discute las prioridades; Ballesty reclama explicaciones sobre el costo, las garantías y las condiciones financieras; y Remy cuestiona el procedimiento y la posibilidad de autorizar deuda antes de tener cerradas todas sus condiciones.

Del otro lado, el Gobierno sostiene que la transformación de la Ruta 9 constituye una obra estratégica para mejorar la circulación y seguridad vial en un corredor que concentra un importante flujo vehicular entre la nueva terminal, Alto Comedero y Los Alisos.

La discusión legislativa tendrá entonces que despejar una cuestión que excede la necesidad de la obra: qué comprenderán exactamente los US$85 millones previstos para Ruta 9, cuánto dinero terminará tomando efectivamente la Provincia, bajo qué tasa y plazos, qué garantías quedarán comprometidas y cuál será el costo financiero total que deberá afrontar Jujuy.

Esas respuestas serán centrales para que los diputados definan su posición cuando el endeudamiento llegue al recinto.

Pablo Civetta confirmó que el proyecto se encuentra preadjudicado y que el Gobierno pretende iniciar los trabajos en octubre. Sin embargo, reconoció que todavía debe aprobarse la autorización legislativa para acceder al financiamiento. La obra tendrá un plazo de tres años y contempla casi seis kilómetros de doble vía, ocho nudos viales y colectoras.

El presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU), Pablo Alejandro Civetta, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy y brindó nuevos detalles sobre la denominada Travesía Urbana de la Ruta Nacional 9 y confirmó que la obra se encuentra en una etapa avanzada del proceso administrativo, aunque todavía resta resolver uno de sus aspectos centrales: el financiamiento.

Luego de reunirse con legisladores provinciales, el funcionario aseguró que el proyecto está preadjudicado y actualmente atraviesa instancias de control administrativo.

“El proyecto está avanzado, ya está preadjudicado, está en Fiscalía de Estado para la toma de razón y en estos días tendríamos firmado el contrato para inicio de obra”, explicó Civetta.

Según indicó, la intención oficial es comenzar los trabajos durante octubre y desarrollar la intervención durante un plazo estimado de tres años.

Sin embargo, durante la entrevista surgió uno de los puntos centrales del debate: la Provincia todavía necesita una autorización legislativa para acceder al crédito destinado a financiar la obra.

“Espero que puedan sacar la ley, así podemos tomar el crédito y completar la obra en los tres años”, expresó Civetta.

La situación plantea un interrogante relevante teniendo en cuenta que, según el funcionario, el contrato podría firmarse próximamente mientras el esquema de financiamiento todavía atraviesa el proceso legislativo.

La Ley provincial 6516, sancionada en agosto, no constituye la autorización para tomar ese crédito. La norma declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos necesarios para desarrollar la Travesía Urbana entre el acceso sur y la Ruta Provincial 8.

De US$83 millones a una oferta de US$78 millones

Civetta precisó además los números actualmente manejados por el Ejecutivo.

“El oficial era de 83 millones de dólares y la empresa se presentó tomando los valores en 78 millones”, señaló.

La cifra agrega un nuevo elemento al debate legislativo. Durante agosto se había hablado públicamente de una inversión cercana a los US$85 millones. Ahora, Civetta ubica el presupuesto oficial en US$83 millones y la propuesta empresarial en aproximadamente US$78 millones.

La licitación tuvo además un único oferente: la empresa jujeña JUMI SRL, según informó oficialmente el Gobierno provincial al momento de la apertura de ofertas.

La existencia de una sola propuesta no implica por sí misma una irregularidad, aunque vuelve especialmente relevante conocer públicamente el análisis técnico y económico utilizado para determinar que el precio ofertado resulta conveniente para la Provincia.

Civetta indicó que para octubre y noviembre están previstos aproximadamente $3.000 millones, de acuerdo con el plan presentado por la empresa.

Seis kilómetros, ocho nudos y colectoras

Respecto de las características técnicas, Civetta explicó que la intervención abarcará aproximadamente seis kilómetros y permitirá completar la doble vía desde el sector de la nueva terminal hasta la Ruta Provincial 8.

El proyecto contempla ocho rotondas o nudos viales, colectoras en ambos márgenes y aproximadamente cuatro kilómetros de calles internas destinadas a conectar los barrios.

La construcción se desarrollará sin cortar completamente el tránsito, circunstancia que, según explicó, aumenta la complejidad y contribuye al plazo de tres años previsto para terminar los trabajos.

Expropiaciones: todavía no notificaron a algunos propietarios

Consultado sobre propietarios que aseguran no haber recibido todavía una comunicación formal, Civetta señaló que el procedimiento se encuentra en una instancia previa.

“Están haciendo la mensura y división, eso se presenta, después va a una comisión evaluadora que le pone valor y recién se comunica a los propietarios”, explicó.

La Ley 6516 identifica los inmuebles y fracciones alcanzados por la declaración de utilidad pública y expropiación y establece obligaciones presupuestarias vinculadas al procedimiento.

Las preguntas que todavía quedan abiertas

Civetta consideró positiva la reunión con los diputados y aseguró que la información del organismo se encuentra disponible para los legisladores. “Siempre venir a explicar los proyectos es positivo. Todo el mundo tiene que conocer”, manifestó.

Sin embargo, una obra cercana a los US$78 millones, que requerirá endeudamiento y comprometerá recursos provinciales durante varios años, deja todavía preguntas financieras que exceden al organismo conducido por Civetta.

El propio funcionario evitó responder sobre la autorización nacional vinculada a las garantías del financiamiento y señaló que se trata de una cuestión correspondiente al Ministerio de Hacienda.

Por ello, además de las características técnicas de la multitrocha, el debate legislativo tendrá otro eje central: cuáles serán exactamente las condiciones del crédito, cuánto terminará pagando Jujuy, qué garantías comprometerá la Provincia y cómo se compatibilizará la firma del contrato con una autorización de endeudamiento que todavía debe pasar por la Legislatura.

La madre de Olivia Fernández aseguró que la causa se encuentra paralizada y volvió a pedir justicia por el incendio ocurrido en la sucursal de Comodín de Ciudad de Nieva. El abogado Carlos Sebastián Espada explicó que existe un recurso pendiente ante la Suprema Corte de Justicia desde noviembre de 2025 y afirmó que aportaron nueva documentación y pruebas para profundizar la investigación.

A casi dos años del trágico incendio ocurrido en el supermercado Comodín del barrio Ciudad de Nieva, en San Salvador de Jujuy, Agustina Coca volvió a reclamar celeridad en la investigación penal por la muerte de su madre, Blanca Coca Contreras, y de su pequeña hija Olivia Fernández.

El incendio se produjo el 28 de febrero de 2025 y dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El hecho ocurrió en la sucursal ubicada sobre avenida Carrillo y dio origen a una investigación penal para determinar las responsabilidades vinculadas tanto al origen del fuego como a las condiciones de seguridad del establecimiento.

En diálogo con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy, Coca manifestó su preocupación por la situación actual del expediente.

“La verdad que se encuentra paralizado todo. Lamentablemente nosotros tenemos que seguir insistiendo y pidiendo justicia por ellas, que ojalá un día la obtenga”, expresó.

Agustina perdió en el incendio a dos de las personas más importantes de su vida: su madre y su hija. A medida que se aproxima un nuevo aniversario de la tragedia, aseguró que el paso del tiempo no consiguió disminuir el impacto de aquellas pérdidas.

“Ya en febrero se van a cumplir dos años. Tal vez el tiempo pase y me digan que el dolor se va minimizando, pero para nosotros, para mí y para mi familia, es algo duro que lamentablemente nunca va a sanar. Tenemos que aprender a sobrevivir con el dolor que nos dejaron ellas”, relató.

Las cinco víctimas fatales fueron Blanca Isabel Coca Contreras, Olivia Fernández, Rafael Maldonado, María Silvia Liliana Cresppe y Enrique Benítez. La muerte de cinco personas como consecuencia del incendio fue confirmada oficialmente durante las primeras horas de la investigación.

“Me da mucha bronca e impotencia”

Agustina también describió la sensación que le genera que, desde su perspectiva, la investigación no registre los avances que esperaba.

“La verdad que me da mucha bronca e impotencia el ver que no haya justicia o que, por ser personas prácticamente humildes, estar luchando contra personas que tienen el poder, no podamos obtener la justicia que toda persona se merece”, afirmó.

La mujer sostuvo que su familia continúa reclamando el esclarecimiento judicial del caso y destacó el acompañamiento que recibió desde distintos sectores de la comunidad.

“Gracias a Dios hay gente que nos sigue apoyando y gracias al apoyo de ellos la causa no se pierde”, expresó.

Los pedidos públicos de justicia comenzaron inmediatamente después del incendio y continuaron durante el último año. En febrero de 2026, familiares y allegados volvieron a movilizarse al cumplirse el primer aniversario de la tragedia.

Espada: “Todavía seguimos recorriendo este camino de solicitar justicia”

El abogado Carlos Sebastián Espada, quien representa específicamente a Agustina y a Javier, padres de Olivia, explicó la situación procesal y aclaró que no ejerce la representación de la totalidad de las familias involucradas.

“La verdad que es muy dolorosa la situación. Creo que fue uno de los hechos más trágicos de la provincia en los últimos tiempos y, lamentablemente, todavía seguimos recorriendo este camino de solicitar justicia”, señaló.

Según informó Espada, actualmente existe una instancia pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy a raíz de un recurso presentado en noviembre de 2025 por el abogado que representa a otra parte de la familia.

“Hasta el día de hoy no tenemos la resolución del mismo”, indicó.

El letrado explicó que hace algunos meses mantuvieron una reunión con el fiscal Diego Funes, a quien entregaron nueva documentación y elementos de prueba con el objetivo de profundizar la investigación.

Sin embargo, según relató Espada, el fiscal les informó que no se abrirían nuevas líneas investigativas mientras continúe pendiente la resolución del recurso que se encuentra ante el máximo tribunal provincial.

“Lo que nosotros reclamamos es celeridad”

Ante la proximidad de los dos años del incendio y de un año desde la presentación del recurso mencionado, Espada consideró que esa demora explica la decisión de Agustina de volver a hacer público su reclamo.

“Creo que es el motivo por el cual la familia de alguna forma dice basta y dice: queremos presentarnos ante los medios a reclamar celeridad”, sostuvo.

El abogado remarcó que la pretensión de sus representados es que se resuelva la instancia pendiente para que la Fiscalía pueda continuar investigando los aspectos que, según la querella, todavía necesitan ser profundizados.

“Lo que nosotros reclamamos es celeridad. Que se resuelva esto para que nosotros podamos pedir a la Fiscalía que abra las líneas de investigación que creemos correspondientes y que parte de la información que ya se ha acompañado pueda ser incorporada, tratada y revisada”, manifestó.

Espada sostuvo que, a partir de esos elementos, se deberá determinar con mayor claridad la eventual existencia de responsabilidades penales.

Las personas investigadas

Durante la entrevista, Espada indicó que dentro de la causa existen personas vinculadas a distintos ámbitos, entre ellas responsables de la sucursal, trabajadores relacionados con las tareas durante las cuales se habría iniciado el fuego, personal municipal y un funcionario policial relacionado con habilitaciones contra incendios.

En los primeros días posteriores al hecho, el Ministerio Público de la Acusación informó públicamente sobre la imputación y prisión preventiva del gerente de la sucursal y de uno de los trabajadores que realizaba tareas de mantenimiento en el techo.

Espada también hizo referencia a documentación relacionada con las habilitaciones contra incendios, sobre la cual formuló cuestionamientos y sostuvo que existen aspectos que deben ser investigados.

Asimismo, señaló que uno de los puntos que se pretende profundizar está relacionado con la eventual responsabilidad del gerente general de la empresa, cuestión que —según explicó— también está atravesada por la instancia recursiva actualmente pendiente.

“Eventualmente, con una mayor claridad, se podrá resolver si hay responsabilidades penales, sobre todo por parte del gerente general”, señaló.

Una familia que continúa esperando respuestas

Para Agustina, la discusión procesal ocurre mientras su familia se aproxima a atravesar por segunda vez la fecha que modificó definitivamente sus vidas.

Su reclamo permanece centrado en conocer las responsabilidades por lo ocurrido y conseguir una resolución judicial.

Espada, por su parte, sostuvo que el pedido excede incluso a sus propios representados y recordó la magnitud de una tragedia que dejó cinco víctimas fatales.

“Creemos que esto debería resolverse con la máxima celeridad posible para que, de alguna manera, la familia y también las otras familias puedan encontrar un poco de paz”, concluyó.

El incendio del supermercado Comodín ocurrió el 28 de febrero de 2025, por lo que el segundo aniversario se cumplirá el 28 de febrero de 2027. La causa continúa bajo investigación del fiscal Diego Funes, mientras la representación de Agustina Coca y Javier aguarda que se resuelva la instancia pendiente para solicitar que se profundicen nuevas líneas investigativas.

El diputado provincial Kevin Ballesty se refirió a las encuestas que comenzaron a incluir su nombre entre los dirigentes de La Libertad Avanza con proyección electoral en Jujuy. Dijo estar conforme con su actual tarea legislativa y aseguró que no busca personalmente una candidatura, aunque dejó abierta la posibilidad si existe una decisión partidaria y cuenta con el respaldo del espacio.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, habló con el periodista Juan Quispe del diario Urgente Jujuy sobre las encuestas y sondeos que comenzaron a circular en redes sociales y que incluyen su nombre entre los referentes libertarios de la provincia, incluso en mediciones vinculadas con una eventual candidatura a la Intendencia de San Salvador de Jujuy.

Ballesty recibió positivamente la aparición de dirigentes del bloque en este tipo de mediciones y consideró que el nivel de conocimiento alcanzado responde, en parte, al trabajo que vienen desarrollando desde su ingreso a la Legislatura.

“Estoy muy conforme y satisfecho porque eso significa que desde el bloque de La Libertad Avanza se vienen haciendo las cosas lo suficientemente bien como para tener cierta trascendencia a nivel de medios y de redes sobre la gestión legislativa”, expresó.

El legislador remarcó además que LLA constituye una fuerza relativamente nueva dentro de la Legislatura provincial y vinculó ese crecimiento con la actividad desarrollada por sus diputados.

“Es muy positivo que la sociedad nos tenga en cuenta”

Ballesty sostuvo que su tarea estuvo orientada a cumplir los compromisos asumidos durante la campaña electoral, particularmente en lo relacionado con el rol opositor de su bloque.

“Es muy positivo que la sociedad nos tenga en cuenta”, señaló, y agregó que el trabajo legislativo tuvo como una de sus principales pautas “ejercer el rol de una oposición real dentro de la Legislatura”.

Entre los temas sobre los que destacó la actividad del espacio mencionó los pedidos de información y cuestionamientos relacionados con la deuda pública provincial y las empresas del Estado, además de otros asuntos que LLA había planteado durante la campaña.

Para Ballesty, la aparición de su nombre en diferentes sondeos puede interpretarse como una consecuencia de esa exposición legislativa.

¿Candidato en 2027?

Consultado específicamente sobre si ese posicionamiento podría prepararlo para una candidatura en las elecciones de 2027, Ballesty evitó anticipar una definición personal.

Consideró natural que comiencen las especulaciones sobre posibles postulaciones, particularmente dentro de un espacio político que se encuentra en una etapa de crecimiento en la provincia.

“Es entendible que se especule con alguna candidatura o con algo nuevo, distinto, de cara a las elecciones del año que viene”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que actualmente se encuentra concentrado en su función como diputado provincial.

“Yo estoy conforme con el rol que tengo acá dentro de la Legislatura y dentro del bloque de La Libertad Avanza. Me siento muy satisfecho con lo que se viene haciendo”, afirmó.

Dejó la decisión en manos de LLA

Pese a descartar que actualmente esté trabajando personalmente en una candidatura, Ballesty no cerró la puerta a competir por otro cargo en 2027 si existiera una decisión política de La Libertad Avanza.

“Si el partido La Libertad Avanza Jujuy y los referentes nacionales necesitan que trabaje para alguna candidatura el año que viene, en tanto y en cuanto tenga el apoyo de todos y esa sea la decisión del partido, en buena hora”, expresó.

No obstante, inmediatamente aclaró: “Desde lo personal no es algo que hoy esté dentro de mis intenciones”.

Ballesty insistió en que continuará enfocado en su actividad parlamentaria y señaló que cualquier definición electoral dependerá tanto del escenario político como de las decisiones que adopte su espacio.

“Por lo pronto yo sigo firme en lo que vengo haciendo, que es ser diputado provincial, y cualquier especulación va a depender mucho también del contexto político y de lo que se diga dentro del espacio al que pertenezco”, sostuvo.

Las versiones sobre la Intendencia de San Salvador

Durante la entrevista, Urgente Jujuy también le consultó por una encuesta que incluyó su nombre en un escenario de intención de voto para la Intendencia de San Salvador de Jujuy.

Ballesty relativizó esa posibilidad y consideró que su inclusión responde, por ahora, más a una especulación que a una decisión partidaria.

“Me parece que es más una especulación”, respondió.

El diputado señaló además que interpreta ese tipo de mediciones como un intento de incorporar a un dirigente de La Libertad Avanza dentro de distintos escenarios electorales, pero consideró prematuro asociarlo con una candidatura concreta.

“Me parece que está bastante lejos de lo que puede ser la realidad de lo que vaya a decir La Libertad Avanza de cara a las elecciones del año que viene”, afirmó.

Así, mientras su nombre comienza a aparecer en encuestas y sondeos vinculados con el próximo escenario electoral, Ballesty aseguró que hoy no impulsa una candidatura propia y dejó cualquier eventual postulación supeditada a una decisión de La Libertad Avanza y al contexto político de 2027.